Ayotzinapa, 10 años de Mentiras, Verdades a Medias y Manipulación
Andrea Vega
Van dos administraciones, la de Peña Nieto y la de AMLO, y no se ha llegado a la verdad en el caso de los 43, solo a las "verdades históricas" de cada gobierno
Familiares y compañeros de los 43 normalistas de Ayotzinapa realizan jornada de protestas a diez años de su desaparición. Foto: EFE
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Diez años han pasado de la desaparición de su hijo Benjamín Ascensio y Cristina Bautista se niega a hablar de él en pasado, cuenta que hay personas que le dicen que ya pasó mucho tiempo y los 43 normalistas de Ayotzinapa, de los que su hijo es parte, ya están muertos, a lo que ella responde: “Si no están vivos, entonces que nos digan dónde están, pero nadie nos dice nada”, lamenta.
Este 26 de septiembre se cumple una década de la desaparición de los estudiantes y, en efecto, nadie les han podido decir a sus padres dónde están. Solo se han encontrado fragmentos de hueso de tres de ellos, Alexander Mora, Christian Rodríguez y Jhosivani Guerrero, fragmentos que no calman el dolor ni cuentan la verdad ni han logrado la justicia.
Van dos administraciones presidenciales, la de Enrique Peña Nieto y la de Andrés Manuel López Obrador, y solo se han dado bandazos entre mentiras, verdades a medias y encubrimientos.
Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, policías municipales y federales atacaron a un grupo de estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, que habían “tomado” autobuses, como acostumbran hacerlo cada año, para llegar a la Ciudad de México, a la marcha en conmemoración de la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968.
El saldo del ataque fueron seis personas muertas, tres de ellos estudiantes, y 43 normalistas desaparecidos. La entonces Procuraduría Federal de la República (PGR) atrajo el caso y su entonces titular, Jesús Murillo Karam, anunció que encabezaría la investigación, a su lado en la labor quedó Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría.
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La verdad histórica
El 7 de noviembre, la PGR declaró, después de la captura y confesión de tres miembros del cártel de Guerreros Unidos, que los 43 estaban muertos y que fueron incinerados en el basurero de Cocula por miembros de esa agrupación criminal, en contubernio con policías municipales. Los padres y sus asesores legales no creyeron en esa afirmación y pidieron la colaboración y protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para llegar a la verdad.
Pero las autoridades en México se aferraron a su versión y el 27 de enero de 2015, Murillo Karam hizo pública y oficial lo que se conocería como la verdad histórica, según la cual los estudiantes fueron secuestrados, asesinados, incinerados en el basurero de Cocula y sus restos, triturados y lanzados al río San Juan. Las familias rechazaron la versión, basada, como se probaría después, en confesiones extraídas bajo tortura y en la siembra de evidencia.
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Se formó entonces, luego de un acuerdo entre la CIDH y el gobierno mexicano, el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), para dar asistencia técnica en la investigación del caso. También solicitaron el peritaje independiente del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y antes ya habían solicitado que los restos encontrados, supuestamente en el Río San Juan, se analizaran en el Laboratorio de la Universidad de Innsbruck, en Austria.
El 6 de septiembre, unos días antes del primer aniversario de la desaparición de los normalistas, el GIEI presentó su Primer Informe Ayotzinapa, investigación y primeras conclusiones, donde acusa inconsistencias en la investigación, concluye que los estudiantes no fueron incinerados y señala como posible móvil del crimen el traslado de drogas en uno de los camiones, el quinto autobús, mismo que no había sido presentado en la investigación oficial.
“La administración de Enrique Peña Nieto se precipitó en presentar una versión pública conclusiva, de cierre, que ubicaba a todos los estudiantes en un mismo paradero final, pero gracias al esfuerzo de las familias, a que se logró observación internacional en el caso, se pudo demostrar que esa explicación no era suficiente”, dice Santiago Aguirre director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización que da acompañamiento legal a algunos de los padres de los normalistas.
Pese a eso, agrega, “el gobierno del presidente Peña Nieto ya no se movió de su versión durante cuatro años y las familias se enfrentaron a un escenario muy adverso, en el que tuvieron que resistir la imposición de una mentira desde la Presidencia de la República”.
