¿Qué Dice la Propuesta de Reforma Judicial de Norma Piña?

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, presentó la propuesta de reforma al Poder Judicial, que ella preside.

En un mensaje, Piña Hernández dijo que las propuestas surgieron de un amplio diálogo que, señala, involucró a actores clave de los sistemas de seguridad y justicia a nivel federal y local, además de contar con la participación de legisladores, académicos, organizaciones civiles y víctimas de violencia.

La propuesta abarca desde la revisión de los procesos judiciales hasta el fortalecimiento de los poderes judiciales locales y la mejora de la seguridad pública.

“En este texto no se plantean soluciones fáciles ni superficiales. Se proponen soluciones integrales —incluso no todas ellas— para un problema complejo como es el de garantizar acceso a una justicia expedita, sensible, respetuosa y cercana a las personas y sus necesidades”, señala el documento.

El documento contiene 9 apartados en los que se desglosan 66 propuestas. 

Entre las propuestas destacadas se encuentran la estandarización de las reglas de la carrera judicial, la implementación de una Ley General de Servicios Forenses y la desmilitarización de la seguridad pública. 

Además, se proponen reformas en el diseño normativo para proteger los derechos humanos y mejorar la atención a las víctimas.

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Las propuestas del Poder Judicial

Te presentamos un resumen de los apartados de la propuesta de reforma que presentó el Poder Judicial. Si quieres leerlo a detalle puedes consultarlo aquí.

A. Ética y legitimidad judicial:

Propone revisar los procesos judiciales para enfocarlos en una justicia centrada en las personas y estandarizar las reglas de la carrera judicial y desarrollar programas de capacitación en ética y legitimidad. Llama a fortalecer la transparencia y el profesionalismo del sistema.

B. Fortalecimiento de los poderes judiciales locales:

Plantea incrementar los recursos y personal de los poderes judiciales estatales, implementar reformas estructurales, garantizar la carrera judicial y consolidar la justicia laboral. Destaca que se debe empezar a usar juicios orales en los casos de justicia civil y familiar.

C. Diseño normativo sustantivo y procesal:

Propone eliminar figuras que vulneren derechos humanos, como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, además de fortalecer el juicio de amparo y garantizar el cumplimiento efectivo de sentencias judiciales.

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D. Seguridad pública:

Propone desmilitarizar la seguridad pública y mejorar la operación de los sistemas de registro de detenciones, con un enfoque en la prevención de la trata de personas y la revisión de las políticas de drogas. Añade propuestas para mejorar el control de armas y fortalecer la seguridad en las instituciones civiles.

E. Investigación criminal:

Pide mejorar los protocolos de investigación para delitos graves, establecer una estrategia integral de búsqueda de desaparecidos y mejorar la formación de fiscales y policías de investigación. Incluye una propuesta para crear un mecanismo extraordinario de verdad, justicia y reparaciones.

F. Servicios forenses y periciales:

Propone crear una Ley General de Servicios Forenses que homologue los servicios a nivel nacional. Destaca que es necesario de mejorar los recursos, la capacitación y las capacidades institucionales en esta área, además de garantizar la independencia técnica y financiera de los servicios forenses.

G. Defensoría pública:

Las propuestas incluyen fortalecer las defensorías públicas con más personal, mejores recursos y garantizar su autonomía. También se busca un servicio civil de carrera para los defensores y un sistema de investigación y servicios periciales independientes.

H. Atención a víctimas:

Plantea mejorar la atención médica, simplificar los procedimientos de ayuda inmediata y garantizar la participación de las víctimas indirectas en los procesos judiciales, además de fortalecer la atención psicológica y de salud integral dentro de los centros de reclusión.

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I. Ejecución penal:

Propone proteger a los grupos vulnerables en prisión, garantizar la independencia de jueces de ejecución y mejorar los servicios de interpretación y mediación cultural para comunidades indígenas. También se plantea adecuar los espacios en centros penitenciarios para satisfacer las necesidades de distintos grupos de población.

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