Sobrevivir a un Feminicidio: Mujeres en Busca de Justicia Enfrentan Vacíos Legales
Falta de perspectiva de género y vacíos legales hacen que las mujeres que sufren un ataque contra su vida se queden sin justicia, sin protección por parte del Estado y sin reparación integral del daño
Andrea Vega | N+
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“¿Sigues viva? Ah, sí, sigues viva”, recuerda Rosario que le dijo su agresor y ahora expareja Jorge "N" cuando despertó y fue a patearla para ver si aún respiraba. Como sí estaba viva, la volvió a golpear. Era la segunda vez en aquella madrugada que hacía eso. Rosario llevaba seis horas esposada de las manos, amarrada de los pies, aguantando diversas torturas, que incluyeron golpes con un tubo y toques eléctricos.
Pese a todo eso y a que Jorge "N" le aseguró que iba a matarla y que a él lo dejaría solo muerta, las autoridades de Yucatán, donde viven víctima y agresor, no quisieron clasificar su caso como tentativa de feminicidio, quedó clasificado como lesiones y violencia familiar. El agresor no ha pisado la cárcel.
Esto es lo que pasa en la mayoría de los casos que son tentativa de feminicidio, las autoridades no los clasifican como tal, sino como delitos menores y las sobrevivientes no encuentran ni justicia, ni protección, ni reparación integral del daño, dice Carolina Ramírez, fundadora de la Colectiva Sobrevivientes de Feminicidio.
Las víctimas también están invisibilizadas en la estadística oficial, en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se registran las denuncias de los delitos, no existe un rubro para tentativa de feminicidio. Pero Carolina Ramírez señala que si en México se cometen 11 o 12 asesinatos de mujeres al día, las tentativas deben ser el doble, casi 24 al día.
En el Código Penal Federal tampoco se considera como tal la tentativa de feminicidio, solo se considera la tentativa para todos los delitos y para acreditarlo se hace como en el caso del feminicidio, que se considera así si existen razones de género, es decir si hubo lesiones infamantes, violencia previa, si existió una relación sentimental entre la víctima y el agresor, si existieron amenazas directas relacionadas al delito o si la víctima fue incomunicada, entre otras.
Verónica Garzón, abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), explica que no es necesario que se cumplan con todos esos condicionantes, con que haya una basta para acreditar las razones de género. Y para acreditar la tentativa basta con que haya un factor externo que haga que el agresor se detenga. Pero justo falta mucha perspectiva de género para poder tipificar los delitos.
En el caso de Rosario, quien pide que solo se ponga su nombre para no generar reacciones en su trabajo, hubo varios de esos condicionantes. El ataque del 27 de marzo de 2020, en el que ella fue torturada y en el que su agresor amenazó con que la iba a matar, se dio después de dos años de relación. Mientras fueron novios, Jorge "N" no ejerció violencia física, pero era muy celoso y controlador. La violencia física empezó cuando se fueron a vivir juntos, en apenas un mes la agredió tres veces.
Para Jorge yo lo engañaba hasta con el aire y con el sol. Tenía unos celos enfermizos. La primera vez que me pegó fue porque estábamos en casa y me llamó una amiga. Él creyó que me había marcado para darme información de mi supuesto amante, entonces me dio dos bofetadas. Una semana después me aventó contra la cabecera de la cama, también por celos.
Seis horas de torturas
Un mes después vino la tentativa de feminicidio. “Yo había salido a correr, él no quiso acompañarme y me fui sola, cuando regresé estaba enfurecido, hasta la mirada le había cambiado. Me abrió la puerta y se me fue a los golpes. Eran alrededor de las 8 de la noche”.
Rosario cuenta que primero la golpeó con el puño cerrado, después vinieron patadas y cinturonazos.
Me golpeó en todo el cuerpo, me esposó de las manos y me puso cinta canela en los pies, así me dejó tirada en el suelo, mientras me pegaba con un tubo, me dio hasta toques eléctricos, mientras me decía que me iba a matar. Me torturó hasta que se cansó y se fue a dormir, después se levantó para ver si seguía viva y como sí, me volvió a golpear y se volvió a dormir.
La segunda vez que Jorge "N" se levantó para ver si seguía viva y volvió a golpearla, Rosario sacó fuerzas para hablar y decirle que la perdonara, no sabía bien por qué, pero le pidió perdón, le dijo que no lo dejaría, que no lo iba a denunciar, que diría que se cayó o que la atropellaron, pero que, por favor, no la matara y la llevara a un hospital.
Así estuvo suplicándole y ofreciéndole que todo estaría bien hasta que Jorge le quitó las esposas de las manos y la cinta canela de los pies y le dijo que se levantara como pudiera y que se fuera sola al hospital, porque él no iba a llevarla.