Cristina Bautista resume así la investigación del caso durante los cuatro años de gobierno de Enrique Peña Nieto, “nos trajo con puras mentiras y trató de cerrar el caso construyendo su versión, la verdad histórica, pero ahí estábamos como madres desmintiendo y no nos equivocamos, toda su historia se fue después abajo”.
Aguirre afirma que esa mentira se sostuvo sobre todo por el costo político que ya implicaba no dar una respuesta al caso, pero no descarta que se tratara de encubrir a alguien y también señala que lo hicieron porque se puede, porque en este país se pueden manipular las investigaciones penales.
La esperanza
Buscando llegar a la verdad, los padres buscaron a Andrés Manuel López Obrador, desde que era candidato a la presidencia. Cristina cuenta que fueron a alcanzarlo a un mitin que tuvo en Iguala. “Le preguntamos qué haría con el Caso Ayotzinapa si llegara a la presidencia y dijo públicamente que lo iba a esclarecer”.
Los familiares se llenaron de esperanza en que así sería. “En verdad le tuvimos confianza, yo le tuve confianza de que sí iba a llegar a la verdad”, dice Clemente Rodríguez, padre del normalista Christian Rodríguez.
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Apenas tres días después de asumir como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, emitió el decreto para crear la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encina, a la cabeza. Se pidió a todas las dependencias de gobierno entregar la información que tuvieran.
En la Fiscalía General de la República se formó, meses después, el 26 de junio, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), bajo la batuta de Omar Gómez Trejo, excolaborador de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y del GIEI.
Se suponía que ambos grupos, el de la Covaj y el de la FGR, trabajarían junto con el GIEI -que había salido del país en abril de 2016, después de luchar contra la verdad histórica de Peña Nieto y había retornado con AMLO- para llegar a la verdad.
“Íbamos caminando bien, se formó el equipo de investigación, con Encinas, Gómez Trejo, los expertos internacionales y los peritos argentinos, íbamos bien”, recuerda Clemente Rodríguez.
El director del Centro Prodh dice que se dieron pasos en la dirección correcta, entre los que destaca la localización de los restos óseos de dos de los normalistas, Christian Rodríguez y Jhosivani Guerrero, a partir de la información que aportó un testigo protegido. Estos restos se ubicaron en un lugar distinto al que postuló como paradero final la fiscalía de Murillo Karam.
También señala como avance que se empezaron a procesar a servidores públicos que torturaron a presuntos implicados en el caso para construir la “verdad histórica”, “lo cual es relevante porque acabó por probar que se había usado extensivamente la tortura”.
Además, agrega Aguirre, Gómez Trejo logró recuperar de los Estados Unidos, gracias al apoyo del presidente y de Alejandro Encinas, “evidencia muy relevante para entender el contexto Iguala, que son estos famosos chats de mensajería de BlackBerry, los chats de Chicago, donde se muestran cómo Guerreros Unidos estaba corrompiendo a las autoridades locales y a las autoridades militares y aunque no dan el paradero de los muchachos, son una pieza de evidencia muy relevante para entender el contexto del caso”.
Sin embargo, dice, “fue precisamente porque hubo ese avance, porque se encontró esa evidencia que la investigación empezó después a perder apoyo, el ejército tuvo en los hechos poder de veto sobre el avance de la investigación y el presidente de la República entre seguir apoyando la causa de las víctimas o encubrir al ejército tomó esta segunda opción”.
Clemente Rodríguez lo expone así, “ya van dos presidentes en el caso, Peña Nieto de plano no colaboró con nosotros, López Obrador y su equipo de alguna manera sí le estaban dando continuidad, íbamos avanzando bien, pero cuando tocamos al ejército, ahí paró todo”.
La ruptura
El 18 de agosto de 2022, la Covaj presentó un informe preliminar donde afirmaba que lo de Ayotzinapa fue un crimen de Estado. Encinas, titular de la Comisión presentó una serie de capturas de pantalla de mensajes de Whatsapp de la red criminal de Iguala en la época, que supuestamente probaban la participación de autoridades de Gobierno de todos los niveles en el ataque. El informe señaló a cinco militares.
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Un día después, el 19 de agosto, y derivado de sus investigaciones de tres años, la UEILCA obtuvo 83 órdenes de aprehensión, 20 de ellas contra mandos militares y personal de tropa de los batallones 27 y 41 en la ciudad de Iguala, además de otras contra autoridades administrativas y judiciales de Guerrero; policías estatales y municipales de Huitzuco, Iguala y Cocula, así como integrantes de Guerreros Unidos.
