Gobierno Mexicano Rechaza Acusaciones de Desapariciones Como Política de Estado
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México negó acusaciones del Comité de la ONU sobre desapariciones como política estatal; analizará solicitud basada en el artículo 34 y compartirá programas los nacionales que ha implementado
El gobierno mexicano aseguró que continuará atendiendo las solicitudes de información. Foto: Cuartoscuro.
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El Gobierno de México ha emitido un comunicado en donde rechaza "las declaraciones de integrantes del Comité en torno a la supuesta práctica de desaparición forzada por parte del Estado".
"El Gobierno mexicano no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado", afirma la declaración, en respuesta directa a señalamientos realizados por miembros del Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED).
La postura surge después de que, al concluir el 28° Periodo de Sesiones, el CED indicara que remitiría al Estado Mexicano una solicitud relacionada con la situación de desapariciones en el país, con fundamento en el artículo 34 de la Convención en la materia.
México mantiene una cooperación sostenida con el Comité Contra la Desaparición Forzada en su calidad de Estado parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, relación que se enmarca dentro de un proceso de intercambio que se mantiene desde 2014.
La administración mexicana ha señalado que analizará dicha solicitud una vez que sea recibida, "para compartir las acciones y programas que se implementan a nivel nacional para atender y combatir el fenómeno de las desapariciones en México".
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"México está comprometido con el respeto irrestricto de los derechos humanos y con la atención de las causas de la violencia", subraya el comunicado, añadiendo que el país "ha hecho manifiesto su compromiso para combatir este flagelo y ha anunciado la puesta en marcha de acciones contundentes para estos efectos".
En apego a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, el gobierno mexicano aseguró que continuará atendiendo las solicitudes de información que remita el Comité, "a través de acciones urgentes, comunicaciones individuales e informes periódicos, a fin de que este cuente con información fidedigna sobre el contexto actual en el país".
La posición oficial fue comunicada a la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos mediante una nota diplomática, así como al propio Comité para la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.
El CED es un órgano del tratado de la Organización de las Naciones Unidas con el mandato específico de supervisar que los Estados Partes cumplan con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas.
¿Qué decía el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU?
El informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, resultado de su visita a México en noviembre de 2021, contiene hallazgos que motivaron la respuesta del gobierno mexicano.
El documento señala la existencia de 95,121 personas desaparecidas registradas hasta noviembre de 2021 y caracteriza la situación como una "impunidad casi absoluta" frente a una "situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio nacional".
Particularmente relevante para la respuesta gubernamental, el informe afirma que "las desapariciones forzadas continúan siendo cometidas directamente por agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal" y que existe "connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos" en casos donde el perpetrador central es la delincuencia organizada.
El documento también aborda la responsabilidad estatal, señalando que "los Estados parte son responsables de las desapariciones forzadas cometidas por los servidores públicos, cualesquiera que sean las circunstancias en que se producen", punto que el gobierno mexicano rechaza específicamente en su comunicado al afirmar que "no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado".
El informe también cuestiona el enfoque de militarización de la seguridad pública, señalando que "ha sido insuficiente e inadecuado en lo que atañe a la protección de derechos humanos", otro aspecto implícitamente rechazado por el gobierno mexicano al reafirmar su "compromiso con el respeto irrestricto de los derechos humanos".
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CT