Sin Justicia, Caso de Niña que Murió en 2019 Bajo Custodia del INM

A Ada, su hija de diez años, se le murió en los brazos. El médico de la estación migratoria donde ambas estaban retenidas y donde la niña sufrió un accidente minimizó las lesiones y dejó pasar siete horas antes de ordenar su traslado a un hospital. La menor falleció en el trayecto. Por esa presunta negligencia, el médico no ha enfrentado a la justicia.

A cuatro años de los hechos, el proceso para juzgar su responsabilidad en la muerte de la niña va tan lento, que no ha pasado de la fase de inicio. 

“Ya van a cumplirse cuatro años desde que está chiquita de 10 años perdió la vida por la negligencia del médico adscrito a la estación migratoria de la Ciudad de México del Instituto Nacional de Migración(INM) y no hemos tenido la audiencia inicial ni se ha judicializado la carpeta de investigación (es decir que esta todavía no ha pasado a análisis de un juez)”, señala Lorena Cano, directora de la Clínica Jurídica del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), organización que lleva el caso de la menor.

La audiencia inicial (en la que se le informa al imputado de qué lo acusan y se decide sobre la solicitud de vinculación a proceso y medidas cautelares) estaba fijada, de manera virtual, para junio de 2022, pero el juez se dio cuenta que el médico la estaba tomando desde su automóvil, de manera que la suspendió y hasta ahora no se ha realizado.

Fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron a este portal que no es que haya habido dilación en este proceso, sino que las partes están en la búsqueda de un probable acuerdo reparatorio, por eso no ha habido audiencia de vinculación o de imputación. 

Algo que Lorena Cano rechaza por completo. Señala que aunque el juez sí tiene la facultad de mandar a las partes a conciliar, la familia y la defensa han dicho que no quieren un acuerdo reparatorio. 

“Ya hemos dicho que no buscamos una medida compensatoria ni un acuerdo privado, porque, además de acceder a la justicia en este caso, también se trata de demostrar que el hecho se debió a un patrón de conducta discriminatorio hacia la población migrante”. 

La muerte de la menor, a quien llamaremos Diana, ocurrió el 15 de mayo de 2019. A ella y a su madre, Ada, las detuvieron las autoridades migratorias en la frontera norte de México. Las trasladaron en autobús hasta la estación conocida como Las Agujas, en la capital del país.

En este centro las enviaron al dormitorio 59 y les asignaron a cada una, una cama en la parte de arriba de una litera. Dormida la niña se cayó y se golpeó en el costado izquierdo del abdomen, con la placa de cemento de la cama de abajo.

Su madre la llevó al servicio médico. “El médico no la revisó bien. Solo le tocó las costillas y me dijo: no tiene nada. Yo le dije pero no me puede decir que no tiene nada si la niña dice que tiene mucho dolor, entonces me dijo: dele estas dos pastillas de ácido acetilsalicílico y ya”, cuenta Ada.

Como Diana continuó quejándose de un dolor en el abdomen y estaba muy pálida, su madre volvió a pedir llevarla al servicio médico. “El doctor me sacó del consultorio al pasillo, para que la nena no nos escuchara, y me dijo que él pensaba que la niña estaba fingiendo para llamar la atención, yo le dije que no era posible que estuviera fingiendo y me di la vuelta para entrar al consultorio”, narra la madre.  

Cuando la mujer entró, la niña estaba vomitando. “Cuando yo veo el vómito que ella soltó eran unas ligas como de sangre, pero no era roja, era como el color del hígado, entonces le dije al doctor, dígame si eso es normal, entonces él me dijo que eso más bien parecía una infección intestinal”.

Ada narra que la niña le pidió acompañarla al baño, donde casi se desvaneció, regresaron al consultorio y le comunicó esto al médico, quien solo le dijo que llevara a la niña al dormitorio a que descansara y si se ponía peor entonces la llevara de nuevo.

Traslado tardío

Y sí, la niña se puso peor, empezó a salirle una especie de salpullido en el cuerpo y ya no podía sostenerse en pie. “Fue cuando ya las mujeres que estaban ahí hacinadas conmigo me ayudaron a llevarla con el doctor, a patadas le abrieron la puerta y le exigieron que atendiera bien a la nena o ellas iban a reportar todas las negligencias que cometía”.

Fue ahí, ante la protesta de las migrantes y el ya grave estado de la niña que el médico pidió apoyo para trasladarla a un hospital, más de siete horas después de la caída de la menor. El traslado no fue en ambulancia sino en una camioneta del INM. El médico no las acompañó.

