Especial N+ Focus | Asesinos de Ríos

Amelia Pérez recogió sus cosas, salió de la casita de concreto que por décadas llamó hogar y se mudó a un templo evangélico cercano.

La acompañó en el éxodo toda su familia: marido, hijos, cuñados, concuñas, sobrinos, suegros. Era octubre de 2023 y Amelia y sus parientes habían visto aterrados cómo, en cinco días, el río Grijalva se comió los cuarenta metros de terreno que los separaban del cauce.

“Casi no dormíamos; por la noche escuchábamos como se caían los árboles, la tierra; estábamos desesperados esperando que llegara el deslave”, recuerda mientras señala un pedazo del río, indicando donde estaba el baño, el salón, las habitaciones.

Cuando dejaron sus casas en la colonia Gaviotas, a las afueras de Villahermosa en Tabasco, una parte se había ido ya al río.

A los pocos días de marcharse, recibió un video de un vecino. Había tenido la suerte, o la desgracia, de estar grabando justo cuando el resto se fue al fondo del Grijalva.

Amelia y sus concuñas, Adriana y Nuri, apuntan al mismo culpable. Poco antes de que comenzará su apocalipsis personal, una draga —pequeña embarcación equipada con una manguera dentada que succiona el fondo de los cuerpos de agua— se había instalado en su zona del río y llevaba un mes extrayendo arena para venderla a constructoras locales.

El negocio de extraer arena y grava de los ríos para comerciar atraviesa todo México. En total, de acuerdo al Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), unas 2 mil 500 empresas pueden extraer, cada año, 317 millones de metros cúbicos de estos materiales. Para hacernos una idea, esto equivale a 22 millones de camiones cargados hasta el tope. Esta base de datos fue facilitada a N+ Focus por la organización CartoCrítica.

Hasta las tumbas están en peligro

En Gaviotas, no solo las casas de los vivos caen al río. En el panteón ejidal, cientos de tumbas están en peligro. De momento, dos bóvedas acabaron en el fondo del río Grijalva y más de cien tuvieron que ser trasladadas tierra adentro para que no tuvieran ese mismo destino. La Comisión Nacional del Agua ha detenido la erosión colocando enormes costales rellenos de arena y atribuye estos derrumbes a las lluvias de un frente frío.

Para los vecinos de Gaviotas, la causa también está clara. “Había una draga enfrente, al otro lado del río, sacando arena; ella fue la culpable”, apunta Adán Martínez, comisario ejidal, “se fue la draga y se acabó el derrumbe”. La misma que causó la desaparición de la casa de Amelia. 

Diversos estudios científicos ligan esta actividad extractiva con pérdidas de terreno en las riberas, bajadas en la calidad del agua y menos capacidad para prevenir inundaciones. Un sector que en México las autoridades no tienen capacidad de controlar ni fiscalizar. 

“La extracción de materiales en ríos ha llevado a contaminación de ríos, a inestabilidad en las riberas, incremento de las inundaciones y su intensidad, mayores y peores sequías, reducción de los depósitos en los deltas y erosión acelerada de las playas”, se describe en el documento Sand and Sustainability: Finding new solutions for environmental governance of global sand resources, elaborado por la división ambiental de ONU Medio Ambiente.

La regulación en México para poder extraer arena y grava de los ríos consta de dos autorizaciones básicas: un permiso de Conagua, que se refleja en el REDPA, y, debido a que los cuerpos de agua son territorio federal, un resolutivo de impacto ambiental emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Con 30 millones de metros cúbicos de material al año y 520 empresas y particulares autorizados por Conagua para minar sus ríos, la cuenca Usumacinta-Grijalva es de las más afectadas. Pero el 80 % de ellos operan ilegalmente. N+ Focus obtuvo vía transparencia todas las Manifestaciones de Impacto Ambiental autorizadas por la Semarnat en ríos y cuerpos de agua y, para esta cuenca, hay solo 106. De estas, hay equivalencia directa únicamente en 65, aunque uno de los requisitos legales es que tanto el permiso de Conagua como el Resolutivo estén al mismo nombre. 

“Nosotros somos una institución de buena fe; en cuanto al MIA, no podemos investigar si es apócrifo o es correcto, lo aceptamos tal y como nos lo presentan”, explica Luis Antonio Cabrera, delegado de la Comisión Nacional del Agua en Tabasco.

Todo tiene que estar a nombre de la misma persona: el manifiesto de impacto ambiental, sus documentos administrativos y el trámite ante nosotros

Para corroborar que los bancos de material cumplen con sus obligaciones, Conagua realiza inspecciones, tanto programadas como basadas en denuncias de ciudadanos.

“Hay muchas dificultades para realizarlas”, describe Cabrea, “los usuarios se sienten amenazados, nos impiden el paso, nos amenazan, se avisan y abandonan el banco de material y no tenemos a quién notificarle el procedimiento”

De 2010 a 2023, Conagua ha realizado un total de 1,427 inspecciones a este tipo de bancos de material.

De acuerdo a la base de datos lograda por transparencia, en 193 de estas todo estaba en regla; mientras que en las demás se hicieron cambios de suelo sin permiso, no se tenía Manifestación de Impacto Ambiental, se trabaja sin ningún papel, los informes no se habían presentado.

Una multitud de irregularidades que sorprende al comprobar que, de 2012 a 2022, Conagua solo ha impuesto 291 sanciones a minas en ríos, con un valor de 25 millones de pesos. De estos, la Secretaría de Hacienda solo ha logrado cobrar 2.2 millones.

Cabrera apunta a que, aunque el objetivo final de Conagua no son las sanciones sino que las empresas extractoras cumplan la ley, la debilidad institucional es una causa de la falta de eficiencia. Tras aclarar que hacen su mejor esfuerzo en el contexto de la austeridad republicana, describe como ellos tienen solo dos inspectores.

