Fiscal de Morelos Cuenta con Fuero: SCJN

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el acuerdo de la Cámara de Diputados por el cual había declarado que el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, no cuenta con fuero constitucional.

El asunto llegó a la Corte porque el Congreso de Morelos presentó una controversia constitucional en contra de ese fallo, argumentando que se había invadido su facultad para retirar la inmunidad procesal al funcionario.

Cuatro de los cinco ministros que integran la Sala apoyaron el proyecto de la ministra Margarita Ríos-Farjat que dice que los integrantes de los organismos autónomos, como los fiscales, sí cuentan con fuero constitucional.

Además, explicó que la Constitución de Morelos en su artículo 79-A establece que para retirar el fuero al Fiscal local se requiere de una declaración por parte de la Cámara de Diputados federal, en el sentido de que sí se puede proceder penalmente, y que, posteriormente, debe hacerse del conocimiento del Congreso local para que éste, en ejercicio de sus atribuciones, determine lo conducente.

Fue en diciembre de 2020 cuando el fiscal general de la República presentó a la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero del fiscal de Morelos, por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad, por considerar que no cumplió con los requisitos para ser fiscal, como los exámenes de control y confianza para su ingreso al cargo.

Este jueves, a través de un comunicado, la Presidencia de la República fijó postura y respondió que la Constitución Política de Morelos dispone en su artículo 136 que, para proceder penalmente en contra del fiscal general del estado, no se requiere que el Congreso local emita un pronunciamiento al respecto.

Agregó que, a su consideración, existen elementos suficientes para señalar la falta de probidad y la actuación del fiscal de Morelos, y que llama su atención que el pasado miércoles 5 de julio, la FGR solicitó al Poder Judicial Federal se fijara la fecha de audiencia para imputación y vinculación a proceso de Uriel Carmona y que, una semana después, la Corte resolviera un asunto admitido hace 20 meses.

Concluye la comunicación diciendo que no aceptan que impere la protección y la impunidad de las autoridades responsables de impartir justicia cuando está de por medio la seguridad y la protección de las y los ciudadanos.

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Con información de Jessica Murillo

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