La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió 30 controversias constitucionales promovidas por municipios de los estados en contra de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y la Ley Responsabilidades Administrativas, que forman parte del llamado Plan B de la Reforma Electoral.
Los municipios alegaron ante el máximo tribunal del país que las reformas vulneran su autonomía presupuestaria al limitarles a 0.1 por ciento el gasto en comunicación social.
Pese a que solicitaron la suspensión de la aplicación de la norma, esta seguirá vigente pues la Corte no la concedió.
Estas controversias se suman a las que promovió el Instituto Nacional Electoral (INE) y el municipio de Chihuahua, que fueron admitidas a trámite el pasado 28 de febrero.
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Con información de N+ Jessica Murillo
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