Marihuana: Uso Lúdico Legal Opaca el Brillo del Triángulo Esmeralda
Los impuestos están ahogando a los productores de California, algunos de los cuales optan por prácticas ilegales para seguir en el mercado negro y abaratar costos
Roberto Hernández | N+
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El Triángulo Esmeralda lo conforman los condados de Humboldt, Mendocino y Trinidad, al norte de California, un área que por sus características climatológicas la convierte en la región más grande de siembra y cultivo de marihuana en Estados Unidos, sin embargo, el auge que tuvo la zona poco a poco se ha ido desvaneciendo ante la legalización del consumo lúdico. La ilegalidad no ha desaparecido, la sobreproducción y los impuestos han desplomado el precio y la mano de obra enfrenta un riesgo que se duplica si su estancia carece de documentos legales.
“La poca información disponible nos habla de que no se han cumplido las expectativas”, señala Vicente Sánchez Munguía, investigador de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), quien considera que la legalización del consumo lúdico de marihuana en California no bajó la siembra ilegal y, peor aún, sumó un delito a la lista de los que deben sortear las personas migrantes.
Al ser una producción relativamente reciente, las condiciones de ilegalidad en las que operan estos cultivos en algunas localidades implica una relación hasta cierto punto criminal
Sánchez Munguía alerta que los migrantes que cruzan la frontera sin documentos corren un triple riesgo al dirigirse hacia los sembradíos en el Triángulo Esmeralda: en primer lugar, una estancia sin documentación; en segundo, convertirse en víctimas de esclavitud, y en tercero, arriesgarse a ser detenidos y enfrentar cargos federales por verse involucrados en una actividad que no está permitida más que para ciudadanos estadounidenses.
A partir del 9 de noviembre de 2016, la Propuesta 64 legalizó en California el uso personal específico y el cultivo de marihuana para adultos de 21 años o más; redujo las sanciones penales por delitos específicos relacionados con la marihuana y autorizó la resentencia o desestimación y sellado de condenas previas elegibles.
Sin embargo, el Centro de Recursos Jurídicos para Inmigrantes mantiene una alerta: el estatus migratorio de una persona se puede ver afectado por estar involucrado en la producción, consumo o comercialización de la marihuana.
Poseer marihuana o trabajar en la industria de la marihuana sigue siendo un crimen federal (...) Si una persona que no es ciudadana admite a un oficial de inmigración que ha usado marihuana puede enfrentar problemas serios de inmigración. Le puede afectar al aplicar para ser residente permanente o solicitar la ciudadanía, al viajar fuera de Estados Unidos, o si es cuestionada por La Migra en la calle
Al respecto, Vicente Sánchez considera que entre los errores que ha cometido la legislación estadounidense se encuentra que los permisos se han otorgado a nivel estatal y no federal.
Es algo aún muy fragmentado porque empezó con iniciativas estatales, las regulaciones son muy distintas en términos de los permisos que hay para el cultivo y lo que implica. En algunos casos no se habla de marihuana sino de cáñamo y los permisos se terminan violando
El especialista en ambiente y desarrollo transfronterizo y gobernabilidad considera que la política se ha centrado más en la recaudación que en el combate al narcotráfico o programas de prevención.
Los gobiernos han esperado, básicamente, ir obteniendo recursos fiscales. Es una visión muy de finanzas públicas, y en el caso de California se esperaba combatir las adicciones con perspectiva preventiva (lo cual no ha ocurrido)
Un mercado negro que coexiste con la legalidad
De acuerdo con la publicación MJBizDaily, en 2020 las ventas legales de marihuana alcanzaron 4.4 mil millones de dólares en California, aunque estima que el mercado negro generó el doble.
En 2021, el precio por libra al mayoreo era de 800 dólares, sin embargo, la sobreproducción y los altos costos de producción legal tienen a los agricultores contra las cuerdas, pues en 2022 el precio se desplomó a 300 dólares y actualmente el costo de producción ronda los 460, según agricultores en Mendocino. Un tercio de ese costo es parte del impuesto de cultivo en California.
Debido a que el cannabis sigue siendo ilegal a nivel federal, los productores no tienen acceso a préstamos bancarios ni a programas de ayuda agrícola, lo cual los deja sin el capital necesario para afrontar el costo de producción.
En Humboldt, los agricultores instaron al estado a eliminar el impuesto al cultivo, que recientemente aumentó a más de 10 dólares por onza, o cambiar de una tasa fija a un porcentaje del precio, pues los impuestos tanto estatales como locales elevan el precio de la marihuana legal hasta en un 50 por ciento para los consumidores.
"Más que un declive, se pensaba que con la legalización del cultivo y todo el proceso de comercialización se iba a abatir la ilegalidad y toda esa parte, pero no ha sido así, hay una buena parte del mercado en California que sigue operando en la ilegalidad”, alerta Vicente Sánchez.
El investigador considera que los precios de la marihuana legal han implicado que los cultivos clandestinos sigan y formen una parte importante del mercado.
En el mercado legal los costos son mayores por las regulaciones, pero el mercado ilegal tiene costos mucho más bajos
El efecto dominó de la producción legal
En el Triángulo Esmeralda, la legalización del consumo lúdico de la marihuana parece haber traído un efecto contraproducente tanto para productores como para consumidores.
En California hay alrededor de 860 dispensarios con licencia y casi 400 negocios de entrega de marihuana con licencia, pero agricultores en Humboldt y Mendocino coinciden en que antes de 2016, cuando la legalidad de la marihuana incluía solo su uso medicinal, los puntos de venta eran mayores, por lo que el colapso de las granjas arrastraría consigo toda la mano de obra que se emplea.
“California ocupa un promedio de 800 mil trabajadores en el sector agrícola y la rama dedicada al cultivo de marihuana ocupa hasta 80 mil, lo que habla de una importancia considerable en términos de trabajo”, explica Vicente Sánchez Munguía.
Pero esa mano de obra se ha visto mermada también por la segmentación comercial del mercado.
Hay sectores de la población con estratos más altos, entonces, cuando se etiquetan (los productos) de acuerdo con las calidades para ciertas poblaciones, la marihuana de mayor calidad es menos accesible y con ello la población que se vincula con este tipo de producción ve mermados sus ingresos
Trabajadores, en riesgo de esclavitud
La falta de una regulación federal pone sobre la mesa un peligro para los trabajadores migrantes: hay casos en los cuales los dueños de las granjas incurren en sobreexplotación o prácticas de esclavitud so pena de alertar a las autoridades migratorias de la presencia de trabajadores sin documentos que comprueben su estancia legal en Estados Unidos.
El investigador Vicente Sánchez describe que uno de los riesgos a los que se enfrentan los trabajadores es una especie de mano de obra esclava, basada en trabajadores de migración ilegal, principalmente de Latinoamérica.
Ha habido casos en los cuales hay guardias armados o jornadas extenuantes, o se incumplen los contratos, por lo tanto, la baja de su costo (de producción en el mercado ilegal) es por estas situaciones de evasión de cumplimiento de compromisos con los trabajadores
Además, considera que los trabajadores se enfrentan a una doble criminalización, pues los dueños de las granjas deciden amenazar a las personas con denunciarlos ante las autoridades migratorias para no pagar las jornadas laboradas.
Durante la pandemia se encontró un contingente de trabajadores chinos, al norte de Nuevo México, casi en condiciones de esclavitud
Los claroscuros de la legalización del consumo lúdico de marihuana llevan a Vicente Sánchez a concluir que para tener un caso de éxito es necesario abrir un debate muy amplio para salir de la clandestinidad y dejar de criminalizar no solo la producción sino el consumo y lo que gira alrededor.
El primer acierto es descriminalizar el consumo y evitar la visión punitiva, es fundamental para evitar situaciones de corrupción; (el segundo es) tener una visión en términos de cómo se otorgan los permisos y el control sobre ellos para no perder el control, y una vez que se vuelve un sector productivo (es importante) tener los dividendos fiscales para atender la salud pública de las personas
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