Gobierno Atribuye Suicidios de Internas en Cefereso 16 a Abandono Familiar y Deterioro Mental

El gobierno mexicano atribuyó los 19 suicidios acontecidos en los últimos cinco años en el Centro Federal de Readaptación Social de Morelos, Cefereso 16, al abandono de las familias que supuestamente padecen las reclusas; al deterioro de su salud física y mental, previo al ingreso a esta prisión; a la exclusión que padecen de sus dinámicas familiares; a la falta de seguimiento de sus defensores legales y a las altas sentencias que tienen. 

Así lo señaló Richard Urbina Vega, titular de la Unidad de Asuntos Legales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social del gobierno federal, el cual se encarga de organizar y administrar los Ceferesos, durante la audiencia que sostuvo el Estado mexicano, organizaciones de la sociedad civil y el Instituto de la Defensoría Pública con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de las mujeres en este centro penitenciario. 

De 2019 a la fecha, 19 mujeres privadas de su libertad se han quitado la vida en el Cefereso 16. Familiares, organizaciones de la sociedad civil y el Instituto de la Defensoría Pública han denunciado que las internas viven ahí en condiciones torturantes, por eso solicitaron la audiencia con la CIDH.

De acuerdo con estas denuncias, las mujeres privadas de su libertad padecen en este lugar falta de acceso a servicios adecuados de salud, como ginecológicos, psiquiátricos y psicológicos; tienen una alimentación deficiente; castigos constantes; pocas actividades recreativas y muy poco contacto con sus familiares, quienes residen en otros estados, y a quienes solo se les permite llamar por teléfono un par de veces a la semana durante diez minutos. 

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El mismo Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha documentado la deficiente atención a la salud de las internas, el alejamiento de sus familias, la falta de acceso a actividades recreativas y de formación, los castigos y el aislamiento, y ha emitido recomendaciones para que esto se corrija. 

Pese a eso, Urbina Vega, aseguró ante la CIDH: “A partir del primer fallecimiento nos dedicamos a identificar los factores detonantes, encontrando como principales hallazgos: el abandono familiar, el traslado (de las mujeres) de sus lugares de origen al Cefereso, el deterioro en la salud física y mental, previo a su ingreso al centro, la exclusión que padecen en sus dinámicas familiares, el impacto que tiene la notificación de sentencias condenatorias y la falta de seguimiento por parte de sus defensores legales”. 

Este Cefereso es el único femenil de toda la República, por lo que aquí son trasladadas mujeres de todos los estados del país, a quienes se les aleja de sus familiares, para los que es muy difícil viajar para visitarlas. 

De hecho, en respuesta a la atribución de los suicidios al supuesto abandono de las familias de las reclusas, Nayomi Aoyama González, coordinadora del programa Sistema Penitenciario y Reinserción Social de Documenta, asociación civil, señaló que es lamentable esa postura del gobierno y especificó que si las familias no pueden visitar a las mujeres es porque las mandan lejos de sus lugares de residencia. “Una familia de Tamaulipas, por ejemplo, tiene que pagar 10 mil pesos para viajar a la visita y no tienen ese dinero”, remarcó. 

Culpan también a afecciones psicosociales 

Los representantes del gobierno presentes en la audiencia también atribuyeron los suicidios a afectaciones psicosociales de las mujeres privadas de su libertad. 

Jesús Moreno Rogel, titular de la Unidad de Atención Psicosocial del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social del gobierno federal, aseguró que, “sin ánimo de estigmatizar sino de transmitir los hallazgos obtenidos (se ha determinado) que existe un común denominador de las mujeres que están privadas de la libertad y que deciden quitarse la vida y es que muy probablemente no hay en su vida vínculos seguros que les permitan aprender el apego y la conexión social”. 

Esto, agregó, “las coloca en un estado donde han aprendido que la vida se trata de supervivencia constante, lo cual genera que sus respuestas permanentemente sean de lucha y huida. Al carecer de vínculos seguros que proporcionan crecimiento y tranquilidad, la respuesta de lucha y huida se exacerba”. 

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Las organizaciones de la sociedad civil y el Instituto de la Defensoría Pública presentes en la audiencia señalaron que en general el Estado mexicano no ha mejorado las condiciones que existen en el Cefereso 16 pese a las recomendaciones de la CNDH y a los suicidios, que no paran en este centro, apenas hace unos días se quitaron la vida dos mujeres. 

Ante lo expuesto por ambas partes, organizaciones y gobierno, el comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana expuso que ojalá el Estado mexicano les permita realizar una revisión de las condiciones del Cefereso 16 para ubicar oportunidades de apoyo y asistencia técnica.

Los representantes de la CIDH también señalaron la pertinencia de que, como lo pidieron las organizaciones de la sociedad civil, se realicen mesas de trabajo para evaluar las condiciones del Cefereso 16 y proponer mejoras. 

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