Federación Española Se Suma a Demandas contra el Barcelona

La Real Federación Española de Futbol (RFEF) se sumó a una larga lista de entidades que toman medidas legales contra el Barcelona por presuntos casos de corrupción.

La Fiscalía acusó formalmente al club catalán la semana pasada por presunta corrupción, administración fraudulenta y falsificación de documentación mercantil en relación a los pagos de millones de euros a una compañía propiedad del exvicepresidente del comité técnico de árbitros, José María Enríquez Negreira. Un juez admitió la acusación y fiscales especializados en actos de corrupción quedaron a cargo del caso.

El Gobierno de España, LaLiga, el Real Madrid y varios clubes se han pronunciado en contra del Barcelona. Todos se han presentado en el proceso legal por los polémicos pagos que han sacudido los cimientos del futbol español.

La RFEF informó este jueves 16 de marzo que envió un informe a la UEFA para explicar lo que motivó la presentación en el juzgado en contra del Barcelona. Añadió que colabora con las autoridades y que ha abierto una investigación interna sobre los hechos.

Además de abogar para que se llegue "hasta el final" para esclarecer lo ocurrido, la federación pidió "la serenidad necesaria y aconsejable que contribuya a rebajar el clima de crispación que se ha creado hacia el colectivo arbitral" en España. Y remarcó lo siguiente:

Esto no es nada beneficioso para el futbol. La aplicación de la justicia requiere de tiempos y de probar aquellos hechos que puedan considerarse ilícitos

Los presuntos pagos del Barcelona fueron destapados el mes pasado. El club niega haber cometido un delito o haber tenido un conflicto de interés, alegando que pagó para recibir reportes técnicos sobre los árbitros, pero que nunca intentó influir en las decisiones de los silbantes durante los partidos.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, comentó que el club era la "víctima de una campaña contra su honorabilidad".

En documentos presentados ante la corte, los fiscales señalan que los pagos por parte del club llegaron en realidad a 7.3 millones de euros de 2001 a 2018. Añadieron que "ello supuso una auténtica remuneración no prevista en los estatutos del club ni aprobada por la asamblea general por lo que carecía de título que lo justificara", según los documentos.

Aún no se ha encontrado evidencia sobre si se influyó en la actuación de los árbitros o en los resultados.

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Con información de AP

OAGL