Deportación Infantil: el Muro Mexicano

Cuando Wilmer, hondureño de 12 años, fue trasladado al aeropuerto de Ciudad de México el 9 de octubre de 2023, se dio cuenta de que los funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) le habían engañado. “Me mintieron, me dijeron que iba para Estados Unidos, pero me mandaron para Honduras”, dice. Horas después el menor aterrizaba en San Pedro Sula, capital industrial de Honduras. Nadie le estaba esperando. 

Wilmer trataba de escapar del peligro. Su madre, Nolvia, fue asesinada en Honduras en noviembre de 2022 y su tío, Santos Rafael, sufrió un atentado meses después. Ante el temor de ser el siguiente, Wilmer quiso huir a Estados Unidos junto a su tío y su hermano, Jhony José, de 11 años. Su objetivo era encontrarse con Amanda, su tía, a quien no conoce en persona pero a la que siempre vio platicando con su madre por videollamada. “Como mi madre ya no está, ella es como mi mamá ahora”, explica.

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Sus dos familiares lograron su objetivo, pero el menor fue capturado en un retén en Villahermosa, Tabasco. Después de tres semanas encerrado en un centro del DIF en el mismo estado, las autoridades mexicanas lo devolvieron a Honduras, el lugar en el que su madre fue asesinada y su tío recibió tres balazos. Pidió asilo en México, pero se lo negaron, según él mismo denuncia. 

El caso de Wilmer simboliza todas las irregularidades y omisiones que México comete contra niños, niñas y adolescentes migrantes. Es imposible contabilizar cuántos Wilmers fueron deportados a Honduras, Guatemala o El Salvador sin que las autoridades federales tomasen en cuenta si ponían en riesgo su vida. 

Entre 2013 y 2023, un total de 113 mil 208 mil menores no acompañados en tránsito fueron detenidos por las autoridades migratorias mexicanas. De ellos, 78 mil 879 fueron deportados. Es decir, que casi ocho de cada diez niños, niñas y adolescentes que trataban de alcanzar Estados Unidos sin ningún familiar fueron capturados y devueltos al lugar del que escaparon. Es el muro mexicano contra la migración más vulnerable. Este porcentaje se redujo al 45% durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, más de 20 mil niños como Wilmer fueron expulsados de México. De hecho, nuestro país llega a deportar a más niños centroamericanos solos que Estados Unidos. En 2023, Washington devolvió a 49 menores no acompañados a Honduras, mientras que México a 1 mil 871, según cifras oficiales hondureñas. 

N+Focus habló con niños migrantes, activistas de ONG y funcionarios mexicanos,  hondureños y guatemaltecos para constatar que, a pesar de las promesas de trato humanitario, la política de detención y deportación sigue activa para niños, niñas y adolescentes centroamericanos. Los cambios legislativos no sirvieron para mejorar sus condiciones. Los testimonios muestran un sistema en el que lo último que importa es el menor: desde su detención e internamiento en un centro cerrado hasta su expulsión sin tener conocimiento de si habrá alguien que pueda recibirlo. 

México registra un incremento del flujo migratorio sin precedentes. Más de 780 mil migrantes en situación irregular fueron interceptados por las autoridades mexicanas en 2023, de los que fueron deportados apenas 53 mil; la gran mayoría, centroamericanos. 

En el caso de los niños, niñas y adolescentes, una reforma de la Ley de Migración aprobada en 2020 y que entró en vigor al año siguiente, establece que los menores migrantes no pueden ser encerrados como adultos en los centros de detención. Por el contrario, deben ser trasladados a los Centros de Asistencia Social, instituciones a cargo del DIF. 

La aprobación de esta norma no estuvo exenta de tensiones al interior del gobierno federal. Documentos en poder de N+Focus indican que, por ejemplo, el INM alegó que el DIF sería incapaz de albergar a los niños, niñas y adolescentes, por lo que solicitó mantener la capacidad de encerrarlos en centros de detención. Finalmente, la dependencia que lidera Francisco Garduño no se salió con la suya. 

