Policías de México Enfrentan al Crimen en el Abandono

Es la mañana de un día cualquiera en un municipio de Zacatecas. Un policía es bajado a la fuerza de su patrulla y subido a otro vehículo mientras los pobladores sólo observan, pero callan. Días atrás ha detenido a un sujeto dedicado al cobro de piso, que intenta amedrentarlo y asegura pertenecer a un cártel. Aún así lo pone a disposición del MP junto con varios fajos de billetes y radios de comunicación. Sin embargo, un par de días después sale libre. Luego viene el levantón.

El tipo lo acusa de quedarse con una fuerte suma de dinero que no corresponde a la asegurada. Mentira. Mientras es retenido, un jefe de plaza lo cuestiona. El uniformado le da detalles de que antes de la detención hubo otro vehículo involucrado con más personas. Entonces el líder criminal duda de su subordinado, así que envía a otros sujetos a investigarlo y encuentran la suma faltante. Es así como le perdonan la vida y es liberado 24 horas después. Con el paso de los días se entera que su corporación no emitió ninguna orden de búsqueda o rescate. Lo abandonó.

Una historia similar ocurre a más de 1,500 km de ahí, en la frontera de Nogales, Sonora. En sus casi tres décadas de servicio el policía municipal Edgardo Rosales ha detenido secuestradores, sicarios y ha hecho aseguramientos de droga. También ha sido amenazado por la delincuencia organizada. Pero todo cambia cuando se da un enfrentamiento armado contra el crimen organizado. Resulta herido.

Son meses de incapacidad. En su corporación no le dan apoyo de protección ante las posibles represalias y le retiran su arma. Por fortuna nadie atenta contra él. Al regresar a servicio opta por apartarse de la operatividad y pide un punto fijo. No vale la pena arriesgar su integridad ante el abandono institucional, mucho menos por el bajo sueldo y que su familia quede desprotegida si muere, como las de otros compañeros a los que a sus familias no les dieron un sólo peso.

Ellos al igual que agentes de Jalisco, Estados de México, Zacatecas, Sonora y la Ciudad de México, narran las raquíticas condiciones en las que laboran y exponen el abandono del Estado en que se encuentran las policías de México.

No cuentan con el armamento adecuado y balas para enfrentar al crimen organizado y la delincuencia común. Son amenazados por sus labores, y al estar fuera de servicio son asesinados. Carecen de seguros médicos y de vida. Reciben sueldos raquíticos. Son castigados injustificadamente a través de los arrestos y removidos cuando resultan incómodos para los intereses de los mandos, es decir, destituidos, y si comprueban que fue injusto es imposible que sean restituidos.

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Algo más, al retirarse después de décadas de servicio tienen trabas para jubilarse, si es que cuentan con ella, o si mueren en el servicio también a sus familiares les ponen trabas si disponen de algún seguro de vida.

Un panorama más profundo de lo que ocurre con los agentes del órden es la investigación del libro "Policía CDMX Héroes y Demonios”, que puntualiza sobre cómo los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, se enfrentan a tres fuegos: la delincuencia, las autoridades que los rigen y la misma ciudadanía. Un contexto que se extrapola a las policías a nivel nacional.

En él se describe cómo los jefes y mandos extorsionan a sus subordinados para que puedan trabajar, tener una patrulla, una motocicleta o un uniforme a su medida; les cobran por las balas que usan o para arreglar su armamento; para no ser enviados a los peores servicios y para no ser arrestados; las mujeres policías padecen la violencia de género acosadas por compañeros y jefes; los obligan a fabricar delitos… la lista es interminable.

Ante este abandono y abuso al interior los resultados son desastrosos para la seguridad de México, ya que son incapaces de brindar la protección a los ciudadanos o se vuelven omisos ante cualquier emergencia.

El gobierno ha caído en incumplimiento en esa búsqueda de nuestra policía profesional, asegura Nelly Félix, presidenta del Frente Responsable Operativo A.C. (Froac) de Sonora. A esto agrega: “El policía que no está siendo eficaz en su desempeño, no está teniendo un buen servicio público y no nos está dando seguridad es porque no tiene seguridad”.

