Criminalizadas por Abortar: Mujeres se Enfrentan a la Justicia pese a la Despenalización

Con 15 semanas de un embarazo deseado, Laura sufrió un aborto espontáneo. Fue de emergencia a un hospital en la ciudad de Querétaro para ser atendida y para días después enterarse que estaba acusada de feminicidio. El personal médico dio parte a las autoridades, al sospechar que ella misma se habría provocado ese aborto.

El caso penal no avanzó, gracias al acompañamiento del colectivo Adax Digitales y de la atención mediática que provocó en ese mismo estado el caso de Esmeralda, quien sufrió una violación a los 14 años, quedó embarazada sin darse cuenta y cuando tuvo una emergencia obstétrica las autoridades la acusaron de homicidio. 

Esto ocurre aún cuando en 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza totalmente el aborto en el Código Penal Federal y a pesar de que se ha avanzado en la despenalización en 19 estados del país. 

Entre 2021 y hasta septiembre de 2024 hay por lo menos 2,924 carpetas de investigación abiertas contra mujeres por este presunto delito, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

La Ciudad de México, la primera entidad del país en legalizar el aborto en las primeras 12 semanas de gestación, en 2007 y referente para impulsar esta política en otros estados no ha logrado, después de 17 años, erradicar la criminalización. 

Tan solo entre enero y septiembre de 2024 se abrieron en esta entidad 131 carpetas de investigación por haber cometido presuntamente este supuesto delito, 40 casos más que en el Estado de México, un estado donde el aborto es legal hace apenas unos días. 

Y esto aumentó entre 2023 y 2024.

La prohibición y la criminalización

En 19 estados ya se ha despenalizado el aborto, pero en la mayoría se ha hecho solo en las primeras 12 semanas del embarazo. Incluso, en Aguascalientes se redujo a seis el número de semanas de plazo permitidas. 

Por tanto, en la mayoría, a partir de la semana 13, es considerada ilegal la interrupción del embarazo. 
Y en 13 estados se mantiene como delito en los Códigos Penales locales, desde la primera semana de gestación, aún cuando esto se opone a los criterios constitucionales que determinó la Corte. 

En la sentencia de la Suprema Corte no se estableció un plazo mínimo ni máximo en el que el aborto debe ser legal. 

Francisco Cué, abogado y director de incidencia política del Grupo de Información en Reproducción Asistida (GIRE), explica que el Poder Legislativo de cada entidad es quien debe fijar esos plazos. 

Y ese plazo, según estableció la Corte, debe ser razonable. Y eso significa un plazo que no anule o vuelva inviable la posibilidad de decidir sobre la interrupción del embarazo.

Para el abogado de GIRE, el consenso es que el plazo mínimo sea el que fijó la Ciudad de México en 2007: durante las primeras 12 semanas, y después solo bajo algunas causales como: violación, peligro de afectación grave a la salud de la mujer o por alteraciones genéticas o congénitas que puedan resultar en daños físicos o mentales para el bebé. 

Verónica Cruz, fundadora y directora del colectivo Las Libres de Guanajuato, dice que si bien en muchos estados se ha legislado, el delito sigue en los 33 códigos penales del país, en el federal y en el de los estados.

 “Las entidades lo que han hecho es lo más básico, el estándar más bajo, que es lo de 2007 de despenalizar hasta las 12 semanas, como Ciudad de México, pero ningún estado lo ha sacado de su Código Penal”, cuestiona Cruz.

En 2023 la Suprema Corte reforzó su postura y emitió otra resolución donde determinó que era inconstitucional la penalización del aborto no solo en los Códigos Penales locales, sino también en el federal, pero no se ha emitido una iniciativa aún. 

Para los expertos, esta prohibición, total o parcial, ha implicado que se sigan abriendo carpetas de investigación por este presunto delito y también abre la puerta para que los jueces sentencien a mujeres que interrumpan el embarazo después de las 12 semanas. 

“Si un juez considera que las 13 semanas no caen dentro de ese lapso, entonces puede emitir una sentencia”, dice Fernanda Díaz De León, subdirectora de Incidencia de IPAS Latinoamérica y El Caribe. Aunque Cué ataja que en esos casos puede interponerse un amparo. 

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Los entrevistados coinciden en que lo que está sucediendo ahora es una persecución de las mujeres por abortar: 

“Ha habido muchas más mujeres denunciadas conforme van pasando los años y creo que a partir de la decisión de la Corte también podemos ver un incremento que justo atiende como a reforzar este estigma social, este sospechosismo en contra de las mujeres que interrumpen el embarazo”, apunta Fernanda Díaz de León. 

Cue señala que como el modelo adoptado es que el aborto vuelve a ser un delito a partir del comienzo de la semana número 13 —excepto en los escenarios contemplados en las causales de exclusión de responsabilidad penal—, esto obliga a las autoridades responsables de procuración de justicia a determinar el momento exacto del embarazo en que se realizó la interrupción y eso genera que se investigue a las mujeres. 