Ese mismo día, detuvieron al exfiscal Jesús Murillo Karam, acusado por la fiscalía de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia.
Las cosas parecían marchar, pero la investigación estaba por irse a pique. La detención del exfiscal con Peña Nieto ya había abierto una grieta entre la cabeza de la UEILCA, Omar Gómez Trejo y la de la propia FGR, Alejandro Gertz Manero, por la prisa con la que presuntamente este último ordenó integrar la carpeta para la judicialización de Murillo Karam.
La grieta acabó de abrirse y romperlo todo cuando la FGR solicitó, sin mayor explicación, la cancelación de 21 de las ordenes de aprensión que obtuvo la UEILCA, entre ellas 16 contra militares. Gómez Trejo renunció a la unidad especializada de la Fiscalía para el caso Ayotzinapa y lo sustituyó una persona sin mayor experiencia en el tema, Rosendo Gómez.
El 29 de septiembre de ese mismo año, 2022, el GIEI presentó un informe en el que señala que desde el Centro Regional de Inteligencia Militar ubicado en Iguala, el Ejército dio seguimiento en tiempo real al secuestro y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y acusó que la Sedena se estaba negando a proporcionar toda esa información. Además puso en duda la autenticidad de los mensajes de Whatsapp presentados por la Covaj.
En su conferencia de prensa AMLO respaldó a Encinas respecto a la autenticidad de esos mensajes y señaló que se estaba buscando reventar la investigación hablando de los 20 militares, cuando en realidad en la investigación de la Covaj solo estaban señalados cinco.
Los desencuentros y quejas por la falta de entrega de información por parte del Ejército no pararon ahí, aunque se reactivaron 16 órdenes de aprensión contra militares, las mismas que se habían cancelado diez meses antes.
El 24 de julio de 2023, el GIEI presentó su sexto y último informe, una semana después de anunciar su salida definitiva de México. Entre los hallazgos se incluyó un análisis de datos de teléfonos celulares y documentos que ubican a varios miembros de las fuerzas armadas en sitios relacionados con el ataque mientras estaba ocurriendo.
El informe también reveló que hubo hallazgos de restos óseos en el Río San Juan que nunca se documentaron. Además, volvieron a señalar que el Ejército y la Marina tienen información vital sobre los sucesos que se niegan a entregar, como son entre 80 y 90 páginas de comunicaciones telefónicas interceptadas a la red criminal de Guerreros Unidos, en la que se daría luz sobre el destino de los estudiantes.
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La nueva verdad histórica
El caso solo se entrampó más cuando las familias le pidieron al presidente interceder para que el Ejército entregara 800 folios faltantes de documentos que el GIEI identificó que faltan en los archivos militares que pudo revisar y que podrían aportar a la ubicación de los normalistas.
El 25 de septiembre del año pasado, Vidulfo Rosales, abogado de algunas de las familias de Ayotzinapa, aseguró, después de una reunión en Palacio Nacional con el presidente y la Covaj que en un informe leído por Alejandro Encinas se estipula que los estudiantes iban infiltrados por criminales y que todo se trató de una disputa entre grupos del crimen organizado. El abogado señaló que esas aseveraciones se acercan más a una nueva verdad histórica que reduce todo al crimen organizado y al ámbito de lo local.
El 20 de julio de 2024, AMLO entregó a los padres y madres de los 43 su primer reporte sobre el Caso Ayotzinapa en el que señala que no se ha encontrado “absolutamente nada” sobre la participación directa del Ejército en el crimen de Iguala, asegura que los militares ya entregaron toda la información que tienen y subraya la necesidad de examinar los vínculos de las organizaciones que acompañan a los familiares con Estados Unidos y otras agencias.
Casi mes y medio después, los padres pusieron fin a los encuentros con AMLO, quien en su sexto y último informe de gobierno aseguró que Ayotzinapa es una asignatura que deja pendiente. “Lo que yo veo, lo que yo viví, es que él trató de esclarecer el caso, hizo el esfuerzo, pero algo pasó y bueno, toca seguir en la lucha y vamos a esperar a ver cómo va a trabajar la nueva presidenta (Claudia Sheinbaum”, cierra Cristina Bautista.
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