Vivir con Epilepsia en Prisión, Salud de Activista se Agrava tras un Año Encarcelada
Xóchitl Ramírez, defensora de derechos humanos, lleva más de un año en la cárcel, por un delito que su defensa asegura no cometió. Su padecimiento se ha agudizado
Andrea Vega | N+
Xóchitl Ramírez está en prisión desde hace poco más de un año. Foto: Red Defensoras DH México e IMDHE
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Su última crisis convulsiva se presentó cuando la sacaron del penal para llevarla a una consulta con un psiquiatra. El calor del mediodía en Cuernavaca, Morelos, era de más de 30 grados y se sentía más intenso dentro de la pequeña camioneta donde la transportaban, que como única ventilación tenía orificios de no más de un centímetro de diámetro.
La activista Xóchitl Ramírez Velasco iba con otra compañera del penal, quien también tenía consulta. Al llegar al hospital, el psiquiatra no estaba. Les dijeron que tenían que esperar. Ellas pidieron bajar o al menos que les abrieran la puerta de la unidad, pero los custodios se negaron.
Pasaron entre 30 y 45 minutos, bajo el sofocante calor del verano de principios de julio de 2024. Para su mayor frustración, les avisaron que el médico no llegaría. Tuvieron que regresar al penal.
Al llegar, Xóchitl solo alcanzó a dar dos pasos fuera del vehículo y se desplomó. Empezó a convulsionar. Los ataques no paraban y el personal del penal no sabía qué hacer. Tras unos minutos, la activista logró sobreponerse, les pidió que le dieran diazepam, solo así se detuvo la crisis, una más de las 52 que ha tenido desde que está recluida.
Esos ataques no le habían ocurrido en cuatro años. Sin embargo, en los últimos meses se han repetido cada dos o tres semanas. La última crisis la tuvo el pasado primero de julio, cuando convulsionó en siete ocasiones en menos de dos horas.
Bajo custodia del Estado
La desmejoría de Xóchitl Ramírez, activista oaxaqueña y defensora de derechos humanos de niñas, niños y mujeres, se ha producido mientras está, bajo tutela del Estado, en prisión, en el Centro Penitenciario de Atlacholoaya.
Está acusada de participar en el secuestro de una dentista, pero su abogada, Ximena Ugarte, y su hermano, Davíd Ramírez, acusan que la tienen detenida sin pruebas que realmente la vinculen con el hecho delictivo.
“Mi hermana ya estaba bien, desde el primero de mayo de 2019 no le habían dado convulsiones. Estaba muy estable. Iba al neurólogo cada tres meses y tomaba sus medicamentos al pie de la letra. Pero entonces la metieron a prisión por un delito que no cometió”, dice David Ramírez, hermano de Xóchitl.
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El joven denuncia que en el penal, la activista no tiene una atención médica adecuada y no puede tomar sus medicamentos como lo requiere. “Para empezar no hay un neurólogo que la vea, solo hay un médico general, que va dos veces por semana, además, según las políticas del lugar solo le pueden dar su medicación dos veces al día, y no tres, como ella debe tomarlas. Su neuróloga, a quien dejaron valorarla solo una vez, en julio de 2023, tuvo que ajustarle la dosis, pero esto le está perjudicando”.
David Ramírez dice que como su hermana debe tomar una dosis más alta para aguantar más horas sin medicamento, está siempre adormilada, y ya tiene dificultades para recordar palabras y hasta para seguir una conversación.
Ximena Ugarte, abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), organización que lleva la defensa de la activista, señala que las crisis convulsivas de Xóchitl no solo son más frecuentes sino que son cada vez más fuertes. “En la última crisis le dieron siete convulsiones seguidas y esto pone en riesgo su integridad, puede comprometer funciones cerebrales como el habla, la memoria y hasta su vida”.
Fabricación de culpables
Xóchitl Ramírez Velasco caminaba por las calles de Cuernavaca, Morelos, de la mano de la hija de una compañera de trabajo, a quien había ido a recoger a la escuela, cuando una mujer y tres hombres, vestidos de civil, la detuvieron, era el 3 de mayo de 2023, desde entonces ha estado en la cárcel.
A la activista de 44 años la acusan de haber participado en el secuestro de una mujer, entre el 9 y el 12 de marzo de 2019. Supuestamente Xóchitl entró a un inmueble junto con un hombre y privó de la libertad a la víctima, después fue ella la encargada de atenderla y vigilarla, día y noche, hasta que la policía de investigación de la Fiscalía de Morelos ubicó la casa de seguridad donde se encontraban, hizo el rescate y detuvo en flagrancia a tres hombres.
Ugarte explica que la Fiscalía de Morelos construyó el caso contra Xóchitl basados en dos supuestas pruebas, la primera un recibo de luz a nombre de ella que encontraron en el automóvil que se usó para trasladar a la víctima a la casa de seguridad y dos un reconocimiento por una fotografía, tomada en 2009, diez años antes de la comisión del delito.
El recibo de luz a nombre de la activista pudo estar en el automóvil donde se cometió el secuestro porque ella fue pareja sentimental de uno de los implicados en el hecho, pero muchos años atrás, entre 2000 y 2005. En el momento del secuestro, Xóchitl ya no tenía nada que ver con él, incluso el hombre la acosaba para que regresaran, pero ella se negaba.
Salto cuántico
La segunda prueba, el reconocimiento por fotografía es producto, dice Ximena Ugarte, “de un virtual salto cuántico”. La víctima del secuestro declaró que la mujer que la privó de la libertad y la estuvo cuidando era robusta, morena y cachetona.
A un policía de investigación se le ocurrió revisar la lista de las personas que visitaron en prisión, en 2009, a la expareja sentimental de Xóchitl, quien había estado detenido. La activista apareció entre las visitas y así obtuvo la policía su retrato.
