Por Asalto Golpista, Brasil Pide Embargo a 52 Personas y 7 Empresas
Las autoridades brasileñas indicaron que el monto embargado se destinará a reparar los daños al patrimonio público
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Oficiales montan guardia frente al Poder Ejecutivo en Brasil el 11 de enero de 2023. Foto: Reuters | Archivo
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La Abogacía General del Estado de Brasil solicitó este jueves el bloqueo de 6.5 millones de reales [casi 24 millones de pesos mexicanos] en activos de 52 personas y siete empresas que presuntamente financiaron el asalto a los tres poderes el domingo pasado en Brasilia.
Los defensores del Estado sostienen que todos "financiaron el flete de autobuses para los actos golpistas que resultaron en la destrucción" de las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, a manos de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro.
El monto embargado se destinaría para "reparar los daños causados por la depredación de patrimonio público, en caso de una posterior condena", según informó en una nota la Abogacía General que subraya que el valor solicitado es preliminar, pues los daños aún no han sido calculados de forma integral.
La lista de bienes solicitados para su bloqueo incluye "inmuebles, vehículos y dinero en cuentas bancarias", y apenas afecta a aquellos que "contrataron los autobuses" que llevaron a miles de bolsonaristas radicales hasta Brasilia para participar en el ataque golpista.
Esos grupos extremistas no reconocen la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre pasado y presionan para derrocar al dirigente progresista de la Presidencia y devolver al poder a Bolsonaro, líder de la ultraderecha brasileña.
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Embargo es necesario ante daños provocados
Los abogados del Estado alegaron que el embargo cautelar es necesario por "la gravedad de los hechos practicados", pues, "además de dañar el patrimonio público federal", hubo una "amenaza real al régimen democrático brasileño", lo que requiere "una respuesta rápida y eficaz".
El ataque a los tres poderes de la democracia brasileña duró cuatro horas y dejó un balance de 1,800 detenidos, aunque prácticamente la tercera parte fueron puestos en libertad por "cuestiones humanitarias".
Las investigaciones se centran ahora en identificar a los financiadores de la intentona golpista, entre los cuales hay comerciantes, empresarios del sector agrícola y amantes de armas de las regiones sur, sudeste y centro-oeste de Brasil, según el ministro de Justicia, Flávio Dino.
La Fiscalía también pidió a la Corte Suprema investigar a tres diputados bolsonaristas por "incitar" la insurrección del 8 de enero en Brasilia.
Igualmente, el Supremo apartó de sus funciones, por 90 días, al gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, y ordenó la prisión del exsecretario de Seguridad Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia de Bolsonaro, y del excomandante de la Policía Militar, Fábio Augusto Vieira, por su "omisión" en los actos golpistas.
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Con información de EFE
MGM