Zona Donde Mataron a Jesuitas, Fuera de Estrategia de Seguridad Federal

A pesar de tener una tasa mayor de homicidios, ni el municipio de Urique, en el que hace un año dos sacerdotes jesuitas fueron asesinados, ni Guachochi donde este mes balearon una iglesia, están considerados en la estrategia de seguridad para la reducción de homicidios del Gobierno Federal.

Organizaciones de la sociedad civil y representantes de la Iglesia católica acusan que a un año de los hechos violentos en Cerocahui no solo no hubo justicia, sino que tampoco hay una estrategia adecuada para frenar al crimen organizado que gobierna en la zona y, por lo tanto, tampoco ha habido medidas para la no repetición, y la prueba es la iglesia recién baleada en Guachochi. 

El padre Javier El Pato Ávila dice que este último acontecimiento violento fue en realidad una mera demostración de fuerza por parte de grupos del crimen organizado para mostrarle al gobierno hasta donde pueden llegar. 

Ahí no hubo un enfrentamiento. Aunque el gobierno lo manejó así en un momento, es ridículo. Yo le dije al Fiscal, ¿cómo es posible que haya un enfrentamiento y en el interior de la iglesia hay más de 100 impactos de bala y no hay una sola gota de sangre? No iban contra nadie. Afuera apareció aventando un cuerpo, pero no iban contra nadie. Fue un signo de poder, de fuerza. Y no hacia la iglesia, como dijo la gobernadora, fue contra el gobierno para decir miren donde andamos y hasta donde nos metemos y no pasa nada

El religioso redondea el balance de la seguridad en la zona señalando que las cosas no se han modificado mucho.

Los grupos (del crimen organizado) siguen circulando por todas partes y yo veo un poquito flojo todavía los programas y los planes de seguridad a nivel federal y también estatal 

El padre Jorge Atilano, encargado del sector social de la Compañía de Jesús, enfatiza que toda la Sierra Tarahumara está controlada por el crimen organizado y que hay un descuido de los gobiernos municipales, de las policías, de las fiscalías. 

Las autoridades se han dedicado a regalar techos, pisos, despensas, cobijas, pero lo que urge es el rediseño institucional, por ejemplo: tener presidentes municipales que puedan aguantar las presiones del crimen organizado. Eso es muy complicado, porque los amenazan, ahí tiene que entrar el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y si no hay coordinación, difícilmente se va a recuperar la institucionalidad 

Excluidos de los prioritarios 

En la lista del gobierno federal de los 50 municipios con más homicidios dolosos y, por lo tanto, los prioritarios para desplegar una estrategia de seguridad, están incluidos tres de Chihuahua: la propia capital del estado, Chihuahua, Cuauhtémoc y Juárez. 

Pero no aparecen ni Urique ni Guachochi ni ninguno de la Sierra Tarahumara, pese a que los hechos violentos que involucran a la comunidad religiosa no son casos aislados, estos dos municipios, por ejemplo, tienen una tasa de homicidios más alta que la de los que están incluidos entre los 50 prioritarios. 

Esto se debe a que el gobierno ha tomado números absolutos de homicidios para hacer su lista de los 50 con la mayor cifra de asesinatos, sin considerar la población total de cada municipio; es decir, habrá más homicidios dolosos totales en Juárez porque tiene una población mayor que Urique, pero comparado con el número de población de este último resulta que la incidencia de asesinatos es mayor. 

La ciudad de Chihuahua ha registrado una tasa de homicidios dolosos de 12.6 por cada 100 mil habitantes en lo que va del año; Juárez registra una de 19.8 y Cuauhtémoc una de 22.1 por cada 100 mil habitantes. 

En tanto Urique, donde está Cerocahui, en lo que va de 2023 se ha registrado una tasa de 41 por cada 100 mil habitantes y en Guachochi, una de 27.8 por cada 100 mil habitantes. 

En diciembre de 2020, el entonces subsecretario de seguridad Ricardo Mejía anunció el lanzamiento de una “estrategia integral para la reducción de homicidios en 15 municipios prioritarios”, lista que en julio de 2021 se amplió a 50.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) propuso 10 acciones:

1.    Regular establecimientos mercantiles (Giros negros).
2.    Normar los centros de rehabilitación (Anexos).
3.    Incrementar polígonos y colonias de mayor incidencia de homicidios.
4.    Combatir el narcomenudeo.
5.    Abatir la extorsión (cobro de piso).
6.    Reforzar acciones de inteligencia y capacitación policial en el Sistema Penal Acusatorio.
7.    Vincular programas sociales a la pacificación (mejorando servicios públicos y recuperando espacios públicos).
8.    Contención de la violencia feminicida patrullajes y medidas de vigilancia (Protocolos).
9.    Seguimiento permanente en el Gabinete de Seguridad.
10.    Realización de reuniones del Gabinete de Seguridad encabezadas por el presidente de la República en cada uno de los municipios.”

