Cuando trabajaba en la extinta Policía Federal (PF), Sonia Vargas Terrero —quien fue contratada este año en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF)—, firmó contratos por 71 millones 600 mil dólares con empresas ligadas al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, reveló Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Durante la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario señaló que se trata de contratos con un mismo conglomerado de empresas, ligado a la “trama corrupta de García Luna”.
El titular de la UIF —de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)—, exhibió a todas las personas que firmaron contratos millonarios con dichas empresas, entre las cuales mencionó a Facundo Rosas, excomisionado general de la PF, y Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Federal de esa dependencia.
Gómez detalló que Vargas Terrero firmó contratos por 71.6 millones de dólares cuando fungía como directora general de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la Policía Federal, durante el sexenio de Felipe Calderón.
Agregó que todas las personas implicadas están dentro de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), es decir, están sujetas a investigación.
No se trata en este caso de cualquier ilícito o cualquier conducta no lícita, sino que estos actos están vinculados a una gran trama de corrupción […] Todas estas personas están por competo involucradas porque fueron las que personalmente autorizaron los contratos y las erogaciones.
También refirió que se espera que esta “trama” se abra en un juzgado mexicano y el caso sea debidamente procesado.
Sobre este tema, Pablo Gómez indicó que los contratos de la PF fueron con un mismo conglomerado de empresas dirigidas en Estados Unidos, por lo cual se acudió a tribunales de Florida, para que se restituya el recurso a México.
Expuso que el juicio fue admitido, pero ahora está en pausa porque la defensa de los demandados presentó una apelación, sosteniendo que el tribunal no tiene competencia; sin embargo, reiteró que “son actividades ilícitas en el extranjero, pero lavadas en Florida”.
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Con información de N+
spb
