Keren Fue por Pensión para su Hija y Acabó Presa por Secuestro

Pese a que las autoridades acreditaron que fue torturada antes de declarar la condenaron a 50 años de prisión

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Andrea Vega | N+

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Keren, condenada a 50 años de prisión por un secuestro que no cometió

Keren lleva siete años en la cárcel, pese a que su proceso fue irregular. Foto: Centro Prodh

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Keren Selsy Ordoñez estaba con su bebé de un mes afuera de la casa de su expareja esperando recibir dinero para la manutención de la niña, cuando llegaron policías al domicilio. A la joven de 19 años la detuvieron, la torturaron y amenazaron con desaparecer a su pequeña para que se autoincriminara en la participación de un secuestro. La condenaron a 50 años de prisión

Era 11 de diciembre de 2015 cuando Keren fue detenida en Xalapa, Veracruz. Tenía apenas 19 años. Melissa Zamora, co coordinadora del área de Defensa del Centro Prodh —organización que lleva el caso—, relata que Keren había pasado apenas por una cesárea después de un embarazo que se complicó por preclamsia. Fernando, el papá de la menor, con quien ella no vivía, no le había dado dinero para los gastos de la bebé. 

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Ciria Hernández, mamá de Keren, señaló en entrevista con N+, que su hija tuvo a la niña en los primeros días de noviembre y desde entonces estuvo en casa, recuperándose del embarazo de alto riesgo y la cesárea

“Solo salió —asegura— porque el papá de mi nieta la llamó por teléfono, le dijo que se iba a ir lejos y que le iba a dar dinero, que fuera para su casa. Yo le dije “¿Pero cómo vas a ir en tu estado?” Y me dijo “Es aquí cerquita, está aquí a la vuelta”. 

Keren —que lleva ya siete años en prisión— iba llegando a la casa de su expareja cuando inició el operativo de la Policía Federal y la ministerial de Tlaxcala. Ella no lo sabía pero adentro había una mujer secuestrada, de acuerdo a lo documentado por el Centro Prodh. La expareja de Keren realizaba labores de cuidado en ese secuestro

Sin una orden de aprehensión de por medio, los policías detuvieron a Keren con su bebé, a su expareja y a otra persona. “Es una detención arbitraria, en la que no le informaron nunca el delito por el que la detienen y en la que no se consideró la vulnerabilidad en la que ella estaba por su estado de salud. Esas son las primeras violaciones a sus derechos humanos”, dice Zamora, la abogada del Centro Prodh. 

La organización ha documentado que desde el momento en que suben a Keren a la patrulla inicia la tortura.

“Empieza a ser golpeada brutalmente y asfixiada —narra Zamora— además la amenazan con hacerle daño a la bebé. Como ella le comenta a los policías que todavía no estaba registrada, eso lo utilizan para amenazarla con desaparecer a su hija”. 

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Así, torturada y amenazada es que la obligan a firmar una declaración en donde reconoce haber sido partícipe del secuestro

La tortura como modus operandi

El caso de Keren es representativo de lo que sucede en el sistema de justicia mexicano. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, del Inegi, 64.4% de las mujeres recluidas en centros penitenciarios que fueron encuestadas refirieron haber sufrido algún acto de violencia en el momento de su detención y durante su traslado al Ministerio Público. 

Más del 70% recibió algún tipo de amenaza a su persona o a familiares, en el 47.8% las amenazaron con levantarles cargos falsos, en el 8% sí se realizó algún daño a sus familiares, el 22.1% fue desvestida y el 27.5% fue presionada para denunciar a un tercero.

En el caso de Keren hay muchos elementos en el expediente que acreditan la tortura, dice Zamora. Y no solamente es el testimonio de ella: cuando ella relata que la torturaron, la propia Fiscalía ordena una investigación. Existen dictámenes médicos y psicológicos que acreditan que sí tiene secuelas de estos actos. 

Keren, dice la abogada del Centro Prodh, es una sobreviviente de tortura por razones de género, por el tema de que usaron a su hija como una forma de coerción para obligarla a autoincriminarse en un delito que no cometió. 