En todo eso no están considerados ni Urique ni Cerocahui. 

Los asesinatos 

Fue el 20 de junio de 2022 cuando los dos sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora fueron asesinados, dentro de la parroquia de Cerocahui, mientras intentaban proteger a un guía de turistas que entró al templo buscando refugio. 

Por estos hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares para 11 integrantes de la comunidad jesuita, ocho sacerdotes y tres religiosas, que viven y hacen labor pastoral en Cerocahui y otras comunidades cercanas.  

En el documento en el que se establecen los alegatos para solicitar las medidas cautelares a la CIDH se asienta que el hombre que trataron de proteger los sacerdotes era perseguido por personas armadas lideradas por un sujeto apodado El Chueco, miembro del grupo criminal Los Salazar, una célula del Cártel de Sinaloa. 

Los sacerdotes Jesús Reyes y Esteban Cornejo, quienes están entre los beneficiarios de las medidas, presenciaron los hechos y sobrevivieron al ataque.

El 22 de junio de 2022, la Fiscalía de Chihuahua difundió la imagen de El Chueco, acusándolo de los delitos de homicidio y delincuencia organizada. La Fiscalía ofreció una recompensa, de 5 millones de pesos, a quien aportara información para capturarlo.

El 24 de agosto de 2022, un hombre con el rostro cubierto y que afirmó ser El Chueco difundió en redes sociales un video. En este narraba una versión distinta de los hechos en los que murieron los dos sacerdotes jesuitas y amenazaba con atacar al párroco Jesús Reyes, incendiar la comunidad y asesinar a toda persona que colaborara con los padres jesuitas en los procesos judiciales. 

Justicia ausente

Por eso fue que la CIDH decidió dictar las medidas cautelares. Entre estas le solicitaba al Estado mexicano una investigación del caso para que los hechos no volvieran a repetirse. Pero la justicia no llegó. En lugar de que las autoridades realizaran una investigación efectiva del caso y aprendieran al presunto homicida de los sacerdotes jesuitas, El Chueco apareció ejecutado un día de marzo de este 2023, en Sinaloa. 

“Eso por supuesto no es justicia. La justicia no se hace con balazos y las armas no terminan el problema. Desapareció un sujeto, pero hay un reacomodo de mandos y las cosas siguen igual”, dice el Padre Pato. 

Eduardo Guerrero, abogado del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una de las organizaciones que solicitó a la CIDH las medidas cautelares, señala que, en efecto, justicia hubiera sido que se le investigara, capturara, procesara y sancionara. 

Pero el hecho de que se lo asesinaran generó, en las beneficiarias de las medidas cautelares, en la población, en la comunidad Jesuita, en mucha gente, una sensación de vacío de la justicia, que reafirma la inseguridad, la violencia y la presencia de los grupos criminales en la zona.

La mesa con las autoridades para implementar una serie de acciones y mecanismos que aseguraran la salvaguarda de las personas beneficiarias de las medidas cautelares sí se instaló y hay avances, como la instalación de cámaras de seguridad, el reforzamiento de los accesos a la parroquia de Cerocahui, y acompañamiento con elementos de seguridad cuando van a las comunidades. Pero todavía faltan cosas por cumplir, dice Guerrero. 

Todavía persisten retos en cuanto a la implementación de estas medidas, como generar todo un esquema de protección adecuado, se pidió que se hiciera una análisis de riesgo y las autoridades sí lo hicieron, pero no nos han entregado los resultados, entonces cómo vamos a saber cuál es el esquema de protección que se necesita  

Más allá de eso, de la protección a las personas beneficiarias de las medidas cautelares dictadas por la CIDH, el Padre Jorge Atilano reitera que los grupos delictivos llevan años gobernando la Sierra Tarahumara y un cambio de esto requiere hacer todo un proceso de rediseño institucional.

Del modo de elegir autoridades, de la Policía Municipal, de reactivar las asambleas comunitarias, generar mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, incentivar la participación ciudadana en la priorización de la obra pública, y en todo eso es donde no nos queda clara la voluntad política para poderlo realizar

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