Casilla de Salida: La Política de Desgaste del Instituto Nacional de Migración

“Antes de llegar a la Ciudad de México nos agarró Migración, nos bajaron del bus y nos hicieron presos. Desde el lunes hasta ahorita que nos bajaron en Villahermosa”. Franklin Salcedo, venezolano de 40 años, acaba de recuperar la libertad. Es mediodía del miércoles 19 de junio de 2024 y se abraza con su esposa, Milagros Liotta, de 38. Los dos lloran aliviados. La mujer lleva tres días en el exterior de la estación migratoria de Villahermosa, Tabasco, un centro de detención para extranjeros ubicado en la zona industrial de la capital tabasqueña. El hombre pone un pie en Tabasco después de más de 12 horas de trayecto en camión. Antes pasó dos días encerrado en Las Agujas, la principal estación migratoria de la Ciudad de México.  

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Al matrimonio lo capturaron cuando circulaba en un camión cerca de la Ciudad de México, aún bien lejos de su destino, la frontera con Estados Unidos. Salcedo y Liotta cargaban con siete países a sus espaldas (Venezuela, Ecuador, Colombia, Panamá, Honduras, Guatemala y México) cuando agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) los detuvieron, los encerraron y los enviaron a Villahermosa, Tabasco, obligándoles a retroceder casi 900 kilómetros.

“El mismo autobús le hizo unos cambios de luces a los militares y a la gente de migración. Él mismo se orilló, y nos bajaron. A un grupo lo llevaron a Puebla, y a otro grupo a CDMX, donde nos tuvieron presos. Todos éramos migrantes”, dice Salcedo, quien no comprende por qué está en Tabasco. 

Esta es una práctica habitual del gobierno mexicano. Desde 2019, miles de extranjeros fueron atrapados por agentes migratorios y obligados a desandar sus pasos, forzados a regresar a la casilla de salida. Ni se les permite proseguir hacia Estados Unidos ni se les deporta a su país de origen. Esto les obliga a retomar la ruta hacia el norte y exponerse a extorsiones y secuestros por parte de autoridades y grupos del crimen organizado. 

Bases de datos obtenidas a través de solicitudes de transparencia revelan que la deportación interna de norte a sur es una política no escrita que comenzó en 2019, que registró un incremento del 380% hasta 2023 y que continúa activa en 2024. Para llevarla a cabo, el Instituto Nacional de Migración firmó entre 2019 y 2024 un total de 11 convenios para contratar camiones  por valor de 2.3 mil millones de pesos. Aunque estos acuerdos incluyen también las deportaciones terrestres que periódicamente se realizan a Guatemala, Honduras y El Salvador. A esto también se le suman las rutas aéreas que realizan en charters los mismos traslados.

“Es fuerte, no es nada fácil. Migrar no es fácil. Migrar es difícil. Ellos nos la ponen difícil, porque cuando quieres avanzar, te retroceden. Uno no se quiere quedar aquí en este país, quiere seguir adelante”, dice Milagros Liotta, junto a su marido Franklin. 

La mujer está aliviada por reencontrarse con su esposo, pero tiene miedo de los secuestros y extorsiones que puede encontrar en su camino. Aunque estos delitos no aparecen reflejados en las estadísticas, ya que los migrantes no suelen perder el tiempo denunciando. 

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“Nos agarran y nos devuelven como les da la gana, nos tratan como les da la gana. Yo digo que el trato no es humanitario. ¿Por qué nos bajan y nos regresan?”, argumenta Salcedo, su esposo. 

Organizaciones de derechos humanos y de defensa de migrantes han denunciado esta política no escrita. “Empezamos a llamar a esta política de contención la política de desgaste. Los suben a autobuses en viajes de 15, 20, 25, 30 horas hasta el sur, ¿en qué condiciones? no sabemos. Nada más sabemos lo que nos cuentan las personas migrantes”, dice Gretchen Kuhner, directora del Instituto de la Mujer Migrante (Imumi).

