“Cúralo o lo Pagas con tu Vida”: Médicos Pasantes Trabajan Bajo Amenaza

Obligados por la necesidad de graduarse, los pasantes de medicina tienen que ir a prestar sus servicios a zonas donde se enfrentan a amenazas, levantones y hasta a ser usados como mulas

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Andrea Vega | N+

Médicos pasantes se quejan por la inseguridad que viven

Médicos pasantes marchan para exigir mejores condiciones de seguridad. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Eran entre las 4 y las 5 de la tarde cuando varias camionetas sin placas y con vidrios polarizados llegaron hasta la clínica de salud donde Juan estaba como pasante de medicina, en el municipio de Tepehuanes, en la sierra de Durango. De los vehículos bajaron hombres armados. Llevaban a un adolescente de 13 o 14 años que se quejaba de un dolor. A punta de pistola le exigieron a Juan que lo atendiera. 

“Yo tenía mucho miedo. Llevaba dos meses en el servicio social en esa clínica, donde no había más médico que yo, y era la primera vez que enfrentaba a algo así. Me habían dicho que antes en esa zona llegaban a las clínicas hombres armados, se llevaban a los médicos y ya no regresaban, pero que eso ya no sucedía, así que estaba en shock”, dice Juan, nombre ficticio para proteger su identidad. 

Como pudo se sobrepuso y comenzó a examinar al adolescente. El diagnóstico fue que tenía apendicitis y necesitaba una cirugía de urgencia. Ahí empezaron las complicaciones para Juan. “Les expliqué que no podía practicar la operación porque no tenía los insumos ni los instrumentos ni los aparatos necesarios para operar y ellos se pusieron agresivos pensando que no quería atender al muchacho”. 

Con palabras altisonantes y amenazas le dijeron que no se irían de ahí hasta que el adolescente estuviera curado.

Me decían: entonces para qué estás tú aquí, ocupamos que le des algo, cúralo o lo pagas con tu vida. 

La precariedad de las clínicas, la falta de materiales y medicamentos y la poca experiencia que tienen los pasantes, puesto que son eso, pasantes, los pone en mayor riesgo de ser blanco de todo tipo de agresiones al no poder dar la atención que requieren los pacientes, quienes también sufren las consecuencias de esa escasez de todo. 

La enfermera que estaba con Juan, que sí era personal de base y llevaba años en el pueblo, intervino para explicarles tranquilamente a los presuntos malandros que no era que no quisieran atender al adolescente, sino que esa era una clínica rural y no estaba equipada para cirugías. “De alguna forma ella logró que se tranquilizaran, después solo estabilizamos al adolescente y se fueron. Pero tengo muy claro que pudieron haberme matado de no ser por ella”. 

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Juan siempre recuerda ese episodio, quizá por ser el primero, aunque hubo otras veces que personas armadas llegaron hasta la clínica para llevárselo a atender a heridos o personas enfermas. Afortunadamente se lo llevaban, él hacía su trabajo y lo regresaban a la clínica. De esos episodios no quiere entrar en detalles, le da miedo todavía, a un año de haber terminado su servicio social, hablar de todo eso. 

El pan de cada día 

Para los pasantes de medicina que van a zonas alejadas o donde la inseguridad es más alta este tipo de vivencias son el pan de cada día. De hecho, en julio de 2022, este tema saltó a la opinión pública por el asesinato, el día 15 de ese mes, de Eric David Andrade Ramírez, un pasante de medicina, que fue asesinado en el Hospital Integral de El Salto, Pueblo Nuevo, Durango. El asesinato ocurrió mientras el joven de 24 años atendía a un paciente en la clínica donde prestaba servicio social.

El homicidio causó indignación nacional y provocó la movilización de los médicos en formación, tanto de Durango, como de todo el país. Hubo marchas y mítines para exigir justicia para Eric, y mayor seguridad para quienes realizan su servicio social.

A más de un año de esos hechos, no ha habido cambios de fondo, dice Andrés Castañeda, director del Colectivo de Médicos en Formación. El activista señala que las autoridades quitaron plazas de servicio social en zonas peligrosas en Durango y Zacatecas, y en Chiapas se ha tratado de que los pasantes no estén solos en las clínicas, es decir sin un médico adscrito. 

Sin embargo, subraya, “los pasantes se siguen enfrentando a situaciones de violencia, desde violencia interna por parte de sus superiores o compañeros, hasta por parte de las comunidades, sabemos del caso de un chico que violaron en la comunidad donde estaba, hasta por parte del crimen organizado”. 

Hay un clima de violencia que atraviesa al país, y por lo tanto a los médicos en formación, dice Castañeda.

Es común escuchar que se encuentran en los caminos con cadáveres, que llega gente armada a pedirles atención, hasta se los llevan para darla, y estos no son casos aislados, de alguien que le pasó alguna vez, es una constante. 

