Corrupción Inmobiliaria Ya es Delito en CDMX; ¿Cuántos Años de Cárcel Darían a Funcionarios?

El Congreso de la Ciudad de México aprobó años de cárcel para servidores públicos que sean sancionados por corrupción inmobiliaria y el castigo se endurece si obtienen beneficios económicos

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Corrupción Inmobiliaria Ya es Delito en CDMX; ¿Cuántos Años de Cárcel Darían a Funcionarios?

Vecinos de Benito Juárez protestan contra el llamado Cártel Inmobiliario en CDMX el 21 de marzo de 2024. Foto: Cuartoscuro

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El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) aprobó el 21 de marzo de 2024 el dictamen a la iniciativa propuesta por el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, que identifica como delito la corrupción inmobiliaria y sanciona hasta con 30 años de cárcel a funcionarios que resulten responsables.

De acuerdo con un comunicado, el dictamen aprobado establece sanciones de 10 a 20 años de prisión a la persona servidora pública que permita la construcción de inmuebles o la construcción de pisos adicionales que no cumplan los requisitos legales.

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Además, la pena se incrementará en una mitad cuando las conductas previstas produzcan beneficios económicos, ya sea en efectivo o en especie, a la persona funcionaria, su cónyuge, descendientes o ascendientes, socios, o sociedades de las que el servidor público o las personas referidas formen parte. Por lo que la pena máxima que podrían alcanzar los servidores públicos es de 30 años.

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Al fundamentar el dictamen, el diputado José Octavio Rivero Villaseñor (Morena), presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, indicó que se busca sancionar como un delito cuando funcionarios públicos permiten o toleren por acción u omisión la construcción de inmuebles sin los requisitos establecidos por la ley.

Para ello se creó el capítulo XV y el artículo 276 Quater al Título Décimo Octavo del Libro Segundo del Código Penal para el Distrito Federal, con el objetivo de prevenir y combatir la corrupción inmobiliaria, a propuesta del jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama.

Se busca evitar que en el futuro se vuelvan a presentar casos de corrupción inmobiliaria cometidos desde las oficinas de las alcaldías y en general de cualquier oficina gubernamental involucrada con la política inmobiliaria de la ciudad.

Tras la aprobación, Martí Batres agradeció a los legisladores. "Será para bien de la ciudadanía".

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RH