Seis Consejeros del INE Van contra Reforma que Da Más Poderes a Taddei en Designación de Cargos

En la sesión de este miércoles 30 de octubre, seis de los 11 consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) pedirán que se presente una controversia constitucional contra las recientes reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) en materia de designación de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, publicadas el pasado 14 de octubre en el Diario Oficial de la Federación.

Los consejeros Arturo Castillo, Carla Humphrey, Dania Ravel, Claudia Zavala, Martín Faz y Jaime Rivera solicitarán al Consejo General que instruya a la Secretaría Ejecutiva para presentar la controversia.

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Con las reformas a la Constitución, ahora los jueces, magistrados y ministros serán elegidos por voto popular de la ciudadanía. Con esto, el INE tiene la tarea de realizar el cómputo de los votos, publicación de resultados, entrega de constancias de mayoría y declaración de validez de la elección.

Consejeros plantean las afectaciones

Los consejeros argumentan que los cambios en los artículos 45 y 48 de la LGIPE comprometen la autonomía del INE, ya que delegan atribuciones en una sola persona, eliminando la colegialidad que caracteriza a la autoridad electoral. 

Según el Consejo General, la reestructuración que establece el artículo 45 da a la presidencia la potestad de designar unilateralmente a los titulares de áreas técnicas y operativas del Instituto, incluyendo direcciones ejecutivas y unidades técnicas. Este cambio quita facultades al Consejo General, debilitando el sistema de pesos y contrapesos y desarticulando el trabajo colegiado.

La reforma impugnada sin mayor razonamiento o explicación de sus motivos,no solo pretende eliminarla colegialidad, sino que de facto obstaculiza las atribuciones de las y los consejeros que diariamente ejercen sus atribuciones de preparación de acuerdos, seguimiento y vigilancia a las áreas ejecutivas.

Según el documento presentado, el INE alega que las reformas no sólo impactan el equilibrio de poderes en la institución, sino que también afectan la transparencia y equidad en los procesos electorales, principios esenciales en un sistema democrático.

“La concentración de atribuciones en la figura de la consejera presidenta puede llevar a una falta de balance y pluralidad en la toma de decisiones, lo cual es un principio distintivo en un sistema democrático”, detalla el acuerdo.

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La reforma también limita la participación colegiada del Consejo General en decisiones clave, ya que concentra la facultad de designación en la presidencia del Consejo General y en la Junta General Ejecutiva (JGE), afectando la autonomía y balance en el funcionamiento del INE.

La designación de la totalidad de las personas integrantes de la Junta General Ejecutiva por parte de la Presidencia del INE atenta contra la colegialidad, certeza e imparcialidad de dicho órgano, pues se concentra en una sola persona la toma de decisiones.

Los consejeros destacan la importancia de preservar las estructuras y competencias del Consejo General del INE, el cual se considera el órgano máximo de dirección y responsable de supervisar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral.

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Con información de N+

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