El Salvador Aceptará a Criminales Deportados De Todas Las Nacionalidades Tras Acuerdo Con EUA
|
N+
-
El Salvador albergará criminales deportados en la "mega prisión" tras realizar un acuerdo con EUA; Bukele señaló tarifa accesible para norteamericanos que sostendrá sistema carcelario salvadoreño
Bukele informó que los prisioneros serán albergados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Foto: X / @nayibbukele.
COMPARTE:
El Salvador y Estados Unidos establecieron un acuerdo que permite la externalización del sistema penitenciario estadounidense, mediante el cual El Salvador recibirá criminales convictosde cualquier nacionalidad, incluyendo ciudadanos estadounidenses.
A través de su cuenta en la red social X, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, informó que los prisioneros serán albergados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), conocido como "mega prisión", a cambio de una compensación económica por parte del gobierno estadounidense.
Video: Transfieren a 2 Mil Reos a Nueva Megacárcel de Bukele.
Bukele señaló que la tarifa propuesta, aunque representaría un costo relativamente bajo para Estados Unidos, generaría ingresos significativos para El Salvador, lo que permitiría mantener la sostenibilidad del sistema penitenciario nacional.
El acuerdo bilateral fue establecido durante las negociaciones entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el presidente Bukele, definiendo nuevos parámetros en las políticas migratorias y penitenciarias entre ambas naciones.
Esta era la posición de EUA antes
La nueva política exterior estadounidense hacia El Salvador marca un contraste significativo con la postura de la administración Biden.
En marzo de 2023, el Departamento de Estado había expresado preocupación por las condiciones en el CECOT tras el traslado de 2,000 presuntos pandilleros, enfatizando la necesidad de respetar los derechos humanos y el debido proceso.
Durante ese período, bajo el régimen de excepción, las autoridades salvadoreñas detuvieron a más de 64,000 personas acusadas de pertenecer a pandillas, generando más de 7,900 denuncias por presuntos abusos ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
No obstante, el gobierno reportó una reducción del 57% en los homicidios durante 2022, registrando 496 casos.