“No vino con nosotras por si algo se ofrecía, se quedó ahí en la estación. Nos mandó solas con el que manejaba y una señorita de Migración. Pero cuando llegamos al hospital, la nena ya no llevaba signos vitales. En el camino se me murió, se me quedó en los brazos”.

A Ada no le permitieron llamar a sus familiares en Guatemala para avisar del deceso de la niña, la mantuvieron incomunicada. Y aunque la trasladaron al Ministerio Público para formular la denuncia, una persona del INM la convenció de desistirse de hacerlo porque de lo contrario no podría volver pronto a su país para enterrar a su hija.

A la mujer ya no la regresaron a la estación migratoria, dice que estuvo en un departamento, acompañada de una psicóloga de Migración, durante uno o dos días, no lo tiene claro. Le dijeron que esto era para que no la molestaran con preguntas los periodistas o las otras migrantes.

De ahí la trasladaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sin embargo, su prima, quien se encontraba también en la estación migratoria de Las Agujas, logró hablar con personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que al día siguiente de la muerte de la niña hizo una visita de rutina al centro de detención, y los puso al tanto de la situación.

Así que antes de que Ada abordara el avión rumbo a Guatemala, personal de la CNDH la interceptó. “Me dijeron que yo estaba en mi derecho de denunciar, que regresara a mi país, enterrara a mi hija y cuando estuviera lista, los llamara, me dejaron todos sus datos”.

El sábado, Ada enterró a su hija y el lunes se puso en contacto con el personal de la CNDH, que a los 22 días después de su llamada llegó a Guatemala para entrevistarse con ella e iniciar la investigación del caso.

Lo que sí se ha hecho y lo que falta por hacer

Por estos hechos, la CNDH dirigió la Recomendación 77/2019 al Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, por omisión, negligencia e inadecuada atención médica que derivó en el fallecimiento de la niña.

Tras la caída, la niña presentó laceración en el bazo, el médico incurrió en negligencia al no realizar el diagnóstico acertado y traslado oportuno a un segundo nivel.

Además de señalar la negligencia del médico, la Comisión advirtió que otros tres funcionarios incurrieron en omisiones y errores por no salvaguardar la integridad física de la niña, no dar aviso de su presencia en la estación migratoria a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y al Sistema DIF y por convencer a la madre de retirar la denuncia en el Ministerio Público.

Por todo ello, la CNDH recomendó al Comisionado del INM reparar a los padres de manera integral por los daños causados, incluyendo una compensación justa y suficiente, además de atención psicológica; también recomendó colaborar en la Carpeta de Investigación que integra la Fiscalía General de la República y en la presentación y seguimiento de la queja formulada ante el Órgano Interno de Control (OIC) en el INM contra las cuatro personas servidoras públicas involucradas.

Hasta el momento, explica la abogada Lorena Cano, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ya ofreció a los padres una compensación monetaria. También ya se emitió una resolución por la queja ante el OIC del INM, por la que se llevó a cabo un juicio a los servidores públicos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

En esta se emitió una sentencia que ordena sanciones a los funcionarios responsables, aunque estas se redujeron a no recibir salarios por dos o tres meses o a inhabilitaciones, al médico señalado como presunto responsable de la muerte, por ejemplo, solo se le inhabilitó por un año, señala Cano.

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Lo que está pendiente, por lo tanto, es el proceso judicial. “Cuando el juez suspende la audiencia, en junio de 2022, porque se da cuenta que el médico la está tomando desde su automóvil, nosotros le solicitamos al juez que tomara medidas de apremio, que sancionara a esta persona por tomar así la audiencia, pero el juez decidió que solo iba a diferirla”.

Se logró que se fije la fecha de la audiencia para el próximo 11 de mayo. 

“Yo lo que espero es que la justicia mexicana de verdad haga justicia porque no se le puede llamar médico a una persona que se niega a dar atención a los pacientes cuando lo necesitan, no deberían seguir autorizándole la licencia y debe tener algún castigo por sus omisiones”, cierra Ada.

Lorena Cano señala que el interés también es demostrar ante el juez que esta situación no solamente se deriva de una cuestión aislada de negligencia médica o error humano, sino que se derivó del maltrato que hay por parte de las autoridades hacia las personas migrantes.

De hecho, de acuerdo con información recabada en una solicitud de información, entre 2019 y 2021 se reportaron ocho muertes de migrantes en estaciones migratorias de Ciudad de México, Chiapas, Nuevo León, Tabasco y Michoacán. A las que se suma la muerte de 40 personas migrantes, en marzo pasado, en una estación migratoria de Ciudad Juárez. 

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