El gobierno federal impulsa una iniciativa para endurecer las penas por el delito de extorsión y que con ello, amerite prisión preventiva oficiosa.
La Secretaría de Seguridad Pública anunció el pasado 20 de febrero que la propuesta se enviará al Congreso para procesar a los grupos delictivos que cometen extorsiones e impedir que sean puestos en libertad con facilidad.
Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil advierten que esto afectaría a personas que viven en condición de pobreza, especialmente a mujeres.
“La mayoría de las mujeres que entran a prisión son mujeres de escasos recursos… Ellas no tienen un adecuado proceso por falta de un abogado…Hay muchas irregularidades en los procesos”, afirmó la directora de Mujeres Unidas por la Libertad, Beatriz Maldonado.
Así le ocurrió a Alma, quien lleva 10 meses recluida en el Centro de Readaptación Social Tlalnepantla, acusada de haber extorsionado a una vecina en Teoloyucan, Estado de México.
Alma no ha sido sentenciada y la Fiscalía local solo presentó un testimonio como prueba.
“Sí es injusto, la realidad es que yo fui a recoger una tanda, fue cuando hicieron la detención. En mi primera audiencia fue cuando me dijeron que yo venía por el delito de extorsión. Yo no me dedico a extorsionar”, dijo Alma.
De acuerdo con datos oficiales, las extorsiones en México aumentaron 34% en los últimos cinco años. Mientras que en 2018 se registraron 6 mil 721, en 2023 fueron 10 mil 336.
Los estados con más casos son el Estado de México, Guanajuato y Veracruz.
“El riesgo muy alto es que muchas personas inocentes vayan a parar a la cárcel sin que el ministerio público demuestre que esas personas son culpables”, comentó la abogada de México Unido Contra la Delincuencia, Cristina Reyes.
Las organizaciones señalan que aunque las extorsiones suelen realizarlas grupos del crimen organizado o desde las cárceles, los ministerios públicos acusan a personas de escasos recursos que no podrán defenderse.
También advierten que para probar el delito de extorsión, basta con un testimonio para procesar a una persona.
“No hay muchas cosas que probar.. cualquier persona podría ser víctima de una detención arbitraria y una acusación sin ningún fundamento y por lo tanto encarcelada”, señaló la abogada de México Unido Contra la Delincuencia, Cristina Reyes.
Actualmente, el Código Penal Federal sanciona el delito de extorsión con hasta ocho años de prisión.
En 2022, las víctimas de extorsiones en el país perdieron en promedio 3 mil 339 pesos anuales, según cifras del Inegi.
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