Rosario se puso de pie como pudo y estaba tratando de salir de la casa para ir al hospital, cuando Jorge le dijo que mejor él la llevaría para vigilarla, porque no lo iba a dejar, le repitió que solo muerta lo dejaría.
Pero cuando Rosario llegó a la institución, no dejaron pasar a Jorge a urgencias y ella aprovechó para contarle todo al doctor, quien le prestó su teléfono para que le llamara a su mamá. También llamaron a la policía, pero cuando llegaron, el agresor ya se había ido.
Verónica Garzón, abogada del IMDHD señala que para acreditar la tentativa de feminicidio sí se debe considerar como factor externo para detener el ataque, el que la mujer le haya dicho que todo iba a estar bien entre los dos.
La odisea legal
Cuando Rosario salió el hospital fue con su mamá a recoger sus cosas a la casa donde vivía con Jorge, él la amenazó al salir, le dijo que no por el hecho de que fuera significaba que ya no era suya, que la iba a estar vigilando y a la primera oportunidad la iba a matar.
La mujer, de ahora 38 años, fue a casa de su mamá a dejar la ropa que había recogido y se fue a poner la denuncia. Ahí empezó el calvario legal. “Desde el MP hasta el médico legista, todos te revictimizan, a mí me decían, pues '¿qué le hiciste?'”.
Tanto la abogada, Asunción Rodríguez, como la fiscal adscrita al centro de atención a víctimas del estado, María José Samos, le dijeron que su denuncia tenía que ser por lesiones y violencia familiar, porque por tentativa de feminicidio no iba a proceder, que la juez no lo iba a aceptar así y el caso se iba a caer.
No importó que hubo tortura, amenazas, violencia previa, no importó que éramos pareja, no importó nada de eso, que son causales de feminicidio, para que lo clasificaran como tentativa, tampoco importó que después de mí otras dos mujeres lo denunciaron por agresiones y estas se anexaron a mi carpeta, nada importó.
Pese a la insistencia de Rosario, el caso no se tipificó como tentativa de feminicidio. La juez Elsy del Carmen Villanueva tampoco lo reclasificó como tal. Hace cuatro meses se le concedió al agresor la suspensión condicional del proceso: una salida alterna que propone el ministerio público o el imputado al Juez de Control para solucionar el conflicto; para que una vez que se cumpla con un plan de reparación del daño y una serie de condiciones que establece la propia ley, se extinga la acción penal.
Las condiciones en el caso de Jorge incluyen una reparación del daño monetaria, que el agresor porte un brazalete, no salga de la entidad, acuda a firmar cada mes, no acercarse a la sobreviviente y acudir a terapia, entre otras.
Todas esas medidas acabarán en marzo próximo y el proceso penal quedará concluido. Rosario tiene temor de lo que pase entonces. Por ahora Jorge no se le ha acercado, pero ella igual vive con miedo. No sale de casa más que para ir al trabajo, en el área de administración de una constructora, y para acudir a sus terapias psicológicas.
Me da miedo que pese a que no se puede acercar y trae el brazalete, intente hacerme algo. Al final es un feminicida en potencia que está libre. Tengo mucho miedo. No duermo, no tengo paz. Estoy en casa y escucho un ruido y me altero. Salgo y siento que me está siguiendo.
En marzo cuando el proceso termine, Rosario piensa irse a otro estado, porque Jorge ya no traerá brazalete y ya no habrá medidas de restricción. “Tengo que irme y esconderme, porque sé que a la primera que pueda me va a buscar y va a terminar lo que empezó y si no es él va a mandar a alguien a que me mate”.
Todo esto pasó pese a que Yucatán es uno de los seis estados que sí consideran en su código penal como tal la tentativa de feminicidio, los otros son: Morelos, Campeche, Durango, Nuevo León y Puebla.
N+ solicitó una entrevista con la Fiscalía y con el Poder Judicial de Yucatán para hablar de este caso y de las razones para acreditar tentativa de feminicidio, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Garzón señala que justamente uno de los principales obstáculos para que las sobrevivientes de tentativa de feminicidio accedan a la justicia, la protección y la reparación del daño es la clasificación del delito.
“Es toda una odisea, no lo clasifican así que porque no van suficientemente golpeadas, que no llevan marcas en el cuerpo, que si la violencia, a criterio del Ministerio Público, no fue lo suficientemente intensa, que si son lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, cuando lo importante es acreditar las razones de género y la intención de privar de la vida, porque parece que la mujer tiene que estar en el hospital acuchillada, perdiendo un montón de sangre para que entonces sí se piense como tentativa”, señala la abogada.