“Es insuficiente, no dan abasto para atender la demanda de inspecciones programadas y de las que llegan por denuncias”; y desea, “si tuviéramos más capacidad, más personal, y tuvieran las condiciones adecuadas para hacer su función, deberían ser muchas más las sanciones que se pudieran realizar”.

En todo el país, Conagua sólo tiene 176 inspectores.

Cadáveres de ríos

En su estudio, Manuel Llano usa una pantalla curva de un metro de largo. Abre un programa cartográfico y viaja por diversas zonas del norte de México. Enseña las industrias cementeras del norte, marca algunas empresas y se para en varios ríos. Mueve el cursor y la imagen de satélite avanza por cauces secos y arenosos, sin una gota de agua, sin vegetación, sin vida. 

En 2014, Llano fundó CartoCrítica, organización ambientalista experta en análisis cartográfico, y desde entonces se ha dedicado a mapear y evidenciar los desmanes de las industrias extractivas en México. Lleva un tiempo trabajando en un proyecto de análisis de bancos de material, tanto en ríos como en tierra firme.  

“En esta investigación nos enfocamos a identificar, a partir de imágenes de satélite, dónde y cómo están operando estos sitios de extracción de materiales”, explica.

Revisamos más de 6 mil lugares e identificamos su área para poder conocer, con precisión, dónde estaban operando, y llevar esta información a años anteriores

Para entendernos, Llano y su compañera Carla Flores identificaron y mapearon miles de bancos de material en 2023 y, usando imágenes satelitales antiguas, comprobaron cuánto había aumentado la superficie explotada desde 2013.   

“Lo que encontramos fue un crecimiento descomunal, de más de 13 veces el área visible de la extracción de material en los ríos”, apunta, “y este crecimiento no lo decimos solo nosotros, sino que los datos del Anuario Estadístico de la Minería Mexicana reportan un volumen de extracción que va en aumento de forma consistente con lo que vemos en el satélite”.

Por ejemplo, en 2010 México producía 89 millones de toneladas de arena; mientras que actualmente son 531 millones de toneladas.

Los datos del Anuario y los del satélite contrastan con lo que reporta Conagua: En el REPDA el aumento es mucho menor. “Esto nos lleva a ver qué está ocurriendo una extracción muy por encima de lo que indican los registros”, argumenta Llano, “causada en el descuido y la omisión de la autoridad, combinado con privados que, se aprovechan de ello y actuando en la ilegalidad, extraen en sitios donde no tiene permiso o muy por encima de los volúmenes que tienen autorizado”.

“Entonces nos encontramos ríos que son dragados hasta llevarlos a la muerte, áreas de sacrificio, lo que hemos llamado cadáveres; ríos que los han convertido en minas a cielo abierto”. Y volviendo la vista a la pantalla, enseña una imagen satelital del río San Rodrigo en Coahuila.   

Estas imágenes satelitales son más contundentes en la realidad. Un par de cientos de metros de ancho, a lo largo de 20 kilómetros, de un cauce seco, devastado y muerto, con charcos de agua que no son de lluvia, sino que de tanto rascar extrayendo piedra han sacado el manto freático a la superficie.

Luis Alberto Terry y su familia llevan décadas denunciando la destrucción de este ecosistema por la extracción de material. Su rancho está junto al cauce del San Rodrigo y ahí la belleza del río, vivo y de riberas verdes, con el agua corriendo mezclada en el piar de los pájaros, contrasta con la destrucción absoluta del cadáver aguas abajo, donde el único ruido son los motores de los camiones cargados de piedra que atraviesan los caminos. 

“El río este era una maravilla. Estaba lleno de árboles, de nogales. Como antes no exigían estudios de impacto, comenzaron a sacar árboles gigantescos. Después de allá comenzaron a avanzar la explotación de material pétreo de diferentes compañías y ahora están en decenas de kilómetros”, recuerda.

Meten manos de chango, tráileres enormes, están trabajando toda la noche; y sus contaminantes como aceites, gasolinas, llantas y basura contaminan el agua subterránea

El camino que lleva de una propiedad privada hacia Piedras Negras es un no parar de camiones de volteo, que llegan vacíos y se van llenos de material. Pero, sobre los papeles, nadie tiene permiso legal para sacar material del San Rodrigo. Aunque de acuerdo a los registros de Conagua hay cinco permisos vigentes para extraer cuatro millones de metros cúbicos al año; la Semarnat no tiene actualmente ninguna Manifestación de Impacto Ambiental activa.

“El cauce normal aquí era de unos 20 metros, y tras la depredación ha pasado a tener una extensión de centenares de metros, con barrancos del orden de entre 10 y 15 metros, a lo largo de dos decenas de kilómetros”, lamenta el geólogo Jesús Gómez, que como Terry es parte de la asociación Amigos del Río San Rodrigo. Como grupo, han expuesto el asesinato del río ante las autoridades varias veces, pero sin resultado.

“En una de las reuniones que tuvimos, algunos productores aceptaron que estaban trabajando sin permiso y que pues salían adelante con moches”, recuerda.

De 2010 a la 2023, Conagua ha realizado 28 visitas de inspección a empresas que sacan material de este río. Ni una sola vez tuvieron todos sus papeles en regla, pero pudieron seguir operando. 

Gómez y Terry solo ven una solución posible: dejar descansar al río, buscar otros bancos de material por la zona y confiar que, pese a la devastación, no sea demasiado tarde y la naturaleza pueda ir poco a poco restaurando las condiciones originales del cauce. El San Rodrigo, como decenas de ríos en México, no parece poder aguantar mucho más castigo.