Nuevo Fonden, entre Corrupción y Desvío de Recursos
El nuevo fondo creado en 2019, tras la eliminación del Fonden, tiene denuncias por no entregar los recursos a víctimas de desastres naturales, pero beneficiar a quienes lo administran
Zorayda Gallegos
Damnificados fueron censados pero no recibieron ni una despensa. Foto: N+ Focus
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El programa creado por este gobierno para ayudar a las personas afectadas por fenómenos naturales mediante la entrega de apoyos económicos o en especie ha operado entre señalamientos de corrupción y desvío de recursos.
En una revisión hecha a las quejas presentadas ante el órgano interno de control de la Secretaría de Bienestar, los escritos dirigidos a la oficina de atención ciudadana de presidencia de la república y tras diversas entrevistas con damnificados de varios estados del país, N+Focus encontró un esquema donde los delegados regionales son señalados de beneficiar a sus familiares, amigos y allegados a grupos políticos. Pese a que la Secretaría de la Función Pública ha abierto investigaciones, a la fecha ninguno de los denunciados ha sido sancionado.
El Programa para el Bienestar de las Personas en Situación de Emergencia Social y Natural creado en 2019, después de que se anunciara la eliminación del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), ha operado principalmente por dos vías: una parte de los recursos se entregan directamente a los beneficiarios tras un censo que levantan los servidores de la nación; y otra parte se transfiere a los municipios para que lo destinen a obras de infraestructura.
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En las quejas obtenidas vía transparencia y en entrevistas con damnificados de Puebla, Oaxaca y Nayarit los denunciantes acusan que muchos de ellos quedaron fuera de los censos. En otros casos donde sí fueron censados y les entregaron un folio nunca les llegó el apoyo o el dinero les llegó incompleto.
En los documentos revisados hay señalamientos por desvío de recursos, cohecho, nepotismo, conflicto de intereses e incumplimiento a las leyes y reglamentos, así como abuso de autoridad y de funciones.
Los damnificados, inconformes por haber quedado fuera de los censos, han protestado cerrando carreteras como ocurrió en Tabasco y Veracruz, otros se han manifestado frente a ayuntamientos u oficinas gubernamentales como en Nayarit o han tomado los palacios municipales como ocurrió en Chiapas y Oaxaca. Esto con el fin de exigir que los incluyan entre los beneficiarios.
En Nayarit las propias autoridades municipales de Morena contabilizaron 3 mil viviendas que se quedaron fuera de los censos. El alcalde Manuel Salcedo Osuna acusó que los funcionarios solo beneficiaron a sus allegados.
En noviembre de 2020 fue eliminado el Fonden que durante décadas operó con señalamientos de corrupción. En diversas revisiones de la cuenta pública, la Auditoría Superior de la Federación documentó obras que se terminaban edificando con sobrecostos y retrasos en la entrega de apoyos.
Alcaldes que no hicieron la reconstrucción
Una de las modalidades del nuevo programa son las transferencias directas a los municipios por parte de la Secretaría del Bienestar. En Oaxaca, N+Focus encontró que en al menos siete municipios los fondos fueron usados de forma discrecional por parte de las autoridades locales y nunca se hizo la reconstrucción.
El gobernador de Oaxaca, Salomon Jara, acusó en junio pasado que siete alcaldes hicieron mal uso de los recursos que les transfirió directamente la federación para atender los daños causados por Agatha y uno de ellos huyó con parte del dinero.
“Se otorgó de manera directa a los presidentes municipales mil 190 millones de pesos… hubo presidentes municipales que no hicieron su tarea, como fue el caso de San Mateo Piñas… (donde) el presidente tuvo que salir, huir, casi, y llevarse el recurso, la verdad muy lamentable”, dijo el mandatario
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En San Mateo Piñas los recursos se aplicarían principalmente en rehabilitar la red de agua potable, pero el entonces alcalde Tomás Victorio García los transfirió a una empresa sin autorización del cabildo, por lo que fue presionado por los ciudadanos para que renunciara.
Marcos García García, actual síndico municipal de San Mateo Piñas, dice que no saben dónde quedó el dinero.
En un recorrido por el municipio y tras diversas entrevistas con los pobladores, N+Focus encontró que al día de hoy la mayoría de las comunidades todavía no tienen agua potable y los caminos y puentes que conectan a la cabecera municipal con el resto de las localidades siguen obstruidos.
Maricruz García García, habitante de San Mateo Piñas, contó que antes tenían agua de la llave, pero tras el huracán juntan el agua de las lluvias o la acarrean desde el río.
“Sin el agua no se pueden hacer muchas actividades. Si tenemos el agua en casa podemos lavar, bañarnos, cocinar, lavar los trastes”, dice la pobladora.
Pluma Hidalgo fue otro de los municipios beneficiados con el nuevo programa federal, pero la mayoría de las obras no se hicieron.
Eduardo Martínez Ayala, quien por encargo de la Secretaría de Bienestar dirigió un comité de seguimiento para supervisar las obras emergentes tras el huracán, acusa que los recursos se desviaron para otros fines.
