Odebrecht: El caso que exhibió la corrupción en América Latina

El caso de corrupción que involucra a la empresa Odebrecht sacudió la vida política de Brasil y metió en problemas a los últimos dirigentes del gigante sudamericano. Sin embargo, Brasil no es el único afectado por el escándalo. ¿Qué pasa con los otros países afectados por este masivo escándalo? Argentina, Perú, Paraguay y México están entre los principales países involucrados en problemas de sobornos millonarios. Pero, ¿habrá consecuencias para nuestro país? Actualmente, el expresidente de Brasil, Michel Temer, se enfrenta a un escándalo de corrupción por su implicación en el caso Lava Jato, que estalló en 2014. Hace tres años, también, se condenó a nueve años y medio de prisión al ex presidente Lula da Silva por delitos relacionados con el caso. Y este escándalo fue tan grande que ha mostrado complejas redes de corrupción en toda América Latina. La PGR ha declarado que no puede revelar información relacionada al caso debido a un acuerdo bilateral con la fiscalía de Brasil. Y, aún así, las posibles implicaciones de este escándalo en nuestro país son mayúsculas. Una de las empresas relacionadas con Lava Jato es Odebrecht, un gigante de la construcción que, en México, tuvo contratos con Pemex. Si en Brasil el presidente está sumido en un serio escándalo de corrupción después de la suspensión de la anterior mandataria, Dilma Rousseff; si un presidente peruano es prófugo de la justicia; y si se investiga actualmente al presidente argentino; ¿por qué no han habido condenas por este caso en México? ¿Estamos frente a un nuevo caso de flagrante impunidad en nuestro país? Con la detención y extradición de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex implicado en el caso Odebrecht, un nuevo episodio de este enorme  escándalo internacional parece abrirse. ¿Quiénes pueden estar implicados y qué puede significar esto para México?

¿Qué es el escándalo de Odebrecht o Lava Jato?

Se le dice “Lava Jato” al más grande escándalo de corrupción en la historia de Latinoamérica. "Lava Jato" es la denominación brasileña para “autolavado”. Parece un nombre curioso para un escándalo de corrupción, pero tiene sus motivos. El nombre definió a todo este caso después de que se destapara información sobre lugares de limpieza de automóviles y gasolineras empleadas para lavar dinero.

En 2014, iniciaron las investigaciones de Lava Jato. Hasta ahora, es la mayor investigación de corrupción y lavado de dinero en la historia de Brasil. En total, se considera que este caso implica sumas por hasta 8.94 mil millones de dólares. De esta suma, se estima que, alrededor de una tercera parte provino de Petrobras, la gigantesca empresa nacional del petróleo brasileño.

¿Cuál es el meollo del escándalo?

Durante las investigaciones se descubrió que operadores financieros (a través de empresas fantasma o fachadas de lavado de dinero) entregaban sobornos millonarios a funcionarios públicos. Estos sobornos pagaban la colaboración de funcionarios para que un grupo de empresas recibiera todos los contratos del gobierno a través de Petrobras. Y los contratos eran cuantiosas sumas millonarias. Para lograr esto, ciertas empresas (entre las que cuenta Odebrecht) formaron una coalición. Con esta coalición, se repartieron (como en un tablero de bingo) los contratos que le tocaban a cada una. Y, para dejar fuera de la jugada a todas las demás empresas del país, sobornaban a los funcionarios que entregaban los contratos.

Así, no le tocaba siempre a la misma empresa el contrato millonario y, como se turnaban para recibir las obras del gobierno, nadie podía sospechar que se trataba de un complejo esquema de corrupción. Expliquémoslo así: digamos que hay un contrato por mil millones de dólares. El club de empresas corruptas decidía a qué empresa le tocaba y luego pagaba un soborno al funcionario encargado de otorgar la licitación. Este soborno podía ir del 1% al 5% del contrato. Es decir que, con este esquema, un empresario lograría obtener para su beneficio 10 millones de dólares como mínimo. Además, para asegurarse de la cooperación perfecta de los funcionarios de Petrobras, las empresas involucradas pagaban sumas millonarias a los partidos políticos que cada uno de los servidores públicos representaba. Por eso, este escándalo no solo implica a individuos, sino a varios partidos políticos de Brasil y a más de nueve enormes empresas. La magnitud del escándalo es, entonces, de proporciones nunca antes vistas.

¿Hasta dónde escaló el escándalo de Lava Jato?