De lo que se trata, dice Verónica Cruz, es de mandar un mensaje. “El punto es criminalizar, sobre todo a las mujeres que menos pueden defenderse como son las más pobres, de áreas rurales, niñas, adolescentes, indígenas, todas ellas que son justo a las que el estado no les garantiza derechos”, agrega la fundadora de Las Libres. 

Fernanda Díaz de León enfatiza que la criminalización de las mujeres empieza en los servicios de salud.  Quienes las denuncian por presuntos abortos es el personal de estas instituciones, sobre todo, dice, quienes conforman los equipos periféricos, como trabajo social o los paramédicos. 

El sospechosismo hacia las mujeres, agrega, es resultado de la falta de sensibilización y capacitación a este personal, pero también de su miedo a tener alguna implicación en un supuesto delito. 

Pero la penalización del aborto debido a la prohibición o después de las 13 semanas no es el único problema que enfrentan las mujeres, también la escalada a otros delitos como homicidio o feminicidio, como ocurrió con Laura y Esmeralda en Querétaro. 

“Es muy grave lo que está sucediendo, aquí en Querétaro tenemos un registro de al menos siete carpetas de investigación de este año abiertas por el delito de aborto y algunas con una tentativa de poderse ir a homicidio doloso” cuenta Mayra Dávila, fundadora y representante de Adax Digitales.

José Luis Gutiérrez, director general de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal) reitera que esta criminalización ha llevado a tener a mujeres durante años en la cárcel. “Tenemos, por ejemplo, el caso de Melina, que tuvo un aborto espontáneo y fue acusada de homicidio en razón de parentesco. Pasó 13 años en prisión, hasta que hace tres meses logramos su liberación con la Ley de Amnistía”.

La Ley a la que se refiere fue expedida para liberar a personas vulnerables que hayan cometido delitos menores, entre ellos el aborto. 

¿Despenalizar por completo el aborto es la solución?

El Congreso de la Ciudad de México discute una Ley que propone eliminar el delito de aborto del Artículo 76 del código penal local y la derogación de los artículos 144, 145, 147 y 148 que criminalizan la interrupción del embarazo después de las 12 semanas.

La propuesta de Yuriri Ayala, de Morena, generó controversia.  América Rangel del PAN, calificó como “una monstruosidad”. Alegó que eso le daría a las mujeres la posibilidad de abortar minutos antes del parto. 

La Conferencia del Episcopado Méxicano emitió un comunicado en el que sostuvo que se abriría la puerta a la terminación del embarazo en cualquier momento. 

La institución católica agregó que eso pondría en riesgo la salud y la vida de las mujeres, “al crear la falsa percepción de que el aborto es seguro y es la única opción ante un embarazo en circunstancias difíciles”. 
Ipas Latam sostiene que el objetivo de despenalizar el aborto por completo no es fomentar que las mujeres aborten antes del parto, sino evitar la criminalización.

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“Estamos hablando de no usar el arma más poderosa del Estado en contra de las mujeres que necesitan interrumpir un embarazo. Y sí, tendría que haber reglas, circunstancias que las mujeres tienen que cubrir, pero todo regulado desde el derecho sanitario”, dice Fernanda Díaz de León. 

Quienes requieren abortar después de las 12 semanas, añade, son normalmente mujeres en condiciones vulnerables, en situación de violencia, no escolarizadas o que aún son niñas. 

¿Abortar después de las 12 semanas representa un riesgo para las mujeres? Guillermo Ortiz, asesor médico de Ipas, dice que son los mismos que los de un parto: hemorragias, infecciones, perforaciones. Pero subraya que todos estos riesgos se reducen cuando se tiene un equipo capacitado, las instalaciones y los insumos adecuados. 

En el primer trimestre del embarazo, precisa, cuando se hace un aborto con todas las condiciones de seguridad, el riesgo de un evento adverso que puede llevar a la muerte de la mujer es de uno o dos casos por cada 100 mil.  Cuando el aborto se practica en etapas más avanzadas, pero en condiciones de seguridad, ese riesgo sube a seis eventos por cada 100 mil, pero, si se hace en condiciones inseguras los eventos adversos que se presentan son 320 por cada 100 mil. 

El verdadero riesgo, afirma el médico, es practicar un aborto sin medidas de seguridad. Y la criminalización, añade, orilla a las mujeres a practicarlo en clínicas clandestinas.

Por ahora, la propuesta de despenalización en la Ciudad de México fue aprobada ya en comisiones, pero su discusión y posible aprobación en el pleno está detenida. De avanzar esta sería la primera entidad en dejar de criminalizar el aborto por completo, no solo en el país sino en América Latina. 

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