“Hubo un despilfarro de recursos, obras inconclusas, obras fantasmas, que realmente no eran para atender la emergencia social…hay documentos, donde aparecen firmas falsificadas”, señala.
Martínez Ayala cuenta que una de los hallazgos más graves fue la construcción de una obra para beneficio del negocio familiar del entonces edil Josué Silva.
“Se consideraba una fosa para descargas de aguas de drenaje de esa calle… y de últimas fechas se sabe que concluyó una fosa, pero sirve solamente a las cabañas”, asegura.
Damnificados quedaron fuera de los censos
El programa de la Secretaría de Bienestar no solo ha otorgado recursos a los ayuntamientos, también subsidia con transferencias directas a los damnificados. Según sus reglas de operación otorga apoyos económicos o en especie a afectados por fenómenos naturales cuya seguridad e integridad se encuentre en riesgo.
En al menos 13 estados grupos de damnificados han acusado que los operadores del programa los dejaron sin apoyos y que los beneficiados fueron los familiares y amigos de los delegados locales, pese a que estos no resultaron con afectaciones considerables.
En Pahuatlán, Puebla, donde el huracán Grace devastó viviendas en agosto de 2021, hay personas que acusan que fueron inscritos en un censo, les dieron un número de folio, pero nunca les llegó el apoyo de 35 mil pesos, como Agrícola López Cardona.
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“Dijeron que me iba yo a salir en un programa donde me iban apoyar por lo que me había afectado el huracán, pero no, a mí no me llegó nada… sacaron fotos de todo lo que había pasado”, expresó la señora que vive al borde de una ladera.
Patricia Castillo Vargas vive con su esposo, su hijo y sus suegros en una vivienda al borde de una ladera en Pahuatlán, Puebla. Con cada lluvia se desgaja un poco más el terreno donde está construida su casa.
Aunque el huracán levantó las láminas de su vivienda y destruyó una pared improvisada, no recibieron ni una despensa. Ellos, poco a poco, tuvieron que edificar un muro y rellenar el terreno para que no se siga desmoronando.
“Lo íbamos a usar para levantar una bardita, para que ya no se siga desbordando porque igual cuando llueve mucho, por ejemplo ahorita que se vienen las aguas la tierra se ablanda y aunque la estemos deteniendo con postes se va para abajo”, menciona.
Los informes del Órgano Interno de Control también revelan deficiencias en el programa, como personas afectadas por fenómenos naturales no contempladas en los censos y no consideradas en la entrega de apoyos.
Desde 2019 que arrancó el programa a cargo de la Secretaria de Bienestar para atender a los damnificados por desastres naturales, la Secretaría de la Función Pública ha recibido decenas de quejas y ha iniciado 69 investigaciones tras las denuncias, según documentos obtenidos por N+Focus.
Un programa envuelto en irregularidades
Con el extinto Fidecomiso del Fonden, los fondos los liberaba Gobernación, quien adquiría los insumos necesarios y los canalizaban a los estados. También se proporcionaban recursos a las entidades y dependencias federales para la reconstrucción, proceso que era muy tardado.
Ahora que no existe el fideicomiso la ayuda a los damnificados opera principalmente por dos vías: con recursos etiquetados del ramo 23 y con recursos del Programa Para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social y Natural. Con ésta última modalidad los fondos son transferencias directas a los municipios y a los damnificados.
Una de las principales fallas del Fideicomiso Fonden era su falta de transparencia y que condicionaba los apoyos de vivienda a la acreditación de la propiedad, explica Naxhelli Ruiz Rivera, investigadora del Departamento de Geografía SocIal de la UNAM.
“En México se considera damnificado a aquel que pierde una propiedad, entonces si la persona no acreditaba ser la propietaria no tenía derecho a la reconstrucción”, abunda la experta en desastres naturales.
El programa a cargo de Bienestar, asegura la investigadora, es muy problemático en términos de diseño, ya que las reglas de operación son extremadamente ambiguas y termina siendo una carta abierta a gastarse en lo que sea.
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“En el Fonden tienes comité de evaluación de daños, que tienen personal super capacitado en valorar daños y que además tienen personal de las secretarías estatales de protección civil y de gestión de riesgos donde tienes la capacidad de tener por lo menos una aproximación inicial de qué es lo que se dañó y que es lo que se necesita. En este otro programa no está eso”, asegura la investigadora.
A pesar de ser un programa que de 2019 a mediados de este año ha manejado un presupuesto de 10 mil 581 millones de pesos tiene debilidades en las reglas de operación que se han traducido en casos de desvíos de recursos y corrupción.
La misma Secretaría de Bienestar reconoció en respuesta a una solicitud de información que una vez que los recursos son transferidos a los beneficiarios estos se consideran como devengados, por lo que ya no tiene la responsabilidad de darle seguimiento para saber si se aplicaron correctamente.
En el caso de los municipios, Bienestar tampoco tiene atribuciones para exigirle a los alcaldes que comprueben el gasto del recurso transferido.
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