Organizaciones de derechos humanos denunciaron que el sistema de justicia penal en México se usó para investigar y espiar a mujeres periodistas y activistas durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.
Las víctimas de espionaje son la abogada Ana Lorena Delgadillo, la periodista Marcela Turati y la antropóloga forense Mercedes Doretti, quienes investigaban las masacres de personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ocurridas entre 2010 y 2011.
“Nos acusan de cosas que no cometimos y la fiscalía, a partir de esas denuncias que además no eran delitos de lo que nos acusaban, a partir de esa denuncia, la fiscalía nos investiga por secuestro y delincuencia organizada”, expresó Ana Lorena Delgadillo.
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El martes 21 de mayo, la organización Amnistía Internacional expuso que en 2016 las autoridades abrieron una carpeta de investigación que involucra a la periodista y las dos defensoras.
La Fiscalía General de la República (FGR) también solicitó a compañías de telecomunicaciones el acceso a los celulares de estas mujeres, según consta en documentos oficiales.
Carpeta de investigación, en la FGR
La FGR confirmó a N+ la existencia de dicha carpeta; sin embargo, aseguró que no daría más información al respecto.
“Cuando vi el expediente yo lo tomé como una amenaza, como que querían hacernos algo. Estábamos ahí en una investigación junto a Los Zetas, como si estuviéramos entre las investigadas por estas masacres”, compartió Marcela Turati.
En 2021, las tres mujeres presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República, pero ésta no les ha informado sobre su caso.
El año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desestimó una queja que también presentaron en 2021.
Incertidumbre vuelve vulnerables a víctimas
Amnistía Internacional desconoce si la investigación y espionaje continúan, por lo que exigió a la Fiscalía General de la República finalizar las investigaciones contra Ana Lorena, Marcela, y Mercedes.
Agregó que no sabe si la investigación sigue vigente, lo cual coloca a las defensoras en una situación vulnerable.
“Que nunca más una periodista, nunca más una persona defensora de derechos humanos, nunca más una perita forense sea criminalizada e investigada e incluso espiada por el Estado mexicano”, declaró Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
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