Cada Día Detienen a 2 Menores de Edad por Delincuencia Organizada

A la fuerza, por la violencia que viven en sus hogares, por querer pertenecer a algo o el deseo de salir de la pobreza, son algunos de los factores que llevan a menores a ser parte de las filas del crimen organizado en México.

Desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, con el expresidente Felipe Calderón, hasta este año, han sido detenidos 10 mil 348 menores de edad por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardía Nacional (GN) y la extinta Policía Federal (PF), de acuerdo con datos obtenidos vía transparencia en poder de N+.

Lo anterior se traduce en que al menos 2 menores de edad fueron detenidos cada día desde el 1 de enero de 2007 a marzo de 2023.

Pero estas cifras son apenas una muestra de un problema social y de seguridad que va más allá, y en el que según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) entre 250 mil y medio millón podrían ser reclutados por grupos del crimen organizado en México.

El fenómeno de los involucramientos forzados y voluntarios de la niñez mexicana se deriva de contextos económicos de pobreza; entornos de violencia familiar y territorial, pertenencia, y un ingrediente más: la narcocultura como un modelo de aspiración, señalan expertos. A esto se suma la militarización del país; el abandono de las NNyA por parte del Estado, y la eliminación y recortes presupuestales de programas de atención a la niñez.

El factor económico de pobreza y falta de oportunidades es lo que los arroja a ser más fácilmente reclutados y utilizados, señala Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Sin embargo, la población de menores en condiciones de pobreza no es la única que queda enganchada, explica Claudia Alarcon, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Por lo regular se vincula al crimen organizado a los que están en contextos altamente precarizados. Esto es la “criminalización de la pobreza”, dice, pero también están vinculados los menores de clases medias y altas.

Ciertos grupos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes son más susceptibles a ser estigmatizados y asociados a la criminalidad, debido a su condición socioeconómica, destaca el informe Crimen organizado y derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes: desafíos y acciones estatales 2023, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Por otra parte “el reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y personas jóvenes se ha ido extendiendo por todo el territorio, en la misma proporción que el Estado mexicano ha militarizado al país”, asegura Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia América Latina y el Caribe.

A esto, añade, desde el gobierno del expresidente Vicente Fox al del mandatario Andrés Manuel López Obrador, los presupuestos a las Fuerzas Armadas se han incrementado.

Por ejemplo, para el ejercicio fiscal 2005 a la Defensa Nacional se le destinaron 24 mil 2 millones de pesos y a la Marina 8 mil 636 mdp, en tanto en 2023 a la Sedena se le destinó 111 mil 911 mdp, y a la Semar 41 mil 878 mdp.

En contraste, lamenta, se han eliminado y/o recortado para la prevención y la atención de la violencia armada, escuelas de tiempo completo, instancias infantiles, entre otros; además que el control territorial de los grupos criminales los tiene atrapados y se convierten en desechables.

De huachicoleo hasta falsificación de moneda y delitos ambientales

Los datos muestran que 6 mil 296 menores fueron detenidos por la Sedena; 4 mil 52 por la PF y 190 por la GN. Respecto a los delitos, éstas últimas dos señalaron por portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, contra la salud, posesión de sustancias probablemente narcóticos y más. En tanto la Defensa sólo destacó que 4 mil 795 fueron hombres y mil 501 mujeres de 15, 16 y 17 años de edad.

A su vez, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que 9 mil 455 menores de edad fueron detenidos por delitos similares, y otros como robo y transporte ilicito de hidrocarburos, ambientales, falsificación y alteración de moneda, contrabando, pornografía infantil, robo de rieles, posesión de cartuchos en cantidades mayores y más entre el 2007 y 2019, respecto a años recientes no dio información.

Otro de los componentes que los llevan a involucrarse en los grupos delincuenciales son los entornos familiares.

“Son adolescentes y personas jóvenes que están en familias con trayectorias carcelaria, de consumo de alcohol u otro tipo de drogas. Están siendo víctimas de violencia física”, lamenta el coordinador de Tejiendo Redes.

La investigadora de la UAM coincide, que es la familia quien involucra a los adolescentes en la vida delictiva: se vuelve parte de la cultura familiar. Aquí también interfiere el acceso a los servicios básicos, hacinamiento y las visitas de familiares en los penales.

En el país el 83.5% de la población de adolescentes en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (SIJPA) señaló que alguno de sus padres o personas adultas con quienes creció, consumía alcohol frecuentemente, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (ENASJUP) 2022 del INEGI. En tanto, el 31.8% manifestó que tuvo un padre o tutor en reclusión en un centro penitenciario.

La directora de Redim añade que otros factores son la influencia de la narcocultura, la sensación de pertenencia, la presencia cotidiana del Ejército en las calles y la naturalización de la violencia armada.

Jota Ka, quien prefiere no revelar su nombre ni el estado en el que ha laborado como custodio en centros penitenciarios para adultos y de reinserción de menores, resume que el principal componente es el descuido de las autoridades hacia los jóvenes y la presencia de la narcocultura.

“Ahorita con los narcocorridos y los corridos tumbados ensalzan a ese tipo de personas. Es lo que ellos quieren tener, un estatus, traer dinero en la bolsa, poder”, apunta.

Reinserción los vincula más al crimen

Al centro de reinserción para adolescentes donde laboraba Jota Ka en una ocasión  llegaron tres muchachos acusados por un delito menor: robo. Sin embargo, adentro el sistema los pervirtió. Con el tiempo se volvieron conflictivos, comenzaron a participar en motines y más infracciones dentro del lugar. Luego, durante un pleito a otro menor le sacaron un ojo.

Lo anterior muestra cómo el sistema carcelario o de reinserción para menores sólo es punitivo y no para integrarse de nuevo a la sociedad, lo que se resume en un fracaso.

“Es un espacio donde se congregan una serie de dinámicas y prácticas establecidas de la delincuencia, que se vuelven parte del aprendizaje. La gente con la que se van a vincular les va a ofrecer una salida, un supuesto empleo, les van a dar dinero y son con los que van a estar en deuda cuando salgan de prisión. El sistema penal cree que a base de castigo es la única forma en la que se va recuperar a estos adolescentes, la reinserción social es una gran farsa”, expone Claudia Alarcon quien ha trabajado de cerca con menores en reinserción.

Tania Ramírez destaca que son llevados a lugares en donde no hay condiciones de readaptación. Están en las cárceles con una seguridad patrocinada por el mismo grupo delincuencial que les está esperando a su salida, para incorporarlos en el círculo y en el negocio.

“Tendríamos que pensar qué oportunidades de vida y que cambios tienen que darse, para que una vez terminada la pena puedan reconstruir un proyecto de vida digno”, propone.

“No es recomendable privarlos de la libertad, porque los entregan literalmente a una vida carcelaria. Y la experiencia nos dice que cuando privan de la libertad a un adolescente tiene 80% más de probabilidad de reincidir”, platica Martín Pérez.

Entre el 2017 y el 2022 el número de adolescentes en sanción de internamiento casi se duplicó, al pasar de 17 a 30.2%, según cifras de la ENASJUP 2022.

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