Sin seguir los protocolos para el reconocimiento de una persona por este medio, asegura Ximena Ugarte, como presentar varias rondas de cinco fotografías para que la persona señale con seguridad al presunto implicado y grabar la sesión, la víctima supuestamente identificó a Xóchitl. Con eso bastó para que la detuvieran y le dictaran prisión preventiva oficiosa.
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Sobre si el activismo de Xóchitl es la razón por la que está en prisión, su hermano, David Ramírez, y la abogada dicen que no tienen pruebas para asegurarlo, pero tampoco lo descartan. “Mi hermana ya ha sufrido las consecuencias de su labor, en 2018 la amenazaron de muerte por promover la defensa de la posesión de sus tierras entre mujeres del poblado de Guerrero donde ella apoya, así que no podemos descartar que esto sea una represalia o venganza”.
Sin embargo, ambos se inclinan también en el hecho de que Xóchitl sea una víctima del sistema de impartición de justicia.
“El secuestro es un tema muy sensible para la población en Morelos y las autoridades quieren presentar resultados, casos resueltos, detenidos, aunque sean inocentes, no dudo que mi hermana sea una víctima de eso, solo por ser expareja de uno de los implicados en el hecho, incluso hay otras mujeres en la misma prisión, que son también exparejas de personas que han cometido delitos, y solo por eso las señalan”, expone David.
La defensa ha presentado pruebas en las que se demuestra que la acusada estuvo en lugares distintos y con personas diversas los días en los que la víctima estuvo privada de su libertad.
En dos lugares al mismo tiempo
Xóchitl es originaria de los Valles Centrales de Oaxaca, de un poblado llamado Miahuatlán, de donde emigró a los 16 años cuando se casó con un vendedor ambulante de Guerrero, y se fue a vivir a una pequeña comunidad de esa entidad.
Ahí, la activista conoció a integrantes de la organización Atzin, Desarrollo Comunitario. Xóchitl vivía violencia familiar, su esposo la agredía psicológica y físicamente. Incluso por los golpes que recibía perdió a un bebé y su único hijo nació con sordera total.
Atzin, que hace trabajo de promoción de derechos humanos, la ayudó a escapar de la violencia. La trasladaron a otro poblado en Guerrero y le dieron una beca para que estudiara la preparatoria, al terminar esos estudios, le ofrecieron un trabajo fijo en las oficinas de la organización en Cuernavaca, Morelos, donde Xóchitl vive desde hace más de 20 años.
De lunes a viernes, cuenta David Ramírez, quien también se mudó de Oaxaca a Cuernavaca, la activista trabajaba en las oficinas de la organización y todos los sábados viajaba a la comunidad de Guerrero de donde pudo escapar de la violencia para ayudar a otras mujeres y hacer promoción de la educación y la salud.
“Todos los sábados iba a pagarle a las promotoras comunitarias, a dar talleres, a ver qué necesitaban las mujeres y los niños de la comunidad”, dice David.
El 9 de mayo de 2019, cuando se cometió el secuestro, era justo sábado. El hecho sucedió alrededor de las 9 de la mañana. “Xóchitl salió de Cuernavaca entre las 7:30 y las 8 de la mañana, tenemos el ticket de que cruzó la caseta de Alpuyeca y a las 11 de la mañana ya estaba en Guerrero. Hay nueve personas dispuestas a declarar que estuvo con ellas ese día”, dice el hermano de la activista.
Una reunión y trabajo
Xóchitl acudía a un grupo de ayuda, por toda la violencia que vivió en su matrimonio y por otras situaciones que le dejaron huella, así como por todo lo que experimentaba junto a las mujeres y niños que ayudaba. El domingo 10 de mayo de 2019, David dice ella estuvo con su hijo, Kevin, hoy de 21 años, y por la tarde acudió a recibir a compañeros de ese grupo de ayuda, que volvían de un retiro, con quienes estuvo hasta entrada la noche.
El lunes 11 y el martes 12, Xóchitl estuvo trabajando, en las oficinas de Atzin, en Cuernavaca. En total hay 11 testigos dispuestos a corroborar, si las autoridades les permiten testificar, que la mujer estuvo con ellos en los días en los que se cometió el secuestro.
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“Ya metimos una apelación porque no nos dejaron que testificaran todos los testigos y estamos en espera de que se resuelva”, dice Ximena Ugarte. También explica que metieron un amparo contra la prisión preventiva oficiosa que se le dictó a la activista, alegando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recientemente ordenó, en el caso García Rodríguez y otro contra México, adecuar esta medida cautelar a los estándares internacionales, que la restringen.
Entre los alegatos para esto, la defensa argumenta, además de que Xóchitl no pretende escapar ni poner en riesgo a la víctima, que la salud de la activista se ha agravado en prisión y que se han vulnerado los derechos de su hijo con sordera total, de quien la mujer es el principal soporte.
Nada de esto le importó al juez. Como la defensa promovió un amparo contra la prisión preventiva oficiosa que le dictaron a Xóchitl y un juez se los otorgó, pidiendo que se revisara esta medida y si se dictaba una prisión preventiva justificada, se hiciera con el debate correspondiente, se llevó a cabo una audiencia, el 19 de junio pasado, para la revisión.
“El ministerio público alegó que Xóchitl se podía fugar, porque todas las personas buscamos la libertad, que además, como hay un implicado en el secuestro que sigue prófugo, podía reunirse con él y ayudarlo a escapar, y podrían también poner en riesgo a la víctima. Todo fueron elucubraciones y teorías conspirativas sin ningún elemento probatorio”, dice Ugarte.
Pese a eso, el juez cambió la medida cautelar por la de prisión preventiva justificada y dejó a Xóchitl en prisión.
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