El procurador general de Brasil pidió que se abriera 28 investigaciones criminales que implicaban a 55 personas, de los cuales 46 eran servidores públicos (desde directores de abastecimiento, servicios y asuntos internacionales de Petrobras hasta senadores y diputados). En 2014, la policía federal de Brasil, con la participación de 400 policías, giró órdenes de aprehensión para 81 personas, 18 mandatos de prisión preventiva, 10 mandatos de prisión temporal y 19 mandatos obligatorios para rendir testimonio. Esta operación se realizó, simultáneamente, en 17 ciudades de 7 estados. Y esto sólo fue la primera de 39 etapas de investigación: hasta ahora, se han girado más de 750 órdenes de aprehensión y se han decomisado más de 2 mil millones de dólares en bienes.

Paulo Roberto Costa, exdirector de Petrobras, pudo pagar una fianza para terminar su condena en arresto domiciliario; Pedro Barusco, otro funcionario, pagó 51 millones de dólares para evitar la cárcel.

¿Quién fue el gran perdedor de este escándalo?

El PP (Partido Popular), un partido de derecha tuvo 32 implicados en los escándalos de corrupción. Eso quiere decir que, este partido, desvió recursos por, al menos, 89.5 millones de dólares y que fue el partido político con el mayor número de implicados en el escándalo de Lava Jato. Sin embargo, el escándalo afectó de manera mucho más profunda al PT (Partido de los Trabajadores) de Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff. Se trataba de un momento sensible en la política de Brasil y el gobierno de izquierda, después de quince años, se encontraba en su punto más frágil. En 2014, el país sudamericano estaba sufriendo la peor recesión económica en mucho tiempo. La moneda de Brasil estaba en un nivel bajo histórico después de la década pasada cuando, con Lula y el auge en los precios del petróleo, Brasil vivió un inaudito crecimiento. Pero, en 2014, el crecimiento económico se estancó y comenzó a decaer; la inflación subió a niveles preocupantes y el país comenzó a sentir en carne propia los escándalos de corrupción que asolaban a su clase política. En ese momento, Dilma Rousseff había ganado su segunda elección presidencial y todo el gobierno empezó a desarticularse. Dilma, además, había sido la presidenta de la junta directiva de Petrobras entre 2003 y 2010, lo que la ponía en la mira de las investigaciones. Nunca se le comprobó, sin embargo, ningún lazo con los escándalos de Lava Jato. Pero las sospechas son poderosas. Y Dilma hizo un pésimo movimiento político. Desesperada por encontrar algo de apoyo en la cúpula, Dilma nombró a su mentor y antecesor, Lula da Silva, como jefe del gabinete. Dilma tenía entonces una bajísima tasa de aprobación y pensó que el eterno amor del pueblo brasileño para Lula podría salvar las cosas.

No obstante, Lula se enfrentaba también a la investigación de Lava Jato. La policía federal cateó sus propiedades y lo llamó para declarar. Quedó manchado con la duda y los brasileños no lo perdonaron. Cuando Dilma lo nombró como alto funcionario, una enorme mayoría de brasileños lo interpretó como una manera para darle fuero a su mentor durante las investigaciones por corrupción. Así, una movida para salvar su popularidad terminó dinamitándola y acelerando su proceso de destitución. Con 55 votos contra 22, Dilma fue suspendida de su cargo en 2016. Inmediatamente, su vicepresidente Michel Temer, tomó el mando del país en medio de una época de enorme turbulencia. Poco más de un año después, en medio de la defensa del manchado, Michel Temer, Lula está siendo condenado a 9 años de prisión por sobornos relacionados a Lava Jato.

Marcelo Odebrecht, nieto del fundador y director de la enorme compañía constructora, Odebrecht. Al igual que los otros 76 ejecutivos arrestados, Odebrecht firmó un trato de delación premiada. Su empresa pagó, incluso, 2.6 mil millones de dólares de restitución. Es decir que pagó la suma más grande que se ha pagado en la historia de un juicio de este tipo. Pero lo más importante aquí es lo que dijo Odebrecht para reducir su sentencia. El ejecutivo señaló que, entre otras cosas, donó 48 millones de dólares a la campaña de Dilma y Temer. Y, mientras que Dilma no ha sido acusada de nada, las investigaciones se acercan cada vez más a Temer.

investigado en el caso Lava Jato; sólo el 2% de los brasileños votarían por él en una elección, el 60% está a favor de su impeachment, y su popularidad llegó a un bajo histórico de 9%. Por si fuera poco, un juez filtró grabaciones en donde se entiende que Temer sobornaba, a través de un empresario, al presidente de la cámara baja del congreso Eduardo Cunha. Cunha se encuentra ahora preso y no ha aceptado un trato de delación. Lo cual agrega a las sospechas de que Temer movió 25 millones de dólares para mantenerlo callado. Cunha es un aliado cercano de Temer. Son del mismo partido y, juntos, fueron los artífices de la destitución de Dilma. Pero, ahora, esa cercanía está pesando sobre los fantasmas de una nueva destitución. Todo parece indicar que el escándalo podría tirar, con Temer, a otro presidente.