El incremento en las deportaciones internas como política para alejar a los migrantes de la frontera norte es evidente. El primer año del sexenio apenas fueron trasladados unos 20 mil, la mayor parte desde Tamaulipas hasta Veracruz y Chiapas. En 2019, el expresidente Donald Trump impuso el programa “Quédate en México”, por el que solicitantes de asilo tuvieron que permanecer al sur del río Bravo mientras su procedimiento estaba en marcha. Ahí, bajo el argumento de que los migrantes eran secuestrados en localidades del norte como Nuevo Laredo, comenzó una ruta que los abandonaba en Tapachula, Chiapas. 

Progresivamente este modelo se convirtió en una práctica sistemática. 

En 2023, por ejemplo, más de 100 mil migrantes fueron desplazados, en su mayoría desde estados del norte (Tamaulipas y Coahuila especialmente) hasta el sur. El destino principal fue Villahermosa, Tabasco. De este modo, los extranjeros son obligados a recorrer casi 2 mil kilómetros en autobús sin realizar una sola parada y sin recibir explicaciones, para volver a comenzar su camino por México.

El auge de esta política mexicana tuvo su impacto en Estados Unidos. A finales de agosto, Washington anunció que la aplicación CBP One, con la que se gestiona el ingreso legal de los migrantes, comenzaría a operar en Tabasco y Chiapas. Desde que se puso en marcha, en enero de 2023, solo funcionaba en Ciudad de México y municipios cercanos a la frontera norte. 

Hasta el momento, los traslados se dieron en el sentido inverso: de norte a sur. No siempre los migrantes son capturados por agentes mexicanos. N+Focus habló con varios venezolanos que denunciaron haber cruzado a Estados Unidos, donde permanecieron varios días hasta que fueron entregados a México, quien los alejó de la frontera y los trasladó a Tabasco. 

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El exterior de la estación migratoria de Villahermosa es el reflejo de esta política de agotamiento. A lo largo de una mañana de junio de 2024, N+Focus pudo contabilizar al menos 12 autobuses procedentes de diversos puntos del norte del país: Tijuana, Baja California; Juárez, Chihuahua; Piedras Negras, Coahuila. Desorientados, hambrientos, sin un lugar dónde ir, los migrantes quedan abandonados a su suerte. 

Entre ellos se encontraban un ciudadano chino que deambulaba sin hablar inglés ni español, que se comunicaba sirviéndose de una aplicación para traducir y que denunciaba que agentes de Migración se habían quedado con su pasaporte en Tijuana; un hombre de raza negra que no lograba explicar de dónde había huido, pero cuyas marcas en los tobillos y las muñecas probaban que fue sometido y posiblemente torturado; varias familias peruanas que no salían de su asombro tras ser obligadas a descender de un avión en Toluca, Edomex; así como un hondureño que había sido golpeado por hombres armados cuando trataba de cruzar el río Bravo y que pasó más de un día abandonado en el exterior de la estación migratoria sin poder caminar.

Douglas Jaliskhi, un exmilitar brasileño de 38 años, fue abandonado en mitad de la lluvia una noche de junio en Villahermosa, Tabasco. Agentes de migración lo capturaron cuando se desplazaba sobre un tren de carga cerca de Irapuato, Guanajuato, y le obligaron a regresar. El tránsito del brasileño no ha sido fácil. “Desde que llegué a México, fui secuestrado dos veces. Una vez en Tapachula, y ahora en la Ciudad de México. Fui secuestrado por la policía, que me quitó 4 mil pesos, me amenazaron con una arma y me pegaron”, explica, indignado.

Abandonado a su suerte, el hombre no sabe dónde dormir, dónde comer, cómo retomar su camino. Lo único que sabe es que son las 11 de la noche y que tiene que encontrar un lugar en el que resguardarse. Camina junto a otro compañero, un haitiano que no quiere decir su nombre.