Uno de los grandes problemas de esta norma es que deja en manos de dependencias estatales y municipales políticas públicas que afectan a todo el país. Así, niños, niñas y adolescentes quedan bajo la tutela de instituciones que, en muchas ocasiones, carecen del personal adecuado o de un presupuesto suficiente. 

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Es el caso de Wilmer, que fue encerrado en el centro Celia González Rovirosa, en Centro, Tabasco, y deportado tres semanas después. De nada sirvieron sus intentos para pedir asilo y las súplicas de su tía, Amanda, que lo espera en San Francisco. 

La falta de control es evidente hasta en las cifras, ya que los datos de detención y expulsión que manejan el INM y las diferentes procuradurías no coinciden. Como ejemplo, Chiapas, el estado que registra un mayor flujo migrante por ser el principal puerto de entrada. Según el DIF estatal, desde 2021 fueron atendidos 64 mil 834 niños, niñas y adolescentes, tanto acompañados como no acompañados. De ellos, 32 mil 616 fueron canalizados a los CAS y 10 mil 196 deportados. El INM, por su parte, tiene otras cifras: asegura que en los últimos tres años fueron interceptados 85 mil niños, niñas y adolescentes, de los que fueron deportados apenas 3 mil 786. Las autoridades no saben ni siquiera cuántos menores estuvieron a su cargo ni qué ocurrió con ellos. 

¿A dónde van los menores?

Tras la aprobación de las modificaciones en la Ley de Migración que impiden encerrar a los niños en centros de detención, las autoridades migratorias recurrieron a los Centros de Asistencia Social. Ahí, los menores son encerrados hasta que se determina cuál es su interés superior. En un primer momento, ante la falta de infraestructura, el DIF colaboró con albergues privados para que se hiciesen cargo. Pero, progresivamente, se impusieron las dependencias públicas. Según el registro del DIF existen 44 de estos centros, todos ellos públicos y de régimen cerrado.

Desde 2021, el gobierno federal gastó 3.4 mil millones de pesos en 189 convenios con los DIF estatales y municipales para el acondicionamiento de estos centros. En algunos casos, como en San Luis Potosí, se construyeron dependencias nuevas. 

La fiscalización de estos centros es compleja. Pero las denuncias, tanto contra el INM como contra el DIF o los albergues, son continuas. Por ejemplo, el Órgano Interno de Control del INM recibió desde 2018 más de 125 quejas por el trato de sus funcionarios a niños, niñas y adolescentes migrantes. Además, existen quejas o denuncias ante las comisiones de derechos humanos o el OIC contra los DIF de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Nayarit, Oaxaca y Puebla. En el caso de Wilmer, IMUMI presentó una queja ante la CEDH de Tabasco que todavía está por resolverse. 

Wilmer permaneció tres semanas en el centro social Celia Rodríguez Rovirosa, en Centro, Tabasco. Allí pidió asilo por instrucción de su tía Amanda, pero los funcionarios lo ignoraron y determinaron que debía ser deportado a Honduras. 

Esta decisión viola flagrantemente los estándares internacionales. “Cuando corre riesgo la integridad física o la vida de un niño en ese retorno, la deportación no es una opción viable”, explicó Hernán Monath, especialista de Unicef. 

“Las autoridades tendrían que haber escuchado. ¿Qué pasa? Que no lo hicieron. La primera respuesta que están haciendo es la desprotección, es decir, retornarlos a su país de origen”, lamenta Sandra Mejía, abogada de Imumi. 

Entre 2017 y 2022, un total de 6 mil 731 niños, niñas y adolescentes solicitaron asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar). De ellos, 3 mil 636, más de la mitad, recibieron refugio o protección complementaria. 

Según la ley, todo niño, niña o adolescente que sea interceptado por migración y entregado al DIF debe tener un plan de restitución de derechos. Pero las procuradurías no cumplen. Por ejemplo, el DIF de Chiapas señaló que desde 2021 apenas elaboró 16 mil de estos documentos. Si se tiene en cuenta que la dependencia dijo haber atendido a 65 mil niños, niñas y adolescentes en este período, apenas uno de cada cinco recibió los cuidados previstos en la ley. 