No hay un registro certero de cuántos médicos pasantes se enfrentan a situaciones de inseguridad, la mayoría no denuncia, por miedo a los grupos criminales, pero también por temor a no poder titularse. 

N+ solicitó vía transparencia tanto al IMSS como a la Secretaría de Salud saber, de 2016 a la fecha, cuántas agresiones se registraron en contra de médicos pasantes y la respuesta fue que no se cuenta con registros sobre esto. 

Este portal también solicitó la misma información a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución que respondió que tenían registradas, de 2016 a la fecha, solo 33 agresiones a pasantes de medicina, entre estas: robo con violencia, agresión física, intento de robo, allanamiento, abuso sexual y hostigamiento. 

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A su vez, el Instituto Politécnico Nacional respondió que tenía registradas, solo de 2020 (cuando puso en marcha su protocolo de violencia de género) a la fecha, 22 agresiones, entre las que se incluyen: acoso sexual, hostigamiento y abuso sexual. Esta institución no proporcionó registro de otro tipo de violencias. 

Solo en el papel 

De acuerdo con la normativa que regula el servicio social en medicina (NOM-009), apunta Juan Manuel Lira, extitular de la Unidad de Atención Médica del IMSS y doctor en Gobernabilidad y Gestión Pública, en cuestión de seguridad, las instituciones de educación superior deben de atender de manera inmediata las denuncias o quejas que ponga el pasante por actos que afecten su integridad, eso está establecido claramente en la norma, el problema es que no se cumple. Las escuelas dejan muy solos a los pasantes, dice. 

Castañeda apunta sobre esto que “no hay mecanismos concretos para que se pongan las quejas y las instituciones educativas dicen que es una tema de la Secretaría de Salud, y se tiran la bolita entre instituciones”. 

La Norma también establece en su numeral 6.3 que las instituciones de salud deberán establecer en coordinación con la institución de educación superior y las autoridades estatales, municipales y de la localidad, los mecanismos de protección a la integridad física de los pasantes durante la prestación del servicio social. Algo que tampoco ocurre. 

N+ solicitó entrevistas tanto a la Secretaría de Salud y al IMSS, como a la UNAM y al IPN para hablar del tema de inseguridad que viven los pasantes de medicina y si se está pensando en alguna estrategia para brindarles mayor protección. 

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Hasta el cierre de esta edición, solo el IPN contestó, a través de su oficina de prensa, que respecto a los pasantes de servicio social que lo hacen por un año, la Secretaría de Salud es la que se encarga de su seguridad.

Deme todo lo que tenga

Eran entre la 1 y las 2 de la tarde cuando unos fuertes toquidos casi le tiran la puerta a Mariana, nombre ficticio, quien se encontraba haciendo su servicio social en una clínica de Babicora, en el municipio de Gómez Farias, en la sierra de Chihuahua. 

No había un médico adscrito en el centro de salud. Además de Mariana, solo estaban una enfermera y una afanadora. De acuerdo con datos de la Dirección General de Información en Salud, de la Secretaría de Salud, hasta 2021, último año del que se tiene registros de todo el sector (incluido IMSS, ISSSTE, Pemex), todavía había 3 mil 200 clínicas donde el único personal médico eran pasantes

Quienes tocaban a la puerta del consultorio eran tres personas con pistola en mano que le exigieron a Mariana que les diera todo el material y los medicamentos que tuviera para curar infecciones. 

Me quedé congelada por cómo te hablan, con un tono de voz que te dobla por la prepotencia y la impotencia que sientes. Cuando reaccioné, mi enfermera y yo guardamos en una cajita todo lo que pudimos, entonces ya cambiaron el tono y me dijeron: no se asuste, aquí estamos para cuidarlas, solo que necesitamos esto. 

Mariana se asustó con ese hecho, que sucedió apenas unos días después de que empezará con su servicio social en Babicora en el periodo 2021-2022; sin embargo, trató de darse ánimos y de decir, “bueno, solo querían las cosas, en realidad no me iban a hacer nada”. 

Pero un día le tocaron la puerta a las 2 o 3 de la madrugada. Ella, como muchos pasantes, vivía ahí mismo en la clínica, porque su casa quedaba lejos y no podía ir y venir. Estaba completamente sola en el lugar. 

Fueron por mí para que fuera a ver a dos personas a las que habían torturado los malandros, la verdad es que cuando llegué, por los rasgos de tortura, las amputaciones, que no se les distinguía ni la cara, no había duda de que estaban muertos, fue muy traumático verlos así. 

Después de ese hecho, Mariana decidió que no iba a esperarse a que un día en la noche o la madrugada le volviera a pasar lo mismo o algo peor. Decidió que no se quedaría a vivir más en la clínica. Sus papas la apoyaron con los gastos de la renta, la comida, los traslados y se mudó a vivir a la cabecera municipal de Gómez Farias. 