Miguel Garza, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y Democracia (Insyde), explica que todo este contexto proviene desde que algunos están en la academía de policías, donde los adoctrinan de que deben ser héroes y buenos policías independientemente de sus condiciones laborales y maltrato al interior: “Para que cuando salgan no cuestionen y si no están dotados con el equipo suficiente, entren al sistema de corrupción, y sino, en el de disimular sus funciones y trabajar lo menos posible”.

“Hay que darle seguridad a tus elementos, para que puedan dar seguridad a la gente”, dice un policía municipal de Zacatecas, una entidad azotada por la violencia y donde hace un par de años algunos territorios se quedaron sin policías. Renunciaron ante el abandono e incertidumbre laboral.

A este abandono se suma la colusión de los directores o jefes de la policía con el crimen. “En estos tiempos todos los mandos están puestos por la delincuencia. Entonces al policía lo tienen con las manos amarradas, con los ojos vendados y con la boca tapada, y es muy difícil que un elemento brinde seguridad cuando no la tiene ni él mismo”, expone el policía de Nogales, Sonora, que ha preferido no dar su nombre por seguridad.

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Sin seguridad social, de vida y carentes de equipo básico

Bertha es una mujer policía de El Salto, Jalisco. Antes de dar detalles sobre su vida repite que no se mencione su nombre real, ante las posibles represalias de sus jefes. Hace algunos años tuvo un accidente en su patrulla que le dejó secuelas, pero no es lo peor, denuncia que en su corporación no cuentan con un seguro médico y para atenderse deben acudir a la Cruz Verde de su comunidad:

Medicamentos no hay, hay que comprarlos. Incapacidades jamás. Aquí no tenemos derecho a enfermarnos. No contamos con un seguro de vida, con seguro social y menos tenemos una prestación.

Edgardo Rosales dice que tiene un servicio médico deficiente: “Tenemos un seguro de vida muy raquítico de 185 mil pesos, que la verdad a mí me parece una burla, tratándose del riesgo laboral que lleva uno”. Y si se desea contratar un seguro externo por su cuenta: “No hay ninguna aseguradora que lo cubra. Por el riesgo no aseguran a una persona que en su trabajo use armas”.

Nelly Félix lo resume: sus instituciones no les cumplen con la protección a sus derechos humanos.

Para empezar que no tengan servicio médico, que existan policías municipales y estatales que estén teniendo problemas para jubilarse; que no tengan el respaldo de su institución para hacer un trámite administrativo de pensión, con alguna enfermedad en accidente de trabajo o que no tengan un seguro de vida. Son derechos que tienen establecidos en la Ley Nacional de Seguridad Pública y en sus leyes respectivas estatales

Juan Lomelí, policía de Zapopan, Jalisco, y presidente de la asociación Profesionales en Proximidad Social Jalisco, cuenta que donde labora los elementos sí tienen buenos uniformes, unidades, equipo y buen sueldo. Sin embargo, en otros municipios del estado no:

Si nos vamos a otros municipios más pobres, nos damos cuenta que no les dan uniformes. Traen por ahí una camiseta de esas interiores nada más estampada (con el logotipo de) seguridad pública, no les dan botas. Las armas son de pésima calidad. Los horarios son extendidos (48 horas o más).

Una muestra es la condición de Bertha y sus compañeros: No nos dan uniformes, hay que comprarlo. No nos dan botas. Andan unos pobres (compañeros) con el pantalón azul marino que ya es gris de que ya se acabó. Los gastos van desde 800 pesos para un pantalón; 600 la camisa, pero a veces sólo compra una playera azul marino lisa y le estampa los logotipos de la policía. Y los sueldos: raquíticos.

La fuerza laboral de Policías y Agentes de Tránsito durante el segundo trimestre de 2023 fue 300 mil personas, cuyo salario promedió mensual es de 6 mil 780 pesos, trabajando alrededor de 62.6 horas a la semana, muestran los datos del portal Data México del Gobierno Federal.