33 años de preparar el ataque
Hay casos en donde aunque la mujer esté al borde de la muerte clasifica como tentativa de feminicidio. Esto le ocurrió a Carolina Ramírez, de ahora 61 años y activista por los derechos humanos. A ella su pareja intentó matarla en el 2014, después de 33 años de estar separados.
“Él era celoso y dominante, no me dejaba estudiar, no quería que saliera, entonces decidí separarme y ya no nos veíamos, pero mi hija, de la que él es papá, estaba enferma, se ofreció a ayudarme y yo le dije que sí, porque estaba en la quiebra, ahí fue cuando empezó a ganar confianza”.
Carolina tuvo por esos días un Evento Cerebral Vascular (EVC), una enfermedad ocasionada por un problema circulatorio en el cerebro. Tuvieron que hospitalizarla en la Ciudad de México, a donde ella se encontraba por trabajo, aunque en realidad vive en Xalapa, Veracruz.
Fue su expareja, David, quien fue a recogerla al hospital y aprovechó para llevarla a lo que Carolina describe como un búnker, un edificio como una fábrica o un taller, que en el piso de hasta arriba tenía un pequeño departamento. Ahí su agresor encerró a Carolina.
Me tuvo ahí retenida como tres días, haciéndome todo tipo de torturas, me amarró y todo el tiempo era golpearme, amenazarme, cortarme con un cúter, me acuchilló dos veces en la cabeza, me dio martillazos, me echaba agua caliente. Yo estaba mal de la cadera desde niña y él lo sabía, entonces me levantó y me azotó.
Carolina aprovechó una ocasión en la que David estaba dormido para escapar. Logró zafarse de sus ataduras, agarró las llaves de la puerta del lugar, el celular de él y salió del departamento. Marcó al primero número de teléfono que encontró, era una persona que conocía el lugar donde estaba y que la guío para encontrar la salida.
Fue en ese momento que llegó el hijo del agresor. El joven subió a ver qué sucedía, despertó a su padre y este enfurecido se le fue encima, alcanzó a la mujer y la volvió a acuchillar en el brazo. El hijo llegó para detener el ataque y Carolina logró abrir la puerta, afuera ya estaba tocando la policía, alertaba por la persona que respondió a la llamada de auxilio de la víctima.
Pese a toda la tortura y todas las lesiones que tuvo, las autoridades se negaron a clasificar el delito como tentativa de feminicidio, quedó clasificado como homicidio en grado de tentativa agravado. De hecho, lo reclasificaron cinco veces hasta que quedó así.
Me pusieron todo tipo de excusas, desde que una mujer, según la Real Academia de la Lengua, es una persona que ovula y no sabían si yo ovulaba, hasta que tenía que cumplir con todos los criterios que se señalaban para el feminicidio y no los cumplía.
El juez que llevó el caso de Carolina en la Ciudad de México fue Carlos Carrillo, uno de los tres jueces que llevó el caso de Abril Pérez, a quien asesinaron después de que las autoridades dejaran salir a su agresor de la cárcel.
A David le dieron solo ocho años de prisión, en 2018 murió encarcelado. “Solo entonces pude volver a dormir, porque yo sabía que iba a salir de la cárcel e iba a intentar volver a atacarme, si esperó 33 años para querer matarme por dejarlo, seguro iba a venir por mí”, dice Carolina.
N+ también solicitó una entrevista con la Fiscalía de la Ciudad de México y con el Tribunal de Justicia de la capital, pero hasta el cierre de esta edición tampoco hubo respuesta.
Hasta ahora, siete años después, la mujer de 61 años sigue sufriendo las secuelas del ataque. Como consecuencia de la lesión que el agresor le provocó en la cadera, la operaron en el Hospital General de México, pero ella dice que hicieron mal la cirugía y quedó peor, con dolores insoportables. Tuvo que pedir prestado y hacer una recaudación de fondos para que la pudieran operar en un particular.
Ahora se está recuperando de esa cirugía y en espera de una segunda. No puede caminar y se mueve en silla de ruedas. Pero sigue peleando, junto a sus compañeras de la Colectiva de Sobrevivientes de Feminicidio, que apoya Fondo Semillas, para que haya justicia, protección y reparación del daño para las víctimas de la tentativa de este delito.
Impulsamos una iniciativa de Ley, junto con la diputada Elizabeth Pérez, en abril de 2022, para que se pusiera como tal el delito en el Código Penal, que se ampliara la penalización, y que se crea en el dicho de las sobrevivientes, porque no les creen; se aprobó en Diputados, pero está congelada en el Senado y nadie nos da una explicación de por qué.
Carolina dice que para la justicia parece que ellas valen más muertas que vivas. “No somos víctimas de segunda, porque siempre dicen: 'pero tú estás viva, ¿de qué te quejas?', como si fuera un pecado sobrevivir, estamos olvidadas e invisibilizadas”.
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