A la joven la presentan siete horas después de su detención ante el Ministerio Público de Tlaxcala, entidad donde se cometió el secuestro. Todo ese tiempo Keren estuvo incomunicada, no le permitieron hablar con algún familiar o abogado. Esta es una violación más a sus derechos

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Además, ella y su familia no supieron de la bebé durante 12 días. A la menor de un mes de nacida se la llevaron al DIF del estado de Tlaxcala; a Keren a una cárcel en ese estado. Pero las autoridades no le avisaron a nadie del trasladó de la bebé.

“Yo no sabía dónde estaba mi nieta, la tuve que andar buscando. Fui al DIF de Xalapa y ahí fue donde me ayudaron a localizar a la niña. Se la llevaron desde el 11 de diciembre al DIF de Tlaxcala y yo la encontré hasta el 24 de diciembre”, dice Ciria Hernández, la abuela.  

Él libre, ella condenada a 50 años de prisión

A Keren la procesaron al igual que a su expareja y a una tercera persona que detuvieron junto con ellos. “Los otros dos, dice Zamora, sí estaban participando en labores de cuidado en el secuestro, pero como la expareja de Keren era menor de edad —tenía 17 años cuando lo detienen—, lo benefician con el proceso para adolescentes y aunque sí es condenado por el delito, le dan solo cuatro años de condena, misma que ya cumplió y ya salió libre, mientras que a Keren, que no participó en el secuestro, le imponen una condena de 50 años de prisión”. 

Esto, señala la abogada, es también representativo de cómo el sistema de justicia no utiliza perspectiva de género y “en vez de cuestionarse por qué una mujer de 19 años, con una bebé, con un estado de salud delicado, estaba en el lugar de la detención, más bien le adjudica roles de cuidado en el delito”. 

“A mi hija le dieron 50 años de sentencia sin que la debiera ni la temiera, sin haber cometido ningún ilícito, obligada a declararse culpable, y el otro, la expareja, ya está libre”, dice Ciria Hernández. 

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Por ser inocente y por todas las violaciones a derechos humanos en su detención y proceso, Keren presentó un amparo contra la sentencia condenatoria. El 27 de septiembre de 2021, un Tribunal Colegiado se lo concedió al considerar que se habían violentado derechos procesales, por lo que ordenó reponer el procedimiento.  

Es decir, que el amparo ni siquiera se le concede a Keren por todas las violaciones a derechos humanos que tuvo ni por la acreditación en el expediente de la tortura, si no por cuestiones procesales: el juzgado dice que advierte inconsistencias entre las declaraciones y que no hubo careos; por eso se ordena la reposición del procedimiento hasta la etapa de instrucción, que es la de pruebas. 

“El proceso está abierto nuevamente, el Centro Prodh tomó el caso en octubre pasado y lo que hemos hecho es incorporar más elementos que le permitan a la jueza ver esa especial situación de vulnerabilidad en la que estaba Keren en el momento de su detención y realmente cuestionarse si es verosímil o consistente la teoría que tiene Fiscalía contra ella, porque la mayoría de las pruebas fueron obtenidas por tortura”, señala la abogada. 

Ciria dice que espera que todo se resuelva en favor de su hija, que es, repite, inocente, y quien ha vivido un infierno desde que la detuvieron. “Ella ha necesitado estar con psicólogo. Está enferma de tantos nervios, tiene colitis nerviosa, le salen ronchas. Y nosotros no podemos ir a visitarla porque estamos en Xalapa y no tenemos dinero para los pasajes”. 

La madre de Keren dice que solo pueden verla por videollamada cada 30 días. “Cada mes es que ella puede ver a su niña, pero solo durante 10 minutos, solo ese tiempo le dan”. 

Ciria cuenta que ella y su esposo se han hecho cargo de la menor, que ahora ya tiene siete años. “Yo trabajaba limpiando casas y mi esposo en el campo, pero yo tuve que dejar de trabajar para cuidar a la niña y mi esposo ya no puede por la edad, él tiene 77 y yo 61, así que vivimos de la pensión que recibe del gobierno (la de adultos mayores), pero estamos en una situación muy difícil”.

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