¿Pero qué tiene que ver todo esto con México?

No se sabe cuáles fueron los funcionarios sobornados. Tampoco sabemos si todo esto se discutió en la reunión a puerta cerrada en Los Pinos. Las investigaciones sobre Odebrecht en México empezaron hace cuatro años y la PGR ha declarado, por un arreglo bilateral con Brasil, que no difundirá ninguna información sobre las investigaciones que ahora se están llevando a cabo. Sin embargo, distintos trabajos indagatorios de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad han señalado movimientos sospechosos de la empresa brasileña en México en los últimos dos sexenios. A  principios de 2014, por ejemplo, Pemex dio un contrato a Odebrecht para trabajar en la Refinería Miguel Hidalgo en Tula, Hidalgo (se trata de la misma refinería de las megacalderas). Tan solo ese contrato fue por mil 436 millones de pesos. (AP Photo/Dario Lopez-Mills)" /> Desde el 2011, la Auditoría Superior de la Federación señaló a Pemex una serie de anomalías por los pagos para los trabajos en una refinería de Minatitlán, Veracruz. En los años siguientes, la misma auditoría encontró más anomalías en la misma obra. Se estaban cobrando precios demasiado inflados y Pemex, argumentaban, no hacía nada para detenerlo. La obra era, también, de Odebrecht. El costo de esa obra subió 66%, la constructora se tomó 5 años de retraso para entregarla y un proyecto que fue pactado por 634.9 millones de dólares terminó costando mil 55 millones de dólares. Pero eso no es todo. En los últimos dos años del sexenio de Felipe Calderón, Odebrecht logró que el gobierno pagara 191 millones de dólares adicionales para la obra de Minatitlán y Pemex pagó 25 millones de dólares en otros 40 contratos que entregaron sin licitación (es decir que no hubo competencia por los contratos para elegir el de más bajo costo) a la empresa brasileña. (AP Photo)" /> En 2014, durante el gobierno de Peña Nieto, el gobierno le entregó a Odebrecht la responsabilidad de construir la segunda etapa del gasoducto Los Ramones, que va de Nuevo León a San Luis Potosí en un recorrido de casi 500 kilómetros. Normalmente, como siempre se hace, para realizar esta obra se iba a someter el contrato a un concurso de licitación internacional. Pero, en octubre de 2013, ese mismo concurso ya se había declarado “desierto”; es decir, que no se había concedido a nadie. Un año después, el contrato quedaba asignado, sin mayor preludio, a Odebrecht. Pemex les dio el contrato con un pago de mil doscientos millones de dólares. Para asignar este contrato, Pemex creó una red compleja de empresas filiales en las Islas Vírgenes, en Islas Caimán y en Holanda. (AP Photo/Ezequiel Abiu Lopez)" /> Todos estos casos son sólo una fracción de lo que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha señalado, en México, sobre las relaciones con el escándalo de Lava Jato. En 2016, los ejecutivos de Odebrecht afirmaron, ante cortes de Estados Unidos, que pagaron, al menos, 10 millones y medio de dólares en México, en sobornos, entre 2010 y 2014. Ahora mismo, cuando se anunció el arresto de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, se anunció que se le acusa de recibir estos 10,5 millones de dólares en sobornos directamente de la compañía brasileña Odebrecht y de participar en un fraude de 280 millones de dólares por la compraventa de una planta de fertilizantes. También, recientemente, MCCI reveló una serie de correos electrónicos que muestran cómo Odebrecht trató de influenciar a Cuauhtémoc Cárdenas y al PRD a través del expresidente Lula da Silva para que aprobaran la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto. En estos correos se identifica al interlocutor en las negociaciones con los brasileños como EL. Pero, se preguntarán, si todo esto se sabe y hay tantos documentos ¿por qué no ha habido más detenidos? ¿por qué si este escándalo ha implicado, de diferente manera, a tres presidentes brasileños, a un presidente peruano y al presidente argentino, no han sido interrogados, buscados o detenidos, decenas de funcionarios por este caso en México? ¿Por qué parece que el Lava Jato simplemente no existía en este país hasta la detención de Lozoya? La respuesta a estas preguntas no es clara y, sin duda, corresponde a las autoridades responderlas. Mientras tanto, seguirán plantéandose apremiantes dudas sobre un escándalo que sigue amenazando, frente a la mirada internacional, la credibilidad de las instituciones mexicanas.