En realidad, todos tienen miedo. La mayor parte de los entrevistados refieren que para pasar de Tabasco a Veracruz es imprescindible pagar una cuota a “la mafia”. Ellos son los que dicen quién cruza y quién no. Luego está el tren, controlado por sus propios grupos delictivos. Y los retenes de migración, donde diversos migrantes denunciaron haber sido objeto de robos. “Esto es más peligroso que el Darién”, resume Jaliskhi.

Una política no escrita 

No hay documentos que expliquen el porqué de los traslados o cuál es el criterio de selección. Y la mayoría de extranjeros entrevistados para este reportaje no se mostraron dispuestos a quedarse en el lugar en el que fueron  su intención de retomar el camino hacia la frontera.

Douglas Jaliskhi es un ejemplo. Tras ser regresado a Tabasco retomó la ruta hacia el norte. Semanas después de la entrevista, en julio, llegó a Ciudad Juárez, Chihuahua. Finalmente, Migración lo capturó de nuevo y lo mandó, otra vez,a Tabasco. Aquel traslado agotó la paciencia del brasileño, que logró juntar un dinero para regresar a su país. Una deportación pagada por el propio migrante. 

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Esta política de desgaste viene acompañada  de un aumento nunca visto en el número de migrantes detenidos por las autoridades mexicanas y un notable descenso en las deportaciones. En 2019, México atrapó a más de 180 mil migrantes, de los que deportó a casi 150 mil, mientras en 2023, por el contrario, fueron apresados casi 780 mil migrantes pero el número de deportados apenas superó los 50 mil. 

Estos últimos años registraron un profundo cambio en la composición de las personas detenidas por Migración. En 2019, en plena época de las caravanas, más de 155 mil de los detenidos eran procedentes de Centroamérica. Tres años más tarde, eran cerca de 430 mil detenidos procedentes de América del Sur y el Caribe y casi otros 50 mil de países de Asia. Esto tiene un impacto directo en el número de deportaciones, ya que habitualmente México apenas expulsa a migrantes que lleguen de países diferentes al Triángulo Norte centroamericano. 

Piedras Negras, Coahuila, es uno de los municipios con mayor número de expulsiones internas. Solo en 2023, al menos 20 mil fueron enviados desde este municipio fronterizo hasta Tabasco. 

“Aumentaron los retenes y más personas se involucraron en la cacería de los migrantes, detenerlos y mandarlos nuevamente al sur. A veces ya han venido y cerca y los han regresado y vuelven a hacer otra vez la travesía”, dice la madre Isabel, una religiosa que dirige el albergue Frontera Digna en Piedras Negras.

No está contabilizado cuántas personas desistieron de su intención de llegar hasta Estados Unidos tras ser obligados a retroceder en varias ocasiones. Muchas veces, los migrantes asumen que hay un peaje por el que hay que transitar para lograr su objetivo: Esto implica ser asaltado, perder tu dinero y retroceder una y otra vez. 

Es el caso de José Luis Casarrubias, colombiano, que aguardaba su cita para cruzar a Estados Unidos en el albergue Frontera Norte en junio de 2024. En dos ocasiones fue detenido antes de llegar a Monterrey, Nuevo León. Y en dos ocasiones retomó el camino. “Sientes una impotencia en ese instante. Ya te devolvieron una primera vez, de que te devuelvan otra vez”, explica. Su relato es dramático: fue asaltado por grupos criminales, extorsionado por autoridades, puso su vida en peligro. Pero, finalmente, logró cruzar a Estados Unidos. 

Este tipo de denuncias no han modificado las políticas del gobierno mexicano, que sigue alejando a los migrantes de la frontera norte y obligándoles a transitar una y otra vez una peligrosa ruta. El anuncio de Estados Unidos de permitir que las solicitudes de ingreso se tramiten desde Chiapas o Tabasco es una oportunidad para que los migrantes sometidos a esta deportación interna puedan llegar al norte de forma segura. Sin embargo, existe el riesgo de que el sur de México termine por convertirse en el principal muro de contención para cientos de miles de personas.

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