“Llegaba a la clínica a las 7 de la mañana y me iba a las 3 o 4 de la tarde. Y los fines de semana solo iba unas horas si es que la enfermera me juntaba varios pacientes para atenderlos. Solo así me libré de esas situaciones, con todo y que tenía que trasladarme diario ya no me pasó nada más, pero yo pude estar más tranquila gracias al apoyo de mis padres, porque con la beca que me daban no me alcanzaba ni para la comida”. 

Andrés Castañeda, director del Colectivo de Médicos en Formación, dice que sigue habiendo condiciones poco dignas para realizar el servicio social en medicina, con becas que, en el caso de las más altas y que se le dan a quienes están en las zonas más alejadas, rondan los 3 mil 700 pesos al mes. 

Frente a esta precariedad en las becas es que las familias son quienes tienen que apoyar a los pasantes y solventar muchos de sus gastos, como los de vivienda, transporte e incluso alimentación. 

Busca ayuda, mamá

María, nombre ficticio, se encontraba haciendo su servicio social en medicina en una clínica en el municipio de Satevó, en el centro sur del estado de Chihuahua. También ella era el único personal médico en el centro de salud. El resto de la plantilla la completaba una enfermera de planta y una afanadora. También le tocaba vivir ahí mismo en la clínica. 

"La clínica está en un territorio dominado por la gente de Joaquín, El Chapo, Guzmán. De la gente que hay en el municipio, la mitad se dedica a trabajar en una mina que hay ahí y la otra mitad en el crimen organizado, no hay más. Un día en la noche casi recién llegada, me tocaron unos hombres armados para que atendiera a uno de ellos. Llena de miedo y nervios le di la atención y muy campantes me dijeron: no se preocupe, aquí estamos para cuidarla, nosotros vamos a hacer un filtro de quién le puede tocar en la noche para atención y quién no". 

A partir de ahí, María siguió su trabajo sabiéndose vigilada. Seguido había balaceras, dice, y unos compañeros que iban a visitarla a la clínica fueron obligados a servir de mulas. 

Los agarraron saliendo de su pueblito donde estaban haciendo el servicio, les aventaron una bolsa como con 3 kilos de paquetes de cocaína y les dijeron: ahí en San José los van a parar en tal kilómetro y les dan este paquete, entonces poquito antes de entrar a mi pueblo entregaron el paquete y ya llegaron conmigo todos asustados, nunca se imaginaron que iban a andar de mulas. 

En las semanas siguientes la inseguridad se fue elevando por disputas entre integrantes del Cártel de Sinaloa y los de La Línea, que pretendían entrar al territorio. 

Hasta que el caos se desató por completo. “Era 10 de mayo de 2021, yo estaba en un convivio con una de las familias del lugar cuando empezaron a pasar gente armada, en camionetas pitando y diciendo que nadie saliera de sus casas. Habían matado al cabecilla del grupo del Chapo y estaban sitiando el pueblo”. 

María logró marcarle a su mamá para pedirle que buscara ayuda. La señora hizo mil llamadas, hasta que la contactaron con alguien en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Aquí hay otro punto importante que Juan Manuel Lira, doctor en Gobernabilidad y Gestión Pública, destaca: la normativa también establece que los pasantes de servicio social deberán tener un medio de comunicación eficiente con el exterior y un canal abierto con las autoridades, por si se requiere. Pero eso tampoco se aplica. 

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Después de las mil llamadas de la mamá de María, los soldados llegaron al pueblo y los integrantes del crimen organizado huyeron antes de su arribo. Durante varias semanas hubo presencia militar en la zona, incluso con sobrevuelos en avioneta, para ubicar a los delincuentes que se escondían en cuevas. 

María pudo terminar su servicio social y una vez concluido se fue del pueblo para no volver. 

Castañeda reitera que hacen falta cambios de fondo en el servicio social. “Ellos siguen siendo mano de obra barata, para cubrir plazas que deberían estar atendidas por médicos adscritos contratados; las becas que les dan siguen siendo bajas; muchos viven en condiciones muy precarias dentro de las clínicas a las que se deben mudar porque los mandan lejos de sus casas y ahora además está el problema de la creciente inseguridad”. 

En general, tanto Andrés Castañeda como Juan Manuel Lira coinciden en que el servicio social en medicina se instauró hace muchos años (en 1936), con condiciones precarias, que no han tenido muchos cambios. Hoy, dicen, urge hacer esas modificaciones para que los pasantes tengan mejores becas, no estén solos en las clínicas haciendo el servicio social, tengan un verdadero programa de formación y apoyo de las autoridades de salud, educativas y de los tres niveles de gobierno para enfrentar los problemas de seguridad.

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