Galería | El Salvador Cumple un Año En Estado de Excepción

El 27 de marzo de 2022, el gobierno de El Salvador anunció la entrada en vigor de un estado de excepción cuyo objetivo estaba claro: "combatir la violencia" y a las diversas crisis sociales que, en materia de seguridad, estaba atravesando el país por la presencia de los grupos pandilleros que, entre otros delitos, habrían provocado la muerte de hasta 76 personas en dos días; una cifra no registrada en el país en los últimos 20 años.

Tras dar su aprobación a esta medida sumamente polémica, la Asamblea Legislativa respaldó que el presidente en turno, Nayib Bukele, fuera el primer mandatario que viera en la restricción a las garantías individuales de las y los salvadoreños una opción eficaz de controlar la inseguridad a nivel nacional. 

Con el estado de excepción, que primeramente se planeaba con una duración de 30 días, no solo se prohibió el derecho a la libertad de reunión y asociación, sino que se aprobaron las detenciones policiacas sin derecho a una defensa o abogado; la intervención de las comunicaciones y correspondencia personales sin necesidad de una orden judicial; así como las detenciones en contra de cualquier persona sospechosa de pertenecer a un grupo pandillero o mara sin que se requieran evidencias previas.

Durante los primeros meses de 2023, a casi un año de aquel 27 de marzo y 12 extensiones al estado de excepción, las cifras y estadísticas ofrecidas por las autoridades salvadoreñas sobre los niveles de inseguridad y violencia en El Salvador, indican que el índice de criminalidad se ha reducido radicalmente. A la par, unas 62 mil personas han sido detenidas y más de 2 mil presuntos integrantes de las maras se encuentran han sido trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel construida con el propósito de albergar hasta a 40 mil presidiarios en el departamento de San Vicente.

La condena por los crímenes cometidos abarcan hasta los mil 310 años de prisión como se le asignó a Wilmer Segovia, de la célula Shulton y acusado de haber cometido 33 homicidios, nueve proposiciones para cometer asesinatos y varias extorsiones; o como a Miguel Ángel Portillo, de la MS13, sentenciado a 945 años de prisión por 22 homicidios, cuatro proposiciones para cometer asesinato, un intento de homicidio y extorsiones. 

"Los pandilleros que tanto dolor y llanto le han causado al pueblo salvadoreño, NO VAN A SALIR. Permanecerán encerrados hasta que paguen por cada uno de sus crímenes. Nos encargaremos de eso", subrayó en Twitter el fiscal general, Rodolfo Delgado.

Las brutales imágenes de la también llamada "cárcel más grande de América Latina" provocaron que asociaciones internacionales como Amnistíaa Internacional y la Humans Rights Watch aseguraran que en El Salvador se están violando los derechos humanos en medio de las detenciones masivas, mientras que naciones como Estados Unidos recordaron que "los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar el debido proceso legal" ante sus detenidos.

En América Latina, la tensión entre los gobiernos de izquierda y derecha por sus estrategias para combatir al crimen y garantizar el correcto desarrollo de cada nación, aumentó a tal punto que Gustavo Petro, nuevo mandatario de Colombia, cuestionó a Nayib Bukele sobre si el trato que recibían los presuntos pandilleros era el correcto y supuestas relaciones y pactos entre la administración salvadoreña con las maras.  

Maras: Los Grupos Pandilleros Característicos de El Salvador

Para muchas personas, el término mara o pandillero remite intuitivamente a centroamérica y Los Ángeles, California, en las décadas de 1960 a 1980 y, habitualmente, a países como El Salvador.

Según cifras de su propia administración, en un país de 5 millones de habitantes como lo es El Salvador, unas 70 mil personas habrían de pertenecer a estos "grupos criminales" —como muchos presidentes, políticos y autoridades los han clasificado— que ejecutan acciones como o crímenes la extorsión, violaciones sexuales, tráfico de armas, drogas, robos y  secuestros, feminicidios, lavado de activos y asesinatos contra —en palabras de Nayib Bukele— "el pueblo de El Salvador". ¿Pero cómo fue llegaron las maras a esta región?