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En otras ocasiones, estos documentos son una mera formalidad. El 14 de septiembre de 2023, un tráiler con 350 migrantes fue interceptado en Cosamaloapan, Veracruz. De ellos, al menos 45 eran menores sin acompañar. En menos de 5 días, todos ellos menos dos (uno que huyó y otro que fue reunificado) fueron deportados. En el documento que justificaba su expulsión, el DIF señalaba que los niños habían alegado que buscaban mejoras económicas y tener la posibilidad de estudiar. Pero el “bien superior del menor” fue retornarlos. 

N+ Focus habló con todas las instituciones que intervinieron en la deportación de Wilmer: Procuraduría de la Niñez, albergue Celia González Rovirosa y consulado de Honduras. Todas se echan la bolita la una a la otra pero no terminan de explicar por qué un niño que pidió explícitamente protección al estado mexicano terminó deportado. 

La expulsión

El 9 de octubre de 2023, Wilmer fue llevado con engaños al aeropuerto de Villahermosa. Ahí tomó un avión a la Ciudad de México y, desde la capital, fue expulsado, vía aérea, a San Pedro Sula, en Honduras. En su caso, según su testimonio, el INM utilizó un avión comercial. Según bases de datos que registran los vuelos de deportación desde 2018, el gobierno federal centralizó las deportaciones de niños en diversos municipios. Por ejemplo, San Luis Potosí. Solo en la segunda mitad de 2021, más de 2 mil 200 guatemaltecos no acompañados fueron expulsados en 28 vuelos chárter. Más recientemente, desde septiembre de 2023, Villahermosa, Tabasco, se convirtió en el principal punto de expulsión, con más de 300 menores solos devueltos a Guatemala y Honduras. 

Además de la vía aérea, el gobierno federal empleó autobuses para expulsar a niños, niñas y adolescentes. Las principales rutas partieron desde Tapachula, Chiapas, y llegaban hasta Quetzaltenango, Guatemala, y San Pedro Sula, Honduras. Solo en 2023 partieron casi 60 de estos autobuses, llenos casi completamente de niños no acompañados. El viaje a San Pedro Sula, por ejemplo, es un largo trayecto de más de 700 kilómetros que suele tardar más de 15 horas. 

En Honduras, Wilmer llegó al Centro Belén, un albergue ubicado en San Pedro Sula en el que las autoridades hondureñas reciben a los deportados, les ofrecen una primera atención y buscan a sus familias. En teoría, las autoridades mexicanas deberían de preocuparse de a dónde envían a los niños. Pero eso rara vez ocurre. Como explica Lydian Palencia, directora del Centro Belén, “llegan bastante frustrados, porque tienen a veces hasta 15 o 20 días de estar encerrados. Además, muchas veces no tenemos un contacto familiar, por lo que cuesta más lograr la reunificación”. 

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Palencia denuncia las condiciones en las que llegan los menores: sucios, con hambre y, en ocasiones, enfermos. 

Desde que Wilmer llegó a Honduras tuvo que cambiar de domicilio hasta en tres ocasiones debido a la inseguridad. En diciembre, la policía hondureña irrumpió en el domicilio en el que se encontraba refugiado en San Pedro Sula para arrestar a uno de sus primos, a quien acusaba de formar parte del Barrio 18, una de las dos principales pandillas, junto a la Mara Salvatrucha, que operan en Centroamérica. Horas después fue liberado. 

En junio de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su propuesta para que el DIF se hiciera cargo de los niños migrantes. “El DIF nacional en coordinación con los DIF de los estados se van a dedicar a los niños migrantes. Y si es necesario los abrazamos y los protegemos y los hacemos mexicanos”, dijo. Las buenas palabras no tuvieron su reflejo en los hechos. El gobierno mexicano separa familias como las de Wilmer. Las promesas de un trato humanitario desaparecieron ante las políticas que impiden el paso seguro de niños que huyen de la pobreza y la violencia.

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