Al igual el presidente de la asociación Profesionales en Proximidad Social Jalisco dice que no hay un sistema de pensiones: “Hasta donde recuerdo, de los ciento veintitantos municipios de Jalisco, como 20 están incorporados a pensiones del Estado. Hay policías que han tenido que demandar a sus municipios para obligarlos a que los pensionen”.

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Enfrentar al crimen sin balas ni capacitación

Nosotros como policía municipal no tenemos la fuerza para combatir el crimen, nunca la vamos a tener, ni siquiera el Estado tiene la fuerza, se sincera un policía municipal de Zacatecas. En el municipio de Florencia de Benítez, en esa misma entidad, otro policía municipal recuerda que en una ocasión les reportaron un enfrentamiento entre dos cárteles rivales, pero al verse superados en armamento y gente optaron por no acudir a la emergencia.

En municipios chicos de Jalisco ocurre lo mismo, explica Juan Lomelí:

Están muy limitados en armas. Todavía estamos hablando de (que usan) revólver, trae cinco cartuchos. Las corporaciones de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque ya nadie trae revólver, ya son armas de 15 cartuchos mínimo por cargador. Eso cuenta mucho para la defensa y protección. El riesgo es que ante un enfrentamiento, cuando el delincuente apenas va en 1/3 de su capacidad de cartuchos, tú ya te acabaste los tuyos

El uso de este armamento obsoleto, dice, implica que son fracciones de segundo lo que se necesita para que salgan ilesos o cuando menos con vida.

La presidenta de Froac denuncia que no cuentan con las herramientas necesarias como balas, un equipo de radiofrecuencia o una patrulla en buen estado mecánico, que no sólo es de utilidad para ellos, sino para la sociedad, para que sean más eficaces en una llamada de auxilio:

Son pequeños detalles que hacen un gran daño a la seguridad pública.

René es un policía estatal del Estado de México que también ha sido amenazado por líderes del crimen organizado en Naucalpan. La capacitación que le dan es insuficiente, ante esto él y sus compañeros tomaron la iniciativa por adquirir cajas de cartuchos y buscar espacios para poder ir a practicar tiro. “Hay personal que llevaba como dos años sin tirar o hasta tres”, platica mientras pide que se cambie su nombre.

En el Salto, Jalisco, Bertha detalla que ocurre lo mismo: “Hay policías que tienen cinco, seis años y no los han mandado a ni a una capacitación”. Ahí las prácticas de tiro son cada 2 años y medio, pero “son nada más de 20 a 40 cartuchos (que se disparan); hay elementos que le tienen nervios al arma. Nosotros los que somos viejos aquí, tenemos más conocimiento porque antes íbamos a practicar más seguido”.

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Morir en el desamparo

Días antes de que un comando armado ingresara a su casa en Jalisco, el policía Gerardo Martín recibió varias amenazas telefónicas cuando era escolta de un alto funcionario. Eso fue en 2020. Lo desaparecieron. Poco más de 2 años después una llamada de las autoridades sorprendió a su esposa. Los restos de un cuerpo desmembrado hallado en una fosa clandestina en 2021 coincidían con el ADN de él.

“Tristemente se va pensando que deja bien a su familia. Que se que tienen los seguros de vida, que tienen las prestaciones y todo, pero realmente no es así”, dice su esposa Anel Cuevas.

Su duelo ha sido un batallar de trámites y burocracia tras el levantamiento y hallazgo de los restos de Gerardo, y no ha recibido un sólo peso de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco.

Pero no es la única. “Me han comentado viudas que han batallado con los trámites, pero lo sacan. Nosotras que nos desaparecen a nuestros esposos, y que yo por ejemplo afortunadamente que lo encontramos no para ahí el viacrucis. Tengo dos meses yendo todos los días a las oficinas de su trabajo y dice ‘este trámite no lo hacemos nosotros’. ‘Vete para tal calle’. Me voy para tal calle y no. Así me traen”, lamenta la viuda del agente.

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