México Pide Reabrir Demanda Millonaria contra Fabricantes de Armas en EUA
Steve Shadowen, abogado de México, dijo que lo que se busca es una orden judicial para que los fabricantes de armas demandados presten atención a sus sistemas de distribución
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El Gobierno de México instó este lunes 24 de julio de 2023 a un tribunal de apelaciones estadounidense a reabrir una demanda de 10 mil millones de dólares para responsabilizar a fabricantes de armas de Estados Unidos por supuestamente facilitar el tráfico de las mismas a los cárteles de la droga a través de la frontera con México.
Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 1er Circuito de Estados Unidos en Boston cuestionó si un juez de primera instancia concluyó erróneamente que una ley estadounidense impedía a México demandar a Smith & Wesson Brands, Sturm, Ruger & Co y otros.
Lo que queremos es una orden judicial para que estos demandados empiecen a prestar atención a sus sistemas de distribución", dijo Steve Shadowen, abogado de México.
Y solo los tribunales estadounidenses pueden proporcionar esa medida cautelar.
La Ley Federal de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), mencionada por el juez anterior, ofrece a la industria de las armas de fuego una amplia protección frente a demandas por el uso indebido de sus productos.
Pero los abogados de México argumentaron que la ley solo prohíbe las demandas por lesiones que se producen en Estados Unidos, y no protegería a los siete fabricantes y un distribuidor a quienes demandaron de la responsabilidad sobre el presunto tráfico de armas a los delincuentes mexicanos.
Steve dijo que permitir que su caso proceda en los tribunales estadounidenses permitiría a México no solo solicitar una indemnización por daños y perjuicios, sino también una orden judicial destinada a combatir las 20 mil muertes anuales que según él estarían ligadas a las acciones de estas empresas.
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El gobierno mexicano dice que más de 500 mil armas son traficadas anualmente de Estados Unidos al país latinoamericano, de las cuales más del 68% son fabricadas por las empresas que demandó, que también incluyen a Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt's Manufacturing Co y Glock Inc.
Noel Francisco, abogado de Smith & Wesson, argumentó que la demanda de México carecía de alegaciones de que las ventas de armas de los propios fabricantes hicieran algo que pudiera crear una excepción a las amplias protecciones de la PLCAA.
Hay fabricantes con permiso que venden a distribuidores con permiso que venden a minoristas con permiso que venden a personas que cumplen los requisitos de la ley federal, pero algunos de ellos resultan ser compradores falsos.
El juez de circuito estadounidense William Kayatta señaló que, aunque México no había alegado que los fabricantes de armas hubieran violado directamente ninguna ley de armas, una de sus principales teorías jurídicas era que habían ayudado e instigado a otros a traficar con armas en el extranjero, creando una responsabilidad potencial. "¿Qué hay de malo en ello?", preguntó.
Se espera una sentencia en los próximos meses. Mientras, Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, informó en una videoconferencia que esperan que la Corte de Apelaciones se demore entre seis y ocho meses en analizar los argumentos y tomar una decisión, además, enlistó los argumentos presentados por el equipo legal de México para que continúe la demanda:
- Insistir que la ley que ofrece inmunidades a la industria de las armas en Estados Unidos contra demandas por responsabilidad civil no aplica por daños ocurridos en México
- Si la anterior ley aplicara, se tendría que estudiar si es el derecho sustantivo mexicano el que aplica o el estadounidense
- Si la ley PLACA es vigente, el Gobierno de México puede recurrir a ciertas excepciones que incluye esta ley y nuestro litigio tendría que proceder
De acuerdo con un tuit de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a partir de esta audiencia, el escenario más positivo para México sería que la Corte de Apelaciones decida próximamente que el juez de primera instancia erró en su análisis jurídico, le instruya continuar con el litigio y vuelva a revisar los argumentos.
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Con información de Reuters
AAE