Juez Sentencia a 50 años a Keren Ordoñez, Torturada por Policías para Culparse de Secuestro

El juez José Eduardo Morales Sánchez, titular del juzgado del Sistema Tradicional Penal y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, en Apizaco, Tlaxcala, ratificó este 11 de noviembre una sentencia de 50 años de prisión a Keren Ordoñez, acusada de secuestro, pese a que las única supuestas pruebas que existen de su participación en el hecho es una declaración de ella, obtenida bajo tortura, en la que se inculpa y que ya fue desacreditada y la declaración de la víctima, no firmada, no ratificada, quien dice que escuchó a Keren en la casa, pero nunca la vio, de hecho no ha habido un careo en el que la reconozca. 

“Aquí no importa quién la hizo sino quién la va a pagar”, recuerda Keren, en entrevista telefónica con N+ desde el penal en Tlaxcala, que dijo un comandante a cargo del operativo en el que la detuvieron. 

El juez tomó la decisión de ratificar la sentencia contra ella a pesar de tener por acreditada la tortura y basándose en el parte informativo firmado por los policías y en una declaración de la víctima del secuestro que nunca fue ratificada ante el juez. 

Keren lleva nueve años en prisión. Lo peor que ha pasado en este tiempo, dice, es no poder estar al lado de su hija, quien tenía un mes de nacida cuando la detuvieron. “Enfrentarme a la separación de ella es lo peor. Me la arrebataron muy pequeña. No hice nada malo y no he podido estar junto a ella”. 

Era 11 de diciembre de 2015. Hacia apenas un mes que Keren había tenido una cesárea, después de un embarazo complicado por una preclamsia. Apenas se estaba recuperando. No había salido de casa de su madre en Xalapa, Veracruz, pero necesitaba dinero y acudió a la vivienda donde supuestamente trabajaba su expareja en limpia, a unas cuadras de su domicilio, para que le diera la manutención para la niña. 

Ciria Hernández, mamá de Keren, dice que su hija tuvo a la bebé en los primeros días de noviembre y desde entonces había estado en casa, recuperándose del embarazo de alto riesgo y la cesárea que tuvieron que hacerle. 

“Solo salió -asegura- porque el papá de mi nieta la llamó por teléfono, le dijo que se iba a ir lejos y que le iba a dar dinero, que fuera a buscarlo. Yo le dije, ¿Pero cómo vas a salir en tu estado? Y me dijo, es aquí cerquita”. 

La joven estaba en la puerta, esperando que le abrieran, cuando integrantes de la policía federal y ministerial de Tlaxcala arribaron al lugar, algunos iban vestidos de civil, pero armados. Amagaron a la joven y entraron al domicilio, detuvieron a los dos hombres que se encontraban adentro y rescataron a una mujer víctima de secuestro. 

Keren no sabía que su expareja estaba involucrado en eso. Habían dejado de vivir juntos dos meses atrás, después de hacerlo por alrededor de dos años, tiempo en el que él, dice la joven, tuvo trabajos honrados, en una vidriería y en dos panaderías que son propiedad de los tíos de ella. Después de que se separaron, porque él tenía un carácter muy difícil, dice Keren, él le dijo que estaba trabajando en limpieza, con unos amigos.  

La tortura

Solo por estar afuera de la casa en el momento en que arribó el operativo, los policías se la llevaron, no había una orden de aprensión en su contra pero igual se la llevaron, junto con su bebé de un mes, a quien sostenía en los brazos. 

En la patrulla y en la casa de arraigo donde la trasladaron, porque no la presentaron de inmediato en la fiscalía sino hasta después de siete horas, la golpearon, la asfixiaron y la amenazaron con quitarle a su hija. 

Ella tenía un mes de haber nacido y no estaba registrada, entonces ellos me decían que la iban a desaparecer, que yo no tenía cómo comprobar que la tenía y que ya no la iba a volver a ver. 

Keren cedió ante eso y se auto inculpó de participar en el secuestro. Su caso es representativo de lo que sucede en el sistema de justicia mexicano. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, del Inegi, 64.4% de las mujeres recluidas en centros penitenciarios que fueron encuestadas refirieron haber sufrido algún acto de violencia en el momento de su detención y durante su traslado al Ministerio Público. 

Más del 70% recibió algún tipo de amenaza a su persona o a familiares, en el 47.8% las amenazaron con levantarles cargos falsos, en el 8% sí se realizó algún daño a sus familiares, el 22.1% fue desvestida y el 27.5% fue presionada para denunciar a un tercero.

En estos casos, la mayoría de las involucradas son de escasos recursos. Keren estudió hasta tercer semestre de preparatoria, él que era su pareja no la dejó seguir con la escuela. Se empleó en un café internet, hasta que empezó con su embarazo de alto riesgo. 

La condena

Después de cuatro años de proceso, y en manos de un defensor de oficio, a Keren le dictaron una sentencia de 50 años de prisión. A su expareja, en cambio, quien sí estaba involucrado en el secuestro le dieron solo 4 años, por ser menor de edad, tenía 17 años cuando se cometió el delito, y ya está en libertad. 

En 2021, el Centro Prodh asumió la defensa de Keren, apelaron el fallo. En el caso de Keren hay muchos elementos en el expediente que acreditan la tortura, dice la abogada Melisa Zamora, no solamente es su testimonio, sino que cuando ella relata que la torturaron, la propia Fiscalía ordena una investigación. Existen dictámenes médicos y psicológicos que acreditan que sí tiene secuelas de estos actos e incluso en la sentencia de primera instancia se reconoció esta tortura. 

Keren, dice la abogada del Centro Prodh, es una sobreviviente de tortura por razones de género, por el tema de que usaron a su hija como una forma de coerción para obligarla a autoincriminarse en un delito que no cometió.

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Además, señala la abogada, la única otra supuesta prueba que tienen contra Keren es la declaración de la víctima del secuestro, quien declaró cuando la rescataron, no ante un juez, sino ante el ministerio público y el mismo personal que torturó a Keren y en su declaración, que no tienen ni su firma ni su huella digital, señaló que había escuchado a una mujer, ni siquiera asegura haberla visto y poderla identificar, sino solo que la escuchó y dice después que supo que era Keren porque los policías así se lo dijeron. 

Por ser inocente y por todas las violaciones a derechos humanos en su detención y proceso, es que se presentó el amparo contra la sentencia condenatoria. El 27 de septiembre de 2021 un Tribunal Colegiado se lo concedió al considerar que se habían violentado derechos procesales, por lo que ordenó reponer el procedimiento.  

Es decir, que el amparo ni siquiera se le concede a Keren por todas las violaciones a derechos humanos que tuvo ni por la acreditación en el expediente de la tortura, si no por cuestiones procesales: el juzgado dice que advierte inconsistencias entre las declaraciones y como no hubo careos; por eso se ordena la reposición del procedimiento hasta la etapa de instrucción, que es la de pruebas.

Tardó un año y medio para que se pudieran llevar a cabo los careos porque la víctima, que no ha ratificado nunca la supuesta denuncia que hizo contra Keren, no quería comparecer, tuvieron que amenazarla con arrestarla para que se presentara a la audiencia, explica la abogada del Centro Prodh. 

Fue hasta el 27 de septiembre de este 2024 que se logró la audiencia de derecho, la última diligencia que se hace dentro del proceso penal donde todas las partes son citadas para expresar sus últimos alegatos.

Este lunes 11 de noviembre, en lugar de absolver a Keren, el juez ratificó la sentencia en su contra en la que la condena a 50 años de prisión. Ahora la defensa de la joven interpondrá un recurso de apelación y un escrito de agravios, por todas las violaciones y deficiencias en el proceso. 

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