En las década de 1960 y 1970, la Mara Salvatrucha o MS13 surgió en Los Ángeles, Estados Unidos, y luego se extendió por Honduras, México, Nicaragua, Guatemala, Canadá, Italia, España, Portugal, Alemania, Australia, Venezuela y, por supuesto, El Salvador.

Dentro de este territorio le tomó un tiempo de 62 años para colocar a, por lo menos uno de sus integrantes en cada uno de los 14 departamentos que conforman la región, y seis décadas lograr hacerse aliados de los Sureños, los Cárteles de Sinaloa y el Golfo, el Tren de Aragua, la Familia Michoacana y Los Zetas, por mencionar a algunos grupos delictivos y organizaciones criminales, así como ser el objetivo de la persecución colectiva por parte de la Administración de Control de Drogas o la DEA estadounidense (por sus siglas en inglés), el Gobierno Federal de los Estados Unidos, los cárteles de Juárez y Tijuana, Los Negros, el Cártel de los Beltrán Leyva, The Rascals, Bloods, Norteños, los Latin Kings, Armenian Power y el las distintas administraciones políticas que han tomado el mando del Ejecutivo en la nación. 

Antes de las maras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala presentaron un fenómeno migratorio derivado de las guerras civiles centroamericanas y vieron a sus habitantes desplazarse hacia el norte del continente, pasando por México y radicando en Estados Unidos para mejorar sus condiciones de vida.

En la Unión Americana, durante la década de 1970, toman fuerza en los barrios de migrantes mexicanos y después, para mediados de 1980 y 1990 regresan a su país de origen tras deportaciones masivas que buscaban exterminar a los grupos pandilleros de territorio estadounidense.

Una vez en Centroamérica, la MS13 estuvo acompañada de Barrio 18; otra pandilla surgida en Los Ángeles, pero esta con 10 años más de antigüedad ya que el registro de su fundación data de 1950 como escisión de la pandilla 18th Street Gang; participante de "una variedad de actividades delictivas que incluyen actos de asalto, robo, secuestro, asesinato y tráfico de armas de fuego" siendo "particularmente violenta" al "promover los intereses de la pandilla", de acuerdo con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia.

Con Nayib Bukele como presidente de El Salvador (desde el 1 de julio de 2019), los índices de asesinatos comenzaron a ir a la baja, cerrando el año de la toma de protesta con un promedio de 6.6 asesinatos diarios y 2021 con 3.1, pero por un supuesto pacto entre la administración del mandatario y las maras.

Estos datos, obtenidos por medios locales como El Faro —primer periódico digital de América Latina—, señalaron también que Bukele habría comprado el apoyo de grupos pandilleros para reducir los índices delictivos durante su administración, a cambio de beneficios para los encarcelados. 

Entre las peticiones de las maras se encuentran el cese de operativos masivos contra los miembros de estos grupos delictivos, el fin de la persecución indiscriminada contra pandilleros solo por estar tatuados, un financiamiento para microempresas y empleo para integrantes de las maras, visitas de familiares y modificaciones a los lineamientos de máxima seguridad, así como que cada celda albergara exclusivamente a miembros de una misma pandilla.

A esto, se agregó la visita de trabajadoras sexuales y el uso de teléfonos celulares. 

La Persecución a Periodistas en El Salvador

Al conocerse esta información y haber un rompimiento en las presuntas alianzas de Bukele y las maras, la ola de violencia resultó inminente para El Salvador, pero también para las y los periodistas que cuestionaron la veracidad de la actual administración.

Como resultado de las medidas impuestas ante el incremento de violencia en la región salvadoreña, el presidente y las autoridades anunciaron una reforma al código penal que avaló el legislativo para sancionar a cualquier medio de información que reprodujera o retransmitiera desde mensajes hasta comunicados enviados -presuntamente o no- por las pandillas y sus divisiones internas.

La denominada "Ley Mordaza" desató una nueva indignación ya que si era desobedecida, las autoridades se veían en absoluta libertad de dictar condenas de entre 10 y 15 años de prisión a las y los periodistas. Sesenta y tres de los 84 miembros de la asamblea legislativa la aprobaron. 

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